La felicitación de Mauricio Macri a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil fue una nueva señal de distancia entre el PRO y Javier Milei. Pero detrás de ese gesto hay una discusión más profunda sobre el futuro de la relación entre ambos espacios y las condiciones en las que podrían competir juntos en las elecciones de 2027.

“Cada vez me cuestiono más la alianza”, reconoció a TN una fuente del PRO que sigue de cerca las negociaciones con La Libertad Avanza. En el partido creen que todavía falta tiempo para definir el esquema electoral y advierten que un acuerdo sin condiciones podría dejarlos con menos poder territorial, menos representación y escaso margen para discutir candidaturas.

La estrategia, por ahora, es evitar una negociación apresurada, ordenar al partido en las provincias y conservar las herramientas necesarias para sentarse a discutir con el oficialismo cuando el escenario esté más claro. “De mínima, queremos conservar lo que tenemos”, sintetizó un dirigente.

En el PRO explican que la decisión de felicitar a Lula no fue solamente un gesto diplomático. También buscó recuperar una de las marcas históricas del partido: las relaciones internacionales y la defensa de los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas.

Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.

“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.

De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.

En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.

No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.

Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.

En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.

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De este modo, la presentación será incorporada al expediente administrativo de cada titular. Luego, las áreas técnicas evaluarán la información para determinar si corresponde rehabilitar el pago, de acuerdo con los requisitos vigentes.

La documentación podrá entregarse por cualquiera de estas vías:

• En oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
• En dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad que estén habilitadas para recibirla.
• A través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.
• Mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.
• Por correo electrónico, a citacion@senadis.gob.ar.

El envío de los documentos inicia el proceso de revisión, pero no garantiza por sí solo la reanudación del beneficio, ya que la decisión dependerá de la evaluación administrativa del caso.

Además del pedido de rehabilitación, las personas notificadas podrán presentar los recursos administrativos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Los plazos serán de 20 o 30 días, según el recurso elegido.

Según explicaron las autoridades, la decisión de suspender la medida cautelar llegó después de una disputa judicial iniciada en Catamarca. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 había ordenado restablecer las pensiones suspendidas en esa provincia, pero un mes después, la cautelar se extendió a todo el país.

Frente a esto, la ex ANDIS presentó una apelación y, finalmente, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda. A partir de esto, la Secretaría inició un análisis de los casos que podrían reunir las condiciones para acceder a la rehabilitación de la pensión.

Cabe destacar que la prestación está regulada por la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97. Asimismo, recordaron que está dirigida a personas sin recursos suficientes, que no están cubiertas por un régimen previsional y que se encuentran imposibilitadas de trabajar.

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El Gobierno busca evitar una nueva escalada diplomática con Brasil en medio del escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Casa Rosada descarta realizar nuevos pronunciamientos sobre el excandidato presidencial brasileño y mantiene como posición oficial que no existen registros de su ingreso a la Argentina. La decisión se produce después de que circularan versiones sobre una presunta salida del senador a través de Puerto Iguazú, pese a la prohibición judicial que le impedía abandonar su país.

En la primera línea del Ejecutivo aseguran que no está previsto que el Gobierno se pronuncie cuando Bolsonaro llegue a Estados Unidos. Buscan mantener una posición de reserva y evitar que el episodio genere nuevas fricciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de conseguir la reelección en el balotaje del domingo.

La Dirección Nacional de Migraciones informó oficialmente que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino. El organismo difundió un comunicado después de que trascendiera la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que tenía previsto realizar un vuelo hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes.

El organismo explicó que, ante la repercusión del caso, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el informe, la documentación de la compañía se encontraba en regla y no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly, que salió el lunes por la noche desde Aeroparque y aterrizó cerca de la medianoche en Puerto Iguazú. El avión había sido contratado para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños hacia Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el senador integrara ese grupo.

En las fuerzas federales argentinas también niegan haber participado de un operativo de colaboración con la Policía Federal brasileña para localizar al dirigente. Fuentes consultadas por TN en Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras áreas de seguridad aseguraron que no tenían registradas comunicaciones específicas relacionadas con su presunto ingreso al país.

“Nosotros no tenemos nada aún. No creo que cambie porque también se consultó a Migraciones, que son los que registran los ingresos”, explicó una fuente de las fuerzas federales. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria también descartaron contactos propios con sus pares brasileños. Las respuestas corresponden a las áreas consultadas y no permiten descartar que otras dependencias hayan recibido requerimientos de información.