El Gobierno nacional resolvió ampliar de manera sustancial el anticipo financiero otorgado a la Provincia de Entre Ríos, y dispuso otorgar anticipos bajo condiciones similares a Jujuy y Santa Fe, en respuesta a la imposibilidad transitoria de estas jurisdicciones de afrontar sus compromisos más urgentes.

La decisión, adoptada mediante el Decreto 474/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, prevé la asignación de hasta $400.000.000.000 para cada provincia, con la obligación de reintegrar los fondos durante el Ejercicio Fiscal 2026 a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

La medida fue tomada luego de que las gobernaciones informaran su incapacidad temporal para atender gastos y amortizaciones de deuda, contemplados en sus respectivos presupuestos.

Según el texto oficial, la urgencia obedece a la necesidad de “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias”, que enfrentan estos distritos. El monto máximo a otorgar será determinado por la Secretaría de Hacienda, en función de la capacidad de repago de cada provincia, considerando su participación en la recaudación de tributos nacionales.

El anticipo financiero no es una transferencia definitiva: deberá ser reintegrado dentro del año fiscal en curso. Esta obligación quedará garantizada mediante la afectación de fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y otros recursos coparticipables no asignados a un destino específico, según se informó en el decreto. Además, los fondos anticipados devengarán un interés calculado a una tasa fija nominal anual del 15 %.

El decreto establece que los gobiernos provinciales deberán afectar su participación en el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales y autorizar la retención automática de fondos hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

Para el registro contable, la Contaduría General de la Nación inscribirá las erogaciones como anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, dentro de la estructura de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

La posibilidad de otorgar anticipos financieros a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está contemplada en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto y sus modificatorias. Esta facultad habilita al Ministerio de Economía a conceder adelantos a cuenta de la participación en impuestos nacionales, con la condición de que tales sumas sean reintegradas, por lo general, dentro del mes de su otorgamiento. Sin embargo, el marco legal permite extender el plazo de devolución hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente, previa opinión favorable del Ministerio.

En enero, la provincia de Entre Ríos había recibido un anticipo por $220.000.000.000 según lo dispuesto por el Decreto N° 922/25, suma que fue desembolsada en su totalidad. Posteriormente, por el Decreto N° 219 del 1° de abril de 2026, se dispuso un anticipo de hasta $400.000.000.000 para cada provincia que lo solicitara formalmente.

El nuevo decreto, dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, busca equiparar el acceso a la asistencia financiera federal. El servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía intervino en la revisión y validación del procedimiento administrativo.

En esa oportunidad, también se autorizaron transferencias para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán; algunas de ellas alineadas con el oficialismo mientras que otras solo mantienen un diálogo frecuente.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) acordó este miércoles avanzar en la construcción de un plan de lucha sostenido y escalonado que involucre al conjunto de las organizaciones confederadas y descartó, por ahora, convocar a un nuevo paro general, como reclaman los sectores más combativos. La definición dejó encaminada una estrategia que será desarrollada la próxima semana por el Consejo Directivo, encargado de resolver cómo se instrumentarán las medidas.

La decisión surgió de la reunión que mantuvo la conducción cegetista con las confederaciones que integran la central obrera, un encuentro convocado para analizar la situación laboral, productiva y social y para ordenar la discusión que se había abierto en las últimas semanas sobre cómo continuar la confrontación con el Gobierno de Javier Milei después de los cuestionamientos a la reglamentación de la reforma laboral y de los límites que encontró la estrategia judicial impulsada por la conducción cegetista.

Según pudo saber TN, el encuentro dejó una evaluación positiva dentro de la CGT. La participación de todas las confederaciones convocadas permitió alcanzar coincidencias sobre la forma de encarar la etapa que viene y fortaleció la idea de construir respuestas coordinadas frente a conflictos que hasta ahora aparecían dispersos entre distintos sectores de actividad.

La discusión continuará la próxima semana, cuando el Consejo Directivo se reúna para definir los próximos pasos. Allí comenzará a delinearse el esquema concreto de medidas que podría impulsar la CGT en los próximos meses.

Del conflicto sectorial a una estrategia común

La idea de una estrategia escalonada venía ganando espacio dentro de la CGT desde hace varios días. Entre las alternativas que se analizaban aparecía la posibilidad de coordinar acciones entre distintos gremios para sostener durante un período más prolongado la presión sobre el Gobierno sin recurrir de manera inmediata a una huelga general.

El encuentro de este miércoles consolidó esa orientación. Los representantes sindicales coincidieron en que la central obrera debe evitar respuestas aisladas y fortalecer los mecanismos de coordinación para que los reclamos de cada actividad puedan transformarse en una agenda común del movimiento obrero.

La posición quedó reflejada en un documento difundido al término de la reunión, donde la CGT expresó su solidaridad con los gremios que atraviesan conflictos abiertos; con los trabajadores afectados por despidos, suspensiones o pérdida de derechos y con sectores que todavía carecen de representación organizada.

Los dirigentes también señalaron la necesidad de ampliar la capacidad de representación sindical en un escenario que describen como marcado por el deterioro del empleo, la caída del poder adquisitivo y la desaceleración de distintos sectores productivos.

Una discusión que sigue abierta

La definición alcanzada por las confederaciones no clausura el debate interno sobre las medidas de fuerza. Durante las últimas semanas, dirigentes de gremios como la UOM y La Fraternidad volvieron a plantear la conveniencia de convocar a un paro general de 36 horas para confrontar con el Gobierno de Milei.

La conducción cegetista, en cambio, viene explorando alternativas que permitan sostener la movilización durante más tiempo y sumar a una mayor cantidad de organizaciones. La búsqueda de un esquema escalonado aparece vinculada a esa lógica y también a las dificultades que enfrentan algunos sindicatos a partir de la reglamentación de la reforma laboral y de la ampliación de las actividades consideradas esenciales o trascendentales.

El documento aprobado este miércoles evitó adelantar medidas concretas, pero dejó asentado como criterio político compartido que los representantes sindicales coincidieron en que el contexto exige avanzar en “la construcción de un plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones confederadas que combine firmeza, creatividad y construcción colectiva”.

La CGT sostuvo además que la resolución de la crisis que atraviesa el país es esencialmente política y que el desafío inmediato consiste en transformar el diagnóstico compartido en una acción común capaz de defender el trabajo, la producción nacional y los derechos laborales. Ese será el debate que continuará la próxima semana cuando la conducción sindical empiece a definir cómo traducir ese consenso en medidas concretas.

CGT, reforma laboral, sindicatos