POLITICA
Pese al diálogo entre Milei y Kast, desde el gobierno chileno alientan los vínculos logísticos y comerciales con las Malvinas
Mientras el gobierno argentino anunció que intimará al Reino Unido a dar por finalizada la explotación petrolera Sea Lion en la cuenca de las Malvinas y que llevará el reclamo a estrados internacionales, en Chile se despertó un debate sobre el rol que debe cumplir ese país en el conflicto por la soberanía de las islas.
La Argentina denunció vuelos ilegales sobre espacio aéreo nacional, que unen Puerto Argentino con Punta Arenas. Sin embargo, los isleños dijeron que se trató de un solo vuelo, un chárter que trasladó a 80 personas, entre ellos empresarios y emprendedores, a Chile a un encuentro comercial que se realizó en el Hotel Cabo de Hornos, el Punta Arenas Business Showroom, organizado esta vez junto a la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC).
La presión de la oposición y los medios de Chile no se hizo esperar, por lo que altos funcionarios de la administración del presidente José Antonio Kast salieron a ratificar de forma contundente el derecho de su país a mantener vínculos logísticos y de negocios directos con el archipiélago.
Así lo había señalado días atrás el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, que si bien dijo que su país apoya el reclamo argentino sobre las Malvinas, afirmó al mismo tiempo que no se pueden desconocer “200 años de soberanía en las islas de un país amigo” y que se debe respetar la “voluntad e interés” de los isleños, reconociendo la autodeterminación que, como principio, rechaza la Argentina.
El ministro Barros también arremetió contra el Decreto 256 emitido por la Argentina en 2010, que exige permisos previos a los buques que navegan hacia las islas frente a las costas del mar austral, acusando que esa norma afecta negativamente a la Región de Magallanes al limitar “el acceso, la oportunidad de negocios”, y advirtió que “recién ahora va a haber un cambio en esa materia”.
En la misma línea se pronunció Máximo Pavez, subsecretario de Interior chileno: “Desde el año 1992, Chile ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina sobre las Malvinas y que eso tiene que perseguirse l derecho internacional, pacíficamente. No obstante, la posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos mientras se ajusten a la legislación vigente”.
La de Pavez fue una de las tantas declaraciones que cruzaron la agenda política del país trasandino en las últimas 48 horas, luego de que se conociera que los isleños visitaron Punta Arenas y participaron de un encuentro de intercambio comercial, donde se anunció que la empresa naviera Eastern Islands comenzará a trazar una ruta marítima frecuente entre Puerto Argentino y Punta Arenas, con la posibilidad de extender ese recorrido hasta los puertos de San Antonio y Valparaíso. El primer viaje está pautado para los primeros días de noviembre.
El debate se agitó tanto que el gobierno del presidente José Antonio Kast tuvo que salir a ordenar el discurso y a responder requisitorias parlamentarias producto de los cuestionamientos internos que se desataron en Chile en las últimas horas. De hecho, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, fue interpelado por la reciente adhesión del país al Escudo de las Américas, liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. En medio del debate apareció la cuestión Malvinas, y el rol que debía cumplir Chile con respecto a su relación con el Reino Unido y los pobladores de las Islas.
El choque entre los dichos de Barros Tocornal y del canciller Pérez Mackenna alimentó la polémica en el país trasandino con la oposición al gobierno de Kast. “En todos los sentidos la política exterior de Chile es confusa”, afirmó el diputado socialista Nelson Venegas, quien habló también de una “descoordinación evidente” en el oficialismo. “Nos están involucrando en un problema que no es nuestro”, afirmó, en relación a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
Carlos Bianchi, un diputado independiente de la Región de Magallanes, por su parte, se mostró en favor de la posición del ministro Barros Tocornal y contra las explicaciones del canciller chileno. “Me hubiese gustado que hubiese sido al revés, que sea el propio ministro de Relaciones Exteriores el que hubiese dado la opinión que hizo el ministro de Defensa”, afirmó.
En la interpelación al canciller chileno también estuvo presente, refrescada en la palabra de algunos legisladores, la posición de su par argentino, Pablo Quirno, que señaló en medios argentinos: “Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”. Quirno aludió a los compromisos asumidos el pasado 3 de septiembre, cuando Milei y Kast firmaron una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda, están por encima de los dichos del ministro de Defensa.
Aquel día, Milei ratificó ante Kast los tratados que señalan que el Estrecho de Magallanes es jurisdicción soberana exclusiva de Chile. El chileno, por su parte, manifestó la necesidad de que el Reino Unido reanude las negociaciones por las Malvinas. Finalmente, la Argentina indicó que “se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Ese mismo día, Punta Arenas anunció la ruta marítima con las Islas a través de la compañia chilena Eastern Islands.
En el Senado, el canciller chileno ratificó el apoyo al reclamo de soberanía argentino. Pero se desató un fuerte debate sobre cómo llevar adelante ese rol de reconocimiento soberano siendo parte interesada comercialmente.
El canciller Quirno había dicho horas antes: “Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que respeten esos tratados como lo hacemos nosotros”. Además, remarcó: “Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”.
Por el contrario, la postura de la Casa de la Moneda estuvo a cargo del subsecretario Pavez, que dijo: “La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción”.
Así, desde el mismo gobierno de Kast se puso en duda no solo el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración del Mercosur de 2011, que obliga a los Estados miembros y asociados a no brindar apoyo ni facilitación portuaria a las islas mientras el Reino Unido se niegue a discutir sobre su soberanía, sino también la validez del documento conjunto firmado por Kast y Milei en La Moneda el 3 de septiembre, donde Argentina dejó asentado que valoraba los esfuerzos de Chile para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada”. Algo que, según la mirada argentina, no se cumplió en estas últimas 48 horas en el encuentro comercial de Punta Arenas.
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POLITICA
Bariloche: un convencional denunciado por reivindicar a Videla respondió con insultos y gestos obscenos a militantes de izquierda
Uno de los quince convencionales elegidos para reformar la Carta Orgánica de Bariloche protagonizó un incidente durante el acto de asunción de la Convención Constituyente. Se trata de Adrián Marcelo Grau, quien había quedado en el centro de la polémica por publicaciones en redes sociales que reivindicaban la última dictadura militar y al expresidente de facto Jorge Rafael Videla.
Grau, que integró la lista oficialista de candidatos para revisar y reformar la Carta Magna de la ciudad cordillerana, fue abucheado este jueves por organizaciones de izquierda que participaban de la ceremonia. Su reacción incluyó gestos obscenos e insultos dirigidos a quienes lo cuestionaban.
La proclamación y posterior jura del convencional estuvieron atravesadas por la controversia que generaron publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lo denunció penalmente por presunta apología del delito, mientras que sectores de la oposición intentaron, sin éxito, postergar su asunción.
Durante el acto, militantes de izquierda exhibieron pañuelos con leyendas como “fueron 30.000” y otros mensajes alusivos a la última dictadura militar. Antes de recibir su diploma, Grau respondió a los abucheos con gestos obscenos y una actitud desafiante.
Luego, el intendente municipal Wálter Cortés le tomó juramento. Desde el escenario, junto a los demás convencionales que ya habían asumido, Grau continuó gesticulando e incluso profirió insultos contra sus detractores, pese a los intentos de otros integrantes de la Convención por evitar que la confrontación escalara.
Las publicaciones que desataron la polémica
A pocos días de las elecciones del 1 de noviembre, comenzaron a circular capturas de publicaciones fechadas el 22 de marzo —la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia— en un perfil de Facebook identificado con el nombre de Grau.
En los mensajes se le atribuían elogios a Videla, expresiones que relativizaban los crímenes de la dictadura y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Una de las frases difundidas decía: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. También circularon consignas negacionistas sobre los desaparecidos y referencias a los vuelos de la muerte. Tras la repercusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.
La APDH Regional Bariloche presentó una denuncia el 23 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo consideró que las publicaciones reivindicaban delitos de lesa humanidad y solicitó que se investigara la posible comisión del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal.
La presentación judicial no implica una condena. La investigación deberá establecer quién fue el autor de los mensajes y si su contenido configura el delito denunciado. Hasta el momento, la causa permanece en manos de la fiscalía.
Cuando realizó las publicaciones, Grau estaba alineado con un fragmento libertario – representado por el partido Primero Río Negro – que propuso al ex legislador rionegrino Ariel Rivero como candidato a gobernador.
Incluso, durante la campaña previa a los comicios, el cuestionado participó de actos junto al presidente Javier Milei.
La defensa de Grau y el intento de frenar su proclamación
Desde el oficialismo, Grau sostuvo que su cuenta había sido hackeada. El intendente Wálter Cortés, referente de la alianza Estamos Haciendo Bariloche, minimizó inicialmente el episodio y afirmó que no quería “darle trascendencia” a una situación que atribuyó a la campaña electoral.
La alianza oficialista reúne al Partido Unión y Libertad, de Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Grau ocupaba el sexto lugar en la lista de candidatos a convencionales constituyentes.
En medio de la controversia, convencionales electos de Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza presentaron un pedido formal ante la Junta Electoral Municipal para postergar por hasta diez días la proclamación de Grau y la entrega de su diploma. El objetivo era reunir antecedentes oficiales y contar con elementos para adoptar una decisión fundada.
El planteo fue rechazado. La Junta Electoral confirmó la proclamación de los quince convencionales, incluido Grau, y señaló que una eventual responsabilidad penal no era una cuestión que debiera resolverse en esa instancia electoral.
La oposición había reclamado que el dirigente fuera retirado de la lista o, al menos, que se postergara su proclamación. Referentes de Izquierda de los Trabajadores, Fuerza Patria, el Movimiento Vecinal por Bariloche y el Frente de Izquierda por el Socialismo repudiaron las expresiones atribuidas al convencional y cuestionaron que alguien con esas posturas participara de la reforma de la Carta Orgánica.
Con la jura de este jueves, Grau quedó formalmente incorporado a la Convención Constituyente. La controversia, sin embargo, continúa abierta en dos planos: el político, por los cuestionamientos que generó su designación, y el judicial, donde la denuncia de la APDH deberá determinar la autoría de las publicaciones y si existió apología del delito.
POLITICA
La salud privada, en alerta por sus deudas: “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”
Durante más de dos décadas, la emergencia sanitaria funcionó como un marco de excepción para un sistema privado de salud que hoy acumula deudas, demora en los cobros y una brecha creciente entre los costos y lo que recibe por sus prestaciones. Mientras el Congreso analiza un proyecto para sustituir ese régimen, el diagnóstico que atraviesa a clínicas y sanatorios es que la crisis financiera amenaza con deteriorar la atención médica de manera gradual.
A partir de ese escenario, Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei, reclamó que el debate legislativo reconozca al rubro como una actividad estratégica. “El sistema de salud es muy difícil de explicarlo”, planteó durante una entrevista en Infobae Al Mediodía, al describir una estructura que, según sostuvo, suele aparecer en la discusión pública por sus conflictos antes que por su peso económico y laboral.
Camerlinckx ubicó el origen de esa mirada en los temas que dominan la conversación sobre las prepagas y la cobertura. “Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, dijo. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes.
“En definitiva, nosotros somos instituciones de enfermedad, porque convivimos con la enfermedad todo el tiempo”, afirmó el director del Sanatorio Mater Dei. La definición condensa su planteo: las clínicas, los sanatorios, los centros de diagnóstico y los laboratorios deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos, aun cuando sus ingresos no acompañen esa dinámica.
El proyecto busca reemplazar un régimen vigente desde 2001
La emergencia sanitaria rige desde 2001, según explicó Camerlinckx, y el proyecto que propone reemplazarla todavía no comenzó a debatirse. “Apunta a que se le ponga el foco a un sector estratégico de la Argentina”, señaló sobre la iniciativa, que busca revisar las condiciones bajo las cuales se desenvolvieron los prestadores privados durante ese período.
El director del Mater Dei dimensionó ese lugar con cifras de empleo. “El sector privado tiene una importancia estratégica preponderante”, sostuvo. De acuerdo con su exposición, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico reúnen entre 650.000 y 800.000 empleos formales, cerca del 10% de los seis millones de puestos registrados que mencionó.
Camerlinckx también remarcó que el sistema privado concentra más del 60% de las camas del país y atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas. “Esto no es salud pública contra salud privada”, advirtió, al marcar que ambos subsistemas integran la respuesta sanitaria y que el debate, a su criterio, no debería plantearse como una disputa entre sectores.
Los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos
La tensión que describe el directivo se concentra en una ecuación que se fue desajustando con el tiempo: los precios de medicamentos, equipamiento e insumos suben, mientras los pagos por las prestaciones quedan rezagados. “Hoy llegamos a un 41%”, afirmó Camerlinckx al referirse al atraso que calcula entre los costos de las instituciones y los ingresos que perciben.
Esa distancia impacta sobre decisiones que rara vez son visibles para quienes reciben atención. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro”, explicó el director del Mater Dei. “Se van deteriorando”. Según sostuvo, el proceso puede manifestarse en la renovación de equipamiento, la adquisición de insumos o la capacidad para incorporar tecnologías y tratamientos nuevos.
Camerlinckx señaló que esa degradación es difícil de medir desde el lugar del paciente. “La calidad en salud es muy difícil que el paciente pueda evaluarla”, dijo. Por eso, vinculó el problema financiero con la continuidad de estándares que no siempre se perciben durante una consulta o una internación.
La moratoria apunta a deudas acumuladas durante dos décadas
El proyecto legislativo incluye una moratoria amplia para las obligaciones que clínicas y sanatorios fueron acumulando, de acuerdo con lo explicado por Camerlinckx. “No es condonación, es pagar una moratoria muy amplia”, aclaró. La propuesta, según su descripción, busca bajar el volumen de deuda y, al mismo tiempo, permitir que el Estado recupere recursos.
Para el director del Mater Dei, la discusión se vuelve urgente ante el eventual fin de la emergencia sanitaria. “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”, afirmó. Añadió que esas instituciones no tienen capacidad para afrontar de inmediato las obligaciones postergadas a lo largo de los años.
Camerlinckx comparó además la carga laboral del sector con la de los colegios privados. “En las clínicas y sanatorios hay más mano de obra intensiva que en la educación”, expresó. Según indicó, los prestadores privados pagan 20% de contribuciones patronales, frente al 15% que atribuyó a esas instituciones educativas; en el Mater Dei, precisó, trabajan 1.100 personas con empleo formal.
Maternidades y especialidades pueden dejar de ser sostenibles
Las consecuencias de esa ecuación, según Camerlinckx, ya aparecen cuando los establecimientos revisan sus servicios. “Cierran las maternidades”, afirmó. La decisión, explicó, se toma cuando un área central para la atención deja de cubrir sus costos y la institución entiende que no puede sostenerla.
“Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, sostuvo el titular del Mater Dei. El sanatorio destinó USD 2,1 millones de donaciones a mejoras en su maternidad durante el año anterior y, pese a ello, registró un récord de nacimientos en junio, según detalló.
El mismo riesgo puede trasladarse a pediatría y a otras prácticas, advirtió Camerlinckx. “Algún día van a decir: ‘La cirugía esta nosotros no la hacemos más, porque no te alcanza la plata’”. Su señalamiento apunta a que la pérdida de sostenibilidad no necesariamente implica el cierre de un establecimiento, sino la reducción progresiva de servicios disponibles.
En paralelo, el director del Mater Dei describió una mayor demanda de atención en salud mental entre jóvenes y adultos, con consultas vinculadas a patologías psiquiátricas y consumos problemáticos. “Mucho de adicciones, de alcohol, de todo tipo”, afirmó. El sanatorio conformó durante la pandemia un equipo de psiquiatría y psicología que comenzó a asistir a sus trabajadores y que hoy forma parte de esa respuesta.
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POLITICA
Hugo Moyano denunció en la Justicia un fraude millonario en Camioneros, pero ahora busca cerrar la causa
En un extraño giro, Hugo Moyano parece haber desistido de darle impulso a un expediente judicial que él mismo ordenó activar. Se trata de la denuncia que promovió hace poco más de un año Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Turismo de Camioneros, por supuestas inconsistencias en la administración del Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, que es propiedad del gremio.
La denuncia se realizó el 12 de septiembre de 2025 en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. Maldonado, una suerte de mano derecha del jefe sindical y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, apuntó contra empleados y proveedores del hotel por un supuesto fraude de unos $13.000 millones.
El fiscal ordenó hace un año una pericia contable cuyo informe final se conoció recién el 30 de octubre pasado. En el documento, de 75 páginas y al que accedió , tres de los cinco contadores que trabajaron con las pruebas manifestaron que “con la información puesta a disposición por el denunciante no es posible determinar un perjuicio económico determinado y menos aún el responsable del mismo”.
Además, coincidieron en que el origen de los fondos para la cobertura de los cheques diferidos para afrontar los gastos del hotel surgía de la sede central del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el control absoluto lo tiene Moyano.
Del peritaje participaron cinco contadores: Julián Aceto, propuesto por la fiscalía; Rodrigo Otamendi, Facundo Domínguez Marzano y Juan Tellechea, propuestos por tres de los imputados, y Guillermo Luis Dello Russo, en representación de los denunciantes.
Cuando el año pasado se conoció públicamente la causa judicial, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos dirigentes provocó un terremoto interno que obligó a Moyano a un recambio de nombres en el área contable y legal del gremio. En paralelo, se filtraron datos detalles de transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del histórico líder camionero.
En la página 43 del peritaje, los contadores propuestos por los imputados advirtieron que el sindicato no aclaró quiénes firmaron los cheques en observación ni tampoco aportó la información requerida sobre quiénes estaban autorizados a operar la cuenta del Banco Provincia con la que se manejaban los fondos del hotel. Dello Russo, perito puesto por el gremio, planteó en el informe que Balazic y Villegas eran los firmantes, pero en última instancia lo hacía Maldonado. Ni Balazic ni Villegas están por ahora imputados en el expediente y desde su expulsión del gremio evitaron comentarios públicamente.
Del peritaje surgen otros datos que debilitarían la denuncia de Moyano. No se verificaron pagos duplicados ni pagos a beneficiarios ajenos a la operación. Tampoco se detectó si hubo extracción de dinero en efectivo ni se pudo verificar la ocupación efectiva del hotel, en el que se alojaban “artistas, jueces y fiscales sin dejar registros de pago”, según el testimonio de una fuente con acceso al expediente.
“La pericia no afirma ni niega la existencia de fraude, esa será una tarea de la fiscalía y los jueces”, dijeron a fuentes judiciales al tanto de la causa. Es decir, el caso se mantiene aún abierto y sin un desenlace claro.
El 29 de octubre de 2025 Maldonado declaró en Mar del Plata por única vez ante el fiscal Bruna. “A fines de julio [de ese año] hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho”, dijo el dirigente camionero.
Maldonado cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el “nunca” había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos.
“A lo sumo hubo algún sobreprecio en algún producto comprado a algún proveedor, pero no llega ni cerca a los 13.000 millones que se denunció inicialmente”, dijo a Maximiliano Orsini, abogado defensor de dos de los imputados. Entre los gastos a investigar aparecieron erogaciones con el concepto “varios” por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de “cata” que nunca se habría realizado.
Presiones en ARCA
Mediante una presentación por escrito, Orsini busca ahora que la jueza Lucrecia Bustos le requiera al fiscal Bruna que cite a declarar a Manuel Rodríguez, uno de los cinco funcionarios de la sede marplatense Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fueron desplazados por haber facilitar documentación a la Justicia en el inicio de la investigación, según reveló una publicación de del 26 de abril último.
Según el escrito presentado por Rodríguez ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la investigación. Desde entonces, la ARCA no aportó documentación para el peritaje. El fiscal Bruna por ahora no tendría previsto citar al exfuncionario de ARCA que denunció presiones, según dijeron fuentes judiciales.
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