La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió al Gobierno que informe si el excandidato brasileño Flavio Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Así, dio los primeros pasos en la causa que investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron de manera irregular la salida de Bolsonaro hacia los Estados Unidos por la Argentina.

Lo hizo a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal.

La jueza no aceptó todas las medidas y se limitó a pedir a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar en la Argentina.

Además, pidió que se certifique en qué estado está la causa que se abrió por el mismo hecho en la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

Capuchetti también ordenó preservar todos los registros fílmicos de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidos los del avión en el que viajó Bolsonaro.

Así se busca evitar que se pierdan las imágenes que podrían mostrar cómo pasó el exsenador por los controles y quién lo acompañaba.

La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno.

Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

El diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo. Esa denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos, y en tribunales esperan que se una al expediente de Capuchetti.

Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.

El avión llevaba 24 horas esperando en la pista. Hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y siguió hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. Según el manifiesto de vuelo, Bolsonaro viajó con pasaporte italiano.

En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y había ordenado que entregara sus pasaportes.

Lo investigan por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a plataformas de apuestas, y en otra causa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.

Migraciones confirmó el cruce y aclaró que Bolsonaro tenía la documentación en regla, que no había un impedimento legal para su ingreso y que no existía un pedido de captura.

En la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales y que la restricción que dictó la Justicia brasileña no tiene que ver con el control migratorio argentino.

Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú.

Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Santiago Caputo.

Caputo se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.

Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo.

Consultado por , Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.

En la causa de Puerto Iguazú, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal Fabián Martínez ya había pedido informes a organismos oficiales.

Pagano había reclamado que se preservaran las grabaciones y que se aclarara qué hacía Caputo en Misiones la noche en que despegó el avión. Cerca del asesor presidencial niegan que haya colaborado con la salida.

Una testigo en el juicio del caso de los cuadernos de las coimas aseguró que eran “habituales” dentro del Ministerio de Planificación los encuentros entre empresarios de la obra pública y el jefe para el que ella trabajaba, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y acusado de haber sido uno de los recaudadores en el presunto circuito de sobornos.

Quien lo sostuvo fue Florencia Rizzo Patrón, exsecretaria de Baratta, que trabajó en el ministerio entre 2008 y 2015. Hoy, ante el Tribunal Oral Federal N° 7, identificó entre los empresarios que concurrían al despacho del exfuncionario a Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán; Carlos Wagner, empresario de Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

Los tres están acusados en el juicio por el presunto pago de coimas y dos de ellos, De Goycoechea y Wagner, integran el grupo de los arrepentidos.

“Se hacían en el despacho del licenciado Baratta”, recordó sobre los encuentros. “A puertas cerradas y si no teníamos el permiso de él [Baratta], tampoco podíamos ingresar”, dijo.

Rizzo Patrón también afirmó que entre los empresarios que participaron de aquellas reuniones estaban Franco Macri y Sebastián Eskenazi, que no están acusados en el juicio.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio que dirigía De Vido.

Los secretarios

El testimonio de la mujer fue solicitado por la defensa del también exsecretario de Baratta Nelson Lazarte, que estuvo presente hoy en la Sala AMIA, donde se lleva adelante el proceso.

Para la acusación, Lazarte fue una pieza clave en el engranaje operativo. Entre otras cuestiones, habría sido uno de los encargados de coordinar los encuentros con los empresarios para el pago de sobornos.

“Nelson no podía decidir nada”, dijo Rizzo Patrón sobre su excompañero. La mujer negó irregularidades y afirmó nunca haber visto a Lazarte con bolsos ni dinero en el ministerio.

La audiencia siguió con otro testimonio pedido por Lazarte, Oscar Crispín Díaz Fernández, un amigo del barrio donde ambos se criaron, conocido popularmente como Villa La Rana.

El testigo relató que Lazarte había logrado comprarse una casa y “salir” del barrio. “Una casa normal. No es tan grande”, dijo.

También contó que Lazarte ingresó a la función pública después de entregarle una carta en mano a Néstor Kirchner, en la que le pedía trabajo, durante una recorrida que el expresidente realizó por el barrio en 2008.

“Ahí empezó a trabajar como cadete —aseguró—. La estaba pasando mal, estaba sin trabajo, era una época jodida.”

En el expediente, Lazarte aparece señalado por las confesiones de arrepentidos, peritajes y entrecruzamientos de llamadas. También lo complican datos en los escritos del chofer Oscar Centeno. Entre ellos, que un Fiat Siena registrado a su nombre fue comprado por orden de Baratta para que fuera utilizado los miércoles para la presunta recaudación de sobornos.

Durante su indagatoria, en marzo de este año, Lazarte dijo que atravesaba una situación “muy injusta”, que no había participado de ninguna asociación ilícita y que trabajaba “muy duro” todos los días. “Sigo viviendo en el mismo barrio de siempre”, afirmó.