En vísperas de la final del Mundial, miles de hinchas de la Selección Argentina se preparan para protagonizar varios banderazos en Nueva York ante un partido histórico frente a España, que definirá en el estadio MetLife de Nueva Jersey si la albiceleste consigue el bicampeonato y la cuarta estrella.

Los principales puntos de encuentro de los banderazos serán la céntrica Times Square, punto habitual de concentración de los argentinos, el Central Park y la propia calle del consulado, recientemente nominada como «Argentina way», según confirmó Gerardo “Gerry” Díaz Bartolomé, cónsul argentino en la ciudad.

“Cada vez tenemos más focos (con banderazos). Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras”, definió en declaraciones a radio Mitre.

El Mundial 2026 ya tiene definida su final: Argentina venció este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y enfrentará a España el domingo 19 de julio, a las 16 horas de Argentina. En ese marco, la principal concentración de los hinchas para alentar con fervor que se espera será este sábado a las 15 en Central Park, frente a la estatua del general José de San Martín.

La elección de este espacio surgió como alternativa a Times Square, un sitio habitual en la congregación de hinchas, pero con mayores dificultades y poco espacio para organizar una concentración masiva. Ahora bien, en el principal paseo comercial neoyorkino también habrá una citación a las 18 de este sábado, de acuerdo a las convocatorias de redes sociales.

“Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien”, afirmó el cónsul, en relación a los preparativos y al dispositivo de seguridad ante posibles incidentes.

Hay expectativa por la llegada de un aluvión de argentinos a Manhattan y alrededores. De hecho, Aerolíneas Argentinas reforzó el servicio con 2 vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York, con salidas el viernes 17 a las 21.30, con llegada el sábado a las 7 (hora local), y el día sábado 18 a las 9, con llegada a las 18.30 (hora local).

Según Gerry Díaz Bartolomé, la tarea central del consulado en estos días es atender “el tradicional extravío de pasaportes”. En la delegación diplomática, aguardan “el equipo de refuerzo de la Selección” con funcionarios de Cancillería para atender este tipo de tareas habituales.

Por otro lado, Díaz Bartolomé confirmó tiene agendada una reunión con la FIFA el viernes en el estadio donde se disputará la final, enfocada en cuestiones logísticas y de protocolo: “Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Es una reunión planificada. Estamos en contacto con el Departamento de Estado que siempre ha estado involucrado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo”.

El tramo donde funciona el Consulado General argentino en Manhattan fue inaugurado recientemente como Argentina Way el 24 de junio. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal y reconoce ochenta años de presencia diplomática argentina en la ciudad, resaltando los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre la República Argentina y Nueva York.

En ese sitio también se espera que haya congregación de hinchas, según Díaz Bartolomé. “Hace un año y medio que estoy aquí, fue uno de los primeros proyectos. Estuvimos con los representantes distritales, presentamos la idea y tuvimos que fundamentarla para que la presente un concejal”, contó, y remarcó: “Salió más rápido de lo que pensaba. Tuvimos la oportunidad de presentarla con el canciller (Pablo) Quirno”.

La alerta por el humo

Durante las últimas horas, una densa capa de humo cubrió Nueva York, tiñendo el cielo y ocultando parcialmente el horizonte de Manhattan. Producto de incendios forestales en Canadá, el incendio oscureció el cielo de Estados Unidos desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la costa este.

Durante la jornada del jueves, varias estaciones que miden la calidad del aire reportaron valores que oscilaron entre “insalubre para grupos sensibles” y “peligrosa”, según la zona y el momento del día en Nueva Jersey.

Ante esta situación, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos, al tiempo que recomendó reducir las actividades al aire libre.

Sobre esta emergencia ambiental, el cónsul argentino aclaró que la situación mejoró y que no se prevén inconvenientes para el día del partido: “Hoy por suerte no hay humo, ahora está mucho más abierto”.

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En el tramo final del Mundial de Fútbol 2026 en el que Argentina defenderá el título ante la selección española, avanza la causa judicial que vincula a la financiera Sur Finanzas con la AFA y genera novedades en el abultado expediente a cargo del juez federal Luis Armella, que impulsa la fiscal Cecilia Incardona.

En las últimas horas volvió a ser indagado Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, esta vez en representación del “Fideicomiso Reconstrucción Banfileña”; como ya hizo en su primera declaración indagatoria, negó todo tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre otros, integrar una red ilegal junto al responsable de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia— para lavar activos en el fútbol criollo.

En la causa sólo falta tomar declaración indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.

Después del acto procesal defensivo, previsto para el 5 de agosto, la fiscal estará en condiciones de emitir su dictamen sobre los imputados y el magistrado estará en condiciones de evaluarlo y de dictar los procesamientos o falta de mérito de los imputados.

La defensa de Spinosa

La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte, mediante la cual se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes de fútbol y se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio, bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

El eje del planteo defensivo de Spinosa es que la fiscalía tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema simple, lineal y clandestino”, cuando la realidad que surge de la propia documentación acompañada es radicalmente distinta.

La defensa identifica cuatro bloques de negocios cuestionados —el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, dos mutuos con Sur Finanzas Group S.A. y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo— y los analiza uno por uno para demostrar que cada uno tuvo existencia real, respaldo documental e inserción institucional dentro de la vida orgánica del club.

Para los abogados del imputado, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, la acusación que pesa sobre el ex presidente de Banfield no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la fiscalía no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club.

El escrito concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

El descargo también cita el acuerdo de rescisión y reconocimiento de deuda de septiembre de 2024 (Anexo T), que vuelve a dejar constancia de la constitución del fideicomiso en 2012, su aprobación en 2013 y sus sucesivas renovaciones. La defensa concluye que “la utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella. Y no revela clandestinidad; revela que el Club operaba a través de una herramienta creada, debatida, aprobada y sostenida durante años”.

La defensa también cuestiona la lógica fiscal que extiende a Banfield la ilicitud atribuida al grupo Sur Finanzas y a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo: “una cosa es la hipótesis penal construida respecto de Vallejo y de las sociedades de su entorno, y otra distinta es la valoración concreta de cada operación celebrada con terceros” sostiene.

Otro de los ejes que la defensa intentó desmontar es la operatoria de sponsoreo con sociedades del universo Sur Finanzas, que la fiscalía presentó como una cobertura formal para justificar flujos económicos sin causa real.

Spinosa presentó documentación en la que se acreditaría la existencia de una oferta de sponsoreo emitida por Sur Finanzas Group S.A. el 12 de diciembre de 2022, documentación cartular con canjes de cheques, facturación y previsión de prestaciones publicitarias concretas.

Más allá del análisis operación por operación, el descargo construye un argumento jurídico-penal de fondo: la imputación no individualiza ninguna conducta personal de Spinosa. “La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones”, sostiene el escrito.

La defensa apunta que la acusación proyecta sobre el ex directivo del club deportivo ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense una sospecha derivada, esencialmente, de la posición institucional que ocupaba. Pero afirma que “el derecho penal de acto exige individualizar conductas personales concretas y no permite suplir esa exigencia con inferencias asentadas, de modo meramente reflejo, en el cargo ocupado o en la firma de instrumentos que aparecen incorporados al circuito formal del Club”. Ese déficit, señala el escrito, “constituye, precisamente, una de las debilidades estructurales más evidentes de la imputación formulada”.

Incompatibilidad entre acusación y documentación

El descargo dedica un capítulo entero a demostrar que la hipótesis acusatoria choca de frente con la prueba documental del propio expediente. “La acusación no niega la existencia de los documentos; lo que hace es prescindir de su verdadero contenido. Y ese es, precisamente, su defecto más grave”.

La defensa señala que el expediente contiene “contratos, anexos, actas, certificaciones notariales, facturas, cheques, balances, aprobaciones asamblearias y constancias bancarias”, y que sobre esa base “la valoración penal no puede edificarse sobre intuiciones, sospechas globales o extrapolaciones tomadas de otros contextos”.

La conclusión que la defensa extrae de ese análisis es que “cuanto más se observan los instrumentos, las aprobaciones, las certificaciones, los movimientos y la secuencia institucional de los actos, menos plausible resulta la idea de una acción dolosa y clandestina”. Y agrega que el derecho penal “no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos”.

Ahora será el turno de la valoración del juzgado y la fiscalía para después resolver sobre su situación procesal.

La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación. El procesamiento también se extendió a empresarios ligados con Cian: Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.

El magistrado rechazó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.

Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de tierras fiscales. Se trata de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas.

El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.

Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian. El vínculo se daría a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria. El magistrado entendió, a su vez, que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los otros implicados.

Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

Capitanich está en foco dado que, como gobernador, firmó los decretos que avalaron las adjudicaciones.

“Utilizan la Justicia como herramienta de persecución”

Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, anticipó.

“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, señaló. Como razón para esto, puntualizó: “La adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”. Luego, cuestionó el accionar de la Justicia Federal al remarcar: “Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.

“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, mencionó. Estas instancias intermedias son las encargadas de “verificar la legalidad de cada acto”. La normativa chaqueña exige que, al ser lotes de más de 300 has, debe haber un decreto rubricado por el gobernador.

“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, consignó.

Capitanich destacó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra”. Esa acción pública “permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia”, resaltó.

“Resulta incongruente, inconsistente y temerario – razonó – pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución”, alegó.

Por último, expresó: “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, remató.