ROSARIO. – Una causa de corrupción en Santa Fe, que tiene entre sus protagonistas a dos jueces federales, como el exmagistrado Marcelo Bailaque y a Gastón Salmain, sumó un nuevo capítulo: Darío Ippolito, titular de la tabacalera Bronway será indagado por el pago de sobornos por 650.0000 dólares.

Darío Ippolito compite en el mercado local de cigarrillos con el llamado rey del tabaco, Pablo Otero.

Según la denuncia, el empresario sobornó al extitular de ARCA de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien había creado en Rosario una especie de ente de recaudación paralelo, en una jurisdicción estratégica como es la zona agroexportadora más importante del país.

Ippolito es un empresario, titular de la tabacalera Bronway, ubicada en la zona norte de Rosario, que está en el radar de la justicia desde hace tiempo.

El jueves pasado, el juez federal Aldo Alurralde ordenó una serie de allanamientos, entre ellos su domicilio fiscal, que figura en Villa Gobernador Gálvez, donde actualmente tiene familiares.

Los allanamientos se ordenaron por pedido del fiscal Walter Rodríguez, que investiga uno de los capítulos de la trama de corrupción en torno al extitular de ARCA, Carlos Vaudagna.

En la causa, según las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, Ippolito habría pagado una serie de sobornos por un total de 650.000 dólares a Néstor Bermúdez, quien también trabajaba en la exAfip junto con Vaudagna.

Ese pago, que se hizo en varios tramos en un bar de Santo Tomé, servía para que ARCA, a cargo de Vaudagna, le otorgara las estampillas que necesitaba Bronway para vender los cigarrillos que importaba desde Paraguay.

La sospecha, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas, era que esa mercadería era de contrabando. Sin esas estampillas –que se denominan son Instrumentos Fiscales de Control (IFC)-, Brownway no podía vender los cigarrillos.

De acuerdo a las fuentes judiciales, Ippolito mantenía una relación con Néstor Bermúdez, mano derecha de Vaudagna en ARCA, desde hacía por lo menos 20 años.

El fiscal Rodríguez llegó a Ippolito a través de una inversión que Néstor Bermúdez hizo en la fábrica de hielo Giaccio, ubicada en la ruta 1, a la altura de Colastiné Norte.

La sospecha es que Carlos Bermúdez, hermano de Néstor, quien figuraría como titular de la empresa, hizo inversiones en maquinaria para fabricar hielo con el dinero de los sobornos que habría pagado Ippolito. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía Federal y que llevará a la indagatoria que realizará el juez Alurralde en una fecha que aún no definió. consultó al equipo de abogados, capitaneado por Paul Krupnik, que defiende a Ippolito desde hace tiempo, pero advirtieron que no estarán al frente de esta causa, porque uno de los letrados participó en la defensa de Vaudagna al inicio de la investigación.

El nombre de Ippolito circula en informes de inteligencia y causas penales desde hace más de dos décadas, siempre en la órbita del contrabando de tabaco, la evasión fiscal y los negocios en zonas grises del comercio exterior.

Los primeros registros datan de 2005. Ese año, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pidió colaboración a la Argentina para identificar a Mario Roberto Segovia, un rosarino de Villa Gobernador Gálvez señalado por enviar a España dos contenedores con 375.000 paquetes de cigarrillos marca Dorchester, ingresados como artículos de bazar. En esa causa también figuraban Lionel Loria, luego accionista de Bronway, y el propio Ippolito, oriundo de la misma ciudad. Dorchester —con variantes ortográficas— sería después una de las marcas que fabricó la tabacalera de Ippolito. Segovia fue detenido en 2008 como el mayor proveedor de efedrina de los carteles mexicanos desde la Argentina.

La Secretaría de Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe ya tenía identificado a Ippolito para 2013 como dueño de galpones en Villa Gobernador Gálvez. En 2015, la Secretaría de Delitos Patrimoniales —entonces a cargo de Margarita Zabalza, hoy ministra de la Corte Suprema de Santa Fe— estableció que Ippolito sería dueño informal o testaferro del depósito fiscal Binder, en la zona oeste de Rosario. Tanto los galpones como el depósito fiscal aparecen bajo la órbita del Grupo Selsa, que opera instalaciones de ese tipo en distintas localidades.

Bronway Technology SA, la empresa que Ippolito preside, comenzó formalmente como tabacalera en 2017. Antes se dedicaba a la fabricación de CD y DVD. En diciembre de 2019 fue clausurada. Los cargos: evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita. Ippolito quedó detenido junto con otros seis empleados. En los allanamientos se incautaron más de dos millones de atados de cigarrillos, 4.680.000 estampillas fiscales, 90 toneladas de policarbonato y armas con numeración suprimida. La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal de Hurlingham y el Juzgado Federal 3 de Morón.

Un año después, en octubre de 2020, se denunció la desaparición de 4,8 millones de instrumentos fiscales de control vinculados a Bronway. La AFIP de Rosario presentó denuncia penal por defraudación contra la administración pública. Intervino el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo del entonces juez Marcelo Bailaque, hoy imputado en el Caso Vaudagna.

En mayo de 2021, Ippolito fue citado a indagatoria por falsificación de instrumentos fiscales, contrabando y evasión impositiva. En julio de ese año se realizaron 10 allanamientos más en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe.

La tabacalera intentó además esquivar el impuesto interno al tabaco con una estrategia similar a la de Pablo Otero, el llamado Señor del Tabaco, dueño de Tabacalera Sarandí. Obtuvo una cautelar de la Cámara Federal de Rosario, pero la Corte Suprema la revocó por unanimidad. Desde noviembre de 2023, Bronway no opera: el organismo recaudador dejó de extenderle estampillas fiscales por la falta de pago del tributo. Ippolito denunció entonces al juez federal Gastón Salmain, a quien acusó de haber sido enviado a Rosario con la instrucción de cerrar su fábrica, y aseguró que supo de la resolución una semana antes porque intentaron extorsionarlo. Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura, donde está muy cerca de la apertura de un jury, luego de que se relevara toda la información de este magistrado que habría cobrado, según la investigación y el arrepentido Fernando Whpei, un financista arrepentido, un soborno de 200.000 dólares.

El caso de Ippolito se inscribe en una crisis de corrupción sin precedentes en la justicia federal de Rosario, donde dos de los tres jueces de primera instancia están imputados por graves delitos funcionales.

El denominador común es Carlos Vaudagna, el extitular de ARCA que se presentó como arrepentido en marzo de 2025 y abrió la puerta a una cascada de investigaciones que desnudaron un sistema de extorsiones, sobornos y manipulación de expedientes.

El primer juez en quedar bajo la lupa fue Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4. En noviembre de 2024 fue imputado por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de activos. Según la acusación, Bailaque coordinó con el financista Fernando Elías Whpei, el escribano santafesino Santiago Busaniche y el propio Vaudagna el armado de una causa penal falsa contra los empresarios bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo de dañar la carrera de Iglesias en el Grupo San Cristóbal. Para frenársela les exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima pagó 160.000. Bailaque renunció a su cargo, cumple prisión domiciliaria desde julio de 2025 y la fiscalía pidió para él una pena de 10 años de prisión.

El esquema no se limitaba a la extorsión. Bailaque también recibió pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven, encubiertos como alquileres de un inmueble en Caleta Olivia, y junto a su esposa habría lavado fondos ilícitos mediante la compra de un lote en un country de Funes.

Santiago Busaniche, por su parte, fue identificado como el operador que articulaba los vínculos entre la justicia federal, el organismo recaudador y los intereses empresariales. Ex rugbier, escribano, con domicilio oscilante entre Santa Fe y Buenos Aires, los fiscales lo describen como un gestor de designaciones judiciales y lobby de alto nivel, con vínculos con el contador rafaelino Héctor Daniel Marchi, exadministrador general de la Corte Suprema. La fiscalía pidió para Busaniche 6 años de prisión. Y la defensa del escribano pidió que declare Marchi, un personaje que manejó la economía del máximo tribunal durante 15 años y llegó a ese puesto durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti.

Fue precisamente Busaniche, según la declaración de Whpei, quien impulsó la designación de Gastón Salmain como juez federal en Rosario en 2023. Y poco después lo habría reclutado para una nueva maniobra: a cambio de una coima del 10% sobre la brecha cambiaria —unos 200.000 dólares—, Salmain dictó desde el Juzgado Federal N°1 una medida cautelar que autorizó al fideicomiso Attila, controlado por Whpei, a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo. La Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de deberes, con prisión preventiva dictada pero suspendida por su inmunidad como magistrado. Salmain niega todo y alega persecución.

Así, la trama que conecta a Ippolito con Vaudagna y Bermúdez no es un episodio aislado. Es una pieza más de un engranaje en el que un exjefe de ARCA, dos jueces federales, un financista y un operador judicial funcionaron durante años como una máquina de extorsión, sobornos y lavado que operó desde el corazón de la justicia federal de Rosario, donde también obtuvo beneficios el narcotráfico, como el narco Esteban Alvarado, preso en el penal federal de Marcos Paz.

El juez Daniel Rafecas archivó la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la gira oficial de marzo a los Estados Unidos.

La decisión fue tomada luego de que la fiscal Alejandra Mangano sostuviera que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado. Esto es así porque en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas.

“A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, dijo la fiscal en su dictamen.

Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral “razonable” de decisiones del Poder Ejecutivo. “La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal.

Rafecas hizo propios los argumentos de la fiscal y, este viernes, dispuso enviar la causa al archivo.

De inmediato, el jefe de Gabinete destacó la novedad en las redes sociales. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene’, citó Adorni en X y luego remató: ”Será Justicia. Fin.”

El viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial.

Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados.

Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.