El Senado debate una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad y posesión de tierras rurales en Argentina, en uno de los capítulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El nuevo proyecto introduce límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a estados, en especial ante el crecimiento de inversiones provenientes de China. El dictamen de comisión revela los principales ejes normativos y muestra el trasfondo político que enfrenta al oficialismo y la oposición.

La iniciativa, en análisis en el Congreso, busca regular la tenencia de tierras rurales. El texto apunta a impedir que estados extranjeros o compañías bajo su control directo o indirecto accedan a inmuebles rurales, un fenómeno que generó controversias en los últimos años. Según el dictamen, las provincias mantienen la jurisdicción sobre sus territorios, pero el Gobierno nacional supervisa las autorizaciones para las operaciones de compra que involucren a extranjeros.

El documento establece que los extranjeros conservan los derechos reconocidos por la Constitución, pero introduce restricciones específicas para la adquisición de campos rurales. El límite para personas físicas y jurídicas extranjeras se fundamenta en la preocupación por el avance de fondos y empresas estatales sobre recursos estratégicos. De acuerdo al proyecto, queda prohibida la compra de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. Esta prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El dictamen precisa que, si no hay respuesta oficial a la solicitud de autorización en los plazos previstos, la operación se considera aprobada por el mecanismo de “silencio administrativo” al cabo de 180 días de entrada en vigencia de la ley.

El texto resalta que la norma apunta a evitar maniobras para esquivar los controles: es decir, se declara ilegal la utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad y eludir límites legales. En esos casos, se considerará configurado un fraude y se aplicarán las sanciones correspondientes.

La regulación para zonas fronterizas incorpora exigencias adicionales. Para adquirir inmuebles rurales ubicados en áreas de seguridad de frontera, los extranjeros deben obtener el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y aprobación automática si no hay respuesta.

La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Se derogan varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, eliminando restricciones previas y estableciendo un nuevo marco normativo, según consta en el dictamen analizado.

La discusión en el Senado adquirió un tono de alta tensión política. La previa de la sesión estuvo marcada por un cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo. Infobae reveló que ambas protagonizaron un intercambio de acusaciones y mensajes críticos por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, lo que abrió una grieta interna en el bloque gobernante.

El trasfondo internacional también impacta en el debate. El Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales. Esta política generó inquietud en varias naciones, incluido Argentina, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretan que el capítulo de tierras en el proyecto de ley responde a este escenario. Las restricciones a empresas con participación estatal extranjera apuntan de manera indirecta a frenar el desembarco de capitales chinos en el sector agropecuario y de recursos naturales, un fenómeno que se aceleró en los últimos años. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto y los antecedentes internacionales alimentan la lectura de que la norma busca limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros, en especial asiáticos.

La controversia por la venta de tierras a extranjeros se enmarca en una disputa más amplia sobre el control de los recursos estratégicos. Los defensores de la reforma argumentan que el país necesita proteger su soberanía y evitar que actores ligados a otros estados acumulen grandes extensiones de terreno. Los críticos sostienen que las trabas pueden desalentar inversiones legítimas y afectar el desarrollo productivo.

El debate promete continuar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto en el recinto y la presión de distintos sectores económicos y políticos. El desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el texto original frente a los pedidos de modificaciones impulsados por la oposición y algunos gobernadores.

El capítulo de tierras rurales aparece así como uno de los puntos más sensibles y disputados en la agenda legislativa, con derivaciones que alcanzan tanto la política interna como la estrategia geopolítica en el vínculo con China y otros países que promueven inversiones en el sector agropecuario argentino.

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley para restringir el uso de fondos públicos una vez agotados los recursos presupuestarios (shutdown que rige en los Estados Unidos), a través del DNU 594 del 15 de julio, con un anexo de 187 folios, dispuso ampliar el crédito del Presupuesto 2026 para afrontar pagos de salarios en universidades, Anses, atender servicios de la deuda pública y programas sociales, con el argumento de evitar riesgos sobre servicios esenciales del Estado en $4,44 billones.

La medida, que entró en vigencia este 16 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, no implicará, de ejecutarse plenamente, el superávit fiscal esperado, porque se solventará con el ingreso al Tesoro Nacional de rentas del Banco Central de la República Argentina por $25,6 billones, principalmente.

Según el texto oficial, la adecuación presupuestaria se dictó porque era necesario dotar a las áreas competentes de recursos para cumplir sus funciones. El decreto sostuvo que, si la modificación no se realizaba de forma inmediata, peligraba la prestación de ciertos servicios esenciales a cargo del Estado nacional.

La medida incluyó un refuerzo de créditos para gastos en personal, con el objetivo de atender necesidades salariales vigentes, además de gastos de funcionamiento, equipamiento, becas, compensaciones, transferencias y otras erogaciones de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional.

En Capital Humano, la Secretaría de Educación recibió un incremento presupuestario para cubrir gastos derivados de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las universidades nacionales. El mismo ajuste alcanzó al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

El decreto también amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar prestaciones del programa Monotributo Social. A la vez, readecuó los créditos de la Jurisdicción 90, correspondiente al servicio de la deuda pública, para atender los compromisos financieros del ejercicio en curso.

Otro tramo de la decisión alcanzó a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de cubrir necesidades de financiamiento de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, empresa del sector público nacional que actúa en el ámbito de la Secretaría de Educación.

El cambio más voluminoso explicitado en el decreto corresponde al Ministerio de Capital Humano, que recibió una autorización adicional de gastos por $1,33 billones para “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”.

Le siguieron $638.112 millones para “Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía; y $624.309 millones para “Políticas Alimentarias, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”, Ministerio de Capital Humano.

Servicios Sociales, Obligaciones a cargo del Tesoro, recibió un refuerzo de 542.381 millones, y Anses transferencias y contribuciones por $286.580 millones.

También aumentó el crédito presupuestario para “Ejercicio de la Curatela Pública Oficial”, Ministerio Público, por $230.460 millones, y para el “Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría”, Ministerio de Salud, $158.349 millones.

Otra partida que se incrementó en más de $100 mil millones fue la destinada a “Interceptación y Captación de las Comunicaciones”, Poder Ejecutivo Nacional.

También recibieron ampliaciones de autorización de gasto en lo que resta de 2026 las jurisdicciones para:

• Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural – Aitte, Ministerio de Economía, $89.998 millones;
• Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Poder Legislativo Nacional, $74,543 millones;
• Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano, $71,789 millones;
• Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear, Ministerio de Economía, $65,000 millones;
• Información e Inteligencia, Secretaría de Inteligencia, Presidencia de la Nación, $49,262 millones;
• Asistencia Financiera a Empresas Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Economía, $41,993 millones;
• Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares, Presidencia, $36.640 millones;
• Asistencia Financiera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jefatura de Gabinete de Ministros, $35.622 millones.

Del lado de los recursos, Infobae pudo detectar en el Anexo 1 con 187 folio un aumento agregado de $25,6 billones, principalmente por “Rentas de Propiedad”, transferidas al Tesoro por parte del Banco Central, la cual será destinada en gran parte a cancelar Letras Intransferibles con el ente monetario.

Con la ampliación presupuestaria -derivada principalmente de la brecha entre el supuesto de inflación del 15% y la realidad que proyecta casi el doble, la autorización total de gastos para el año se elevó a $150,1 billones, mientras que los recursos esperados se elevaron a $174,5 billones.

De este modo, frente a un superávit inicial previsto en $3,2 billones, de ejecutarse plenamente el crédito presupuestado y cumplirse la meta de recursos, el año finalizará con un excedente de $24,4 billones.

Según la ejecución presupuestaria, la Secretaría de Hacienda registraba al 14 de julio un superávit base caja -diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente pagado- de $26,9 billones, mientras el devengado fue de un excedente de $24,8 billones.

Sobre ingresos previstos, antes de la tercera modificación presupuestaria en el año, en $148.6 billones, la Administración Central llevaba percibidos $102,5 billones; y de gastos aprobados por $148,1 billones, había ejecutado $80,8 billones y efectivamente pagado $77,7 billones.

El DNU 594 dispuso además la transferencia de un cargo y de los créditos presupuestarios asociados desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en línea con lo establecido por la Decisión Administrativa 3 del corriente año.

La medida también resolvió cómo se imputarán, de manera transitoria, los gastos de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada por normas legales durante 2026. Hasta que se hagan las adecuaciones presupuestarias correspondientes, esos gastos seguirán atendiéndose con cargo a los créditos de las jurisdicciones y entidades de origen.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y ordenó dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, el órgano que interviene en el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia según la Ley 26.122. Su entrada en vigencia quedó fijada para el día de su publicación en el Boletín Oficial.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra no solo paralizó calles, comercios y hogares, sino que también dejó una marca visible en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que administra la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Mientras millones de personas seguían el encuentro, la demanda eléctrica registró una fuerte caída, con un descenso de hasta 2.000 MW respecto de los niveles esperados, un comportamiento que volvió a poner en evidencia el impacto de los partidos del conjunto nacional sobre el consumo energético del país.

Los registros muestran que durante la tarde la demanda evolucionaba en línea con las proyecciones y alcanzaba valores cercanos a los 20.500 MW alrededor de las 14.

Sin embargo, con el inicio del encuentro comenzó un abrupto cambio de tendencia. La demanda real se desvió de la curva prevista y empezó a descender rápidamente como consecuencia de la interrupción parcial de actividades comerciales, industriales y domésticas.

Durante el primer tiempo, el consumo eléctrico pasó de alrededor de 18.500 MW a unos 16.500 MW, lo que implicó una reducción cercana a los 2.000 MW.

El fenómeno se revirtió parcialmente durante el entretiempo, cuando se produjo un breve repunte asociado al uso simultáneo de pavas eléctricas, hornos, microondas, cocinas y otros electrodomésticos en millones de hogares.

Con el reinicio del partido, la demanda volvió a caer hasta alcanzar un piso cercano a los 16.000 MW, configurando la clásica curva en forma de “W” que suelen registrar los grandes eventos deportivos.

Finalizado el encuentro y confirmada la victoria argentina, el consumo comenzó a recuperarse de manera sostenida a medida que se reanudaban las actividades y aumentaba nuevamente el uso residencial de electricidad.

Para dimensionar el fenómeno, Cammesa señaló que la diferencia entre la demanda proyectada y la efectivamente registrada osciló entre 1.800 y 2.000 MW, un volumen equivalente a la potencia de más de una central nuclear de Atucha operando a plena capacidad.

También representa un consumo similar al de una provincia de tamaño medio como Santa Fe y equivale a entre el 9% y el 10% de la demanda nacional registrada en ese momento.

Este comportamiento obliga a los operadores del sistema eléctrico y a Cammesa a planificar con anticipación la operación de la red, manteniendo reservas adicionales de generación y mecanismos de regulación de frecuencia para responder a las bruscas variaciones de carga que se producen al comienzo del partido, durante el entretiempo y tras el pitazo final.

Trabajan bajo un esquema de despacho de seguridad, con todas las líneas de alta tensión en servicio y sin tareas de mantenimiento programadas. Como parte de ese operativo, Cammesa suele poner en modo bomba a distintos grupos de centrales hidroeléctricas, un mecanismo que permite acumular reservas de energía disponibles para responder con rapidez ante cualquier variación repentina de la demanda.

La evolución de la demanda durante la semifinal volvió a confirmar que los partidos de la Selección Argentina figuran entre los eventos con mayor capacidad para modificar, en cuestión de minutos, el perfil de consumo eléctrico de todo el país.

Cammesa registra este fenómeno desde el Mundial de Qatar 2022 y realiza informes técnicos previos y posteriores a cada partido de la Selección, tras detectar un patrón vinculado a la simultaneidad con la que millones de personas siguen la transmisión. El organismo también indicó que esta tendencia se intensifica en días laborables y aumenta conforme el equipo progresa en el torneo.

De cara a la final que Argentina disputará este domingo frente a España, se espera que este comportamiento vuelva a repetirse e incluso se intensifique, dado que se trata del partido más importante del torneo y que concentrará la atención de millones de hinchas.