POLITICA
Una elección de dimensión global
Una de las grandes mutaciones de la política internacional bajo el impulso de Donald Trump es el intento de reordenar el mundo a partir de zonas de influencia. De nuevo América sería para los americanos. O para los norteamericanos. El sueño del presidente James Monroe. La recreación de esta hegemonía es conocida ahora como “Doctrina Donroe”. En esta nueva guerra fría, el continente debe ser reconocido como un dominio de Washington. O como un área de exclusión para China. La propuesta tiene un defecto. Sin un alineamiento de Canadá, México y Brasil con los Estados Unidos, el experimento es una mueca de lo que pretende ser. Esta es la razón por la cual las elecciones a las que concurrirán el próximo domingo los brasileños para elegir a su presidente tienen una dimensión global.
Javier Milei intervino en esa campaña a favor del opositor Flávio Bolsonaro. Insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene preso al expresidente y padre del candidato, Jair Bolsonaro. Lo hizo levantando mucho la voz, para que se escuche en la Casa Blanca. Trump fue muy elocuente en su apoyo a Bolsonaro. Tuvo una intervención explícita en el proselitismo, que se lanzó de manera extraoficial el último 26 de mayo, con una foto de él con los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro en el Salón Oval. Después de la incursión de Milei habló alguien que suele estar callado. Xi Jinping reclamó que en las elecciones brasileñas no haya interferencias externas. Xi, que no se pronuncia ni por lo que sucede en Medio Oriente, salió en defensa de su amigo Lula. De nuevo: las urnas de Brasil son el campo de batalla del conflicto universal.
Todas las encuestas vaticinan dos escenarios. Que la competencia está empatada. Y que no se resolverá en la primera vuelta. Para que se despeje la incógnita habrá que esperar al 25 de octubre, fecha para la que está previsto el balotaje.
Los bolsonaristas se ilusionan con que esa paridad es engañosa. Alegan que los números no tienen en cuenta los volúmenes de abstención que se pueden registrar en el nordeste del país, territorio tradicional del PT. Admiten también que a muchos ciudadanos que detestan a Lula les da vergüenza confesar ante los encuestadores que votarán por Bolsonaro. Un gesto autocrítico que hay que agradecer. Expertos ligados al oficialismo reconocen que en esos argumentos puede haber algo de cierto.
Los mismos analistas cercanos al PT exponen las razones por las cuales Lula puede tener un domingo más feliz que el que se prevé. La principal: hay tres candidatos ajenos a la polarización principal que restan votos a Bolsonaro. Son Augusto Curi, Ronaldo Caiado y Renan Santos. Todos son de derecha. Curi registra una intención de voto superior al 5%. Caiado y Santos, 4% cada uno. ¿Existe alguna posibilidad de que esas propuestas mejoren su performance? Si, además, los que detestan al PT pero se avergüenzan de Bolsonaro, no van a votar, ¿Lula podría ganar en primera vuelta? La respuesta de un integrante del gabinete de Lula: “Es dificilísimo, pero la probabilidad no es cero”.
¿Qué acciones de campaña pueden alterar el paisaje dominante? Lula tomó una medida sorprendente destinada, sobre todo, al electorado femenino. Prohibió, de un plumazo, las apuestas on line ligadas a competencia deportivas. En Brasil, como en los Estados Unidos, está demostrada la perversa relación entre esas prácticas y la expansión del endeudamiento familiar. Los entendidos en marketing aseguran que las que más sufren el drama son las esposas, o las madres.
El proselitismo brasileño se ha vuelto muy sucio. Como nunca antes. Un rasgo que hace juego con una política híper polarizada. Es el signo de los tiempos. El odio como motor de la vida pública llegó también a un país cuya sociabilidad siempre fue fóbica al conflicto. En las últimas semanas quedaron enchastrados el hijo mayor del presidente, Fábio Luis Lula da Silva, Lulinha. Se lo acusa de utilizar sus contactos dentro del gobierno para favorecer a empresas privadas, entre otras, una proveedora de productos elaborados con cannabis para el Ministerio de Salud.
Fávio Bolsonaro también tiene el sueño alterado. Anteayer apareció un exsocio suyo que está tan despechado como para publicar intimidades de la vida sexual del candidato, sobre todo en relación con redes de prostitución. Para el representante de una corriente que hace de la moral individual el eje mayor de su discurso, puede significar una erosión.
Al mismo tiempo que se filtraban pormenores del sótano del candidato de la derecha, las redes viralizaron una información falsa: que, si ganaba Bolsonaro, Nuestra Señora de la Concepción Aparecida dejaría de ser la patrona de los brasileños. El dato es apócrifo. Pero hay razones que le dan verosimilitud. Bolsonaro dijo, en agosto pasado, que “si yo llego a ser presidente, uno de mis primeros actos de gobierno será disponer que Brasil es de Nuestro Señor Jesucristo”.
Una peculiaridad principal de la política brasileña de los últimos 20 años ha sido el avance de los evangélicos en el juego del poder. Se trata de una corriente religiosa que condena como idolatría a cualquier devoción que no sea la de Jesucristo. Muchos memoriosos exhumaron en estos días las imágenes televisivas del pastor Sérgio Von Helder, que en 1995 pateaba e insultaba ante las cámaras una imagen de la Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida es el equivalente brasileño de Nuestra Señora de Luján. Quiere decir que, cuando Bolsonaro afirmó que con él Brasil sería sólo de Jesucristo, tocaba un nervio subliminal que el PT aprovechó para dañarlo.
Con independencia de esta polémica, el alineamiento religioso se ha convertido en una gran línea de clasificación de la política brasileña. Un 35% de la población de Rio de Janeiro hoy se identifica como evangélico, contra un 30% de católicos. Los evangélicos son la base más sólida de los Bolsonaro. Y están caracterizados por una condición particular: los pastores son decisivos para el voto de sus feligreses. Hace pocas semanas, de visita en Buenos Aires, una de las funcionarias encargadas de monitorear en el interior de Brasil el correcto funcionamiento del programa Bolsa Familia, equivalente a la AUH argentina, relataba: “En muchas localidades se repite que hay gente que agradece al gobierno y a Lula la ayuda que les llega, pero aclaran: ‘Igual voy a votar por Bolsonaro porque me lo indica mi pastor’”. Este testimonio indicaría que hay un “voto evangélico”, así como no hay un “voto católico”. Es una ventaja invalorable para el candidato de la derecha, ya que la religión le permite llegar a regiones y a clases sociales a las que tal vez no llegaría con su prédica profana.
Sobre el comando de campaña del PT aletea un fantasma muy de época: el temor a que la elección del domingo sea cruzada por intervenciones externas a través del sistema digital. El pasado reciente garantiza que esos vicios existen, en especial en la ultraderecha brasileña. Las fechorías electrónicas de Fernando Cerimedo a favor de Bolsonaro padre fueron investigadas por la Justicia. Cerimedo, quien admitió comandar un ejército de trols, fue después un tentáculo de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. En los últimos meses saltó a la fama por la sospecha de que podría haber mandado a asesinar, en Bolivia, a su exnovia embarazada. Su prontuario llegó la semana pasada a The Washington Post, donde se lo retrató como un impulsor del movimiento MAGA en América Latina. Minucias. El ejército de Cerimedo hoy es una patrulla de boy scouts frente a los servicios que puede prestar un gigante de la manipulación como Peter Thiel y su imperio, Palantir. Prestar atención a Elisa Carrió.
Cuando alertó sobre injerencias foráneas, ¿Xi hablaba de la retórica de Milei o de ese aparato tecnológico al servicio de Trump? ¿Los chinos no teclean también sobre su propia consola? ¿O eso es sólo cosa de rusos? Los sentimientos persecutorios de los colaboradores de Lula se alimentan con un antecedente, que es éste: el presidente de los Estados Unidos afirmó que “todos los candidatos que he apoyado en América Latina han ganado”. ¿Está decidido a hacer cualquier cosa para que esta ley se siga cumpliendo? Tal vez no. En las últimas semanas Trump ya no se ha refierido al torneo brasileño. Y al hablar con un banquero amigo que opera en Brasil le reconoció: “Yo respeto mucho a Lula”. Ante el mismo banquero, que comentó su charla en una reunión informal en San Pablo, Trump confesó su curiosidad por saber si Milei va a reelegir.
El silencio de Trump frente a la confrontación entre Lula y Bolsonaro quizá esté alimentado por su propia peripecia. Con los números muy pero muy justos para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al líder republicano tal vez no le convenga para nada inocularse el resultado de una competencia ajena.
Esto no significa, ni mucho menos, que un cambio de gobierno en Brasil no modificará la política exterior de ese país. Más todavía si se confirman las versiones que anticipan que el canciller de Fávio Bolsonaro sería su hermano Eduardo, el más próximo a Mar-a-Lago de toda la familia.
Con perdón de la insistencia: en el tablero brasileño se juega un ajedrez global. Pero esto no quiere decir que un giro pro Trump significará una desconexión de China. Por varios motivos. Uno es que entre los sectores que apoyan a Bolsonaro está el agropecuario, muy entrelazado con la economía asiática. Además, un conflicto con Pekín implicaría una decisión impensable, que ni a Jair Bolsonaro se le ocurrió durante su mandato: retirar a Brasil del grupo Brics. Por otra parte, la economía del país está cada vez más conectada con inversiones chinas. Aquí hay una novedad: la presencia de esos capitales no se reduce a obras de infraestructura ni a proveer importaciones. Dada la dimensión del mercado brasileño, muchas compañías chinas se están radicando allí para producir sus manufacturas y venderlas en todo el Mercosur. Es el caso de la automotriz BYD, que estableció una planta en el estado de Bahía para ofrecer desde allí sus vehículos a los compradores domésticos, a la Argentina y a México. Great Wall Motor compró la fábrica de Mercedes-Benz en Imacerápolis, San Pablo, con una capacidad de producción de 50.000 unidades al año. Midea, dedicada a los electrodomésticos, se estableció en Minas Gerais con la mirada puesta en toda la región.
Los comicios del próximo domingo cobijan interrogantes y lecciones para la Argentina. Una incógnita elemental: ¿a Milei quién le conviene que gane? Parece una pregunta desvariada. Es amigo de los Bolsonaro e hizo campaña por Fávio. Sin embargo, un gobierno de ultraderecha en Brasilia puede representar un eclipse para un gobierno de ultraderecha en Buenos Aires. En especial si uno lee el mapa con la mirada ultra pragmática de Trump. El presidente de Brasil tiene una presencia internacional derivada de la dimensión de su país. Cualquiera sea su credo ideológico. Ejemplo: en la última Asamblea General de la ONU, la semana pasada, Lula tuvo 20 encuentros bilaterales de máximo nivel. Milei se vio sólo con Benjamin Netanyahu, quien tampoco está hoy tan socializado.
El juego de deseos también es paradójico si se lo mira desde la izquierda. Es obvio que a Cristina Kirchner la alegrará una victoria del PT. Aun cuando esa afinidad quedó rasguñada por la predilección de Lula por Alberto Fernández. Sin embargo, ella estará muy atenta a un experimento: en qué medida se realizará el prodigio de la transferencia de votos de Bolsonaro, impedido de postularse por una sentencia penal, a su hijo. Hasta ahora ese traspaso parece cumplirse. En cambio Lula no logró en su momento llevar al poder, desde la cárcel, a Fernando Haddad, su actual ministro de Economía. Es una cuestión crucial para La Cautiva, que sigue buscando el poder con la obstinación de siempre, aun desde el encierro. ¿Es también una cuestión crucial para Máximo, su “Flávio”?
El problema de la señora de Kirchner encierra un mensaje más amplio para el desempeño de la democracia en América Latina. La corrupción ha avanzado tanto en la región, que desborda el campo moral y económico hasta introducir una distorsión en el sistema. Es saludable que la Justicia sea capaz de sancionar a figuras poderosas como Lula, Bolsonaro o Cristina Kirchner. Pero la sanción, siendo correcta, introduce un problema delicado: masas enormes de votantes pierden la posibilidad de elegir a su candidato favorito. Quiere decir que la corrupción termina, por imperio del circuito institucional, provocando un agujero negro en la legitimidad del poder. Es un problema no sólo difícil de ser resuelto. Es difícil de ser pensado.
Habría que esperar que la relación bilateral con Brasil se normalice, cualquiera sea el desenlace del proceso electoral. El embajador de Lula en Buenos Aires, el talentoso Julio Bitelli, sigue en su país, con miedo de volver. ¿A qué se debe ese temor? Muy lógico: a que, si una vez que reasume sus funciones, Milei vuelve a insultar a Lula, la reacción ya no será que lo llamen “en consulta” a Itamaraty, la cancillería brasileña. El paso siguiente, en esa instancia, es romper la relación. Si el próximo presidente es Bolsonaro, el vínculo se reconstituirá. Habría que suponer que lo mismo sucederá si hay cuatro años más de Lula. Brasil y la Argentina están condenados a estar unidos por millones de años. Es la determinación inflexible de la geografía.
La oposición busca forzar una sesión especial en contra del DNU de Milei que habilita la venta de tierras a extranjeros,muy sucio,The Washington Post,“No tengo por qué meterme”: incomodidad en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros,Carlos Pagni,Brasil,Lula da Silva,Conforme a
POLITICA
El Gobierno está en alerta por la suba del riesgo país y espera un repunte en los datos de la actividad económica
El Gobierno reconoce preocupación por la suba del riesgo país y espera una recuperación de la actividad económica en agosto, después de la fuerte caída que registró el último informe del INDEC. En la Casa Rosada admiten que el deterioro de los bonos argentinos se produjo antes de lo que proyectaban para el calendario electoral de 2027 y buscan evitar que la incertidumbre financiera se traslade a las expectativas sobre el programa económico. El Ejecutivo apuesta a una mejora de los indicadores durante los próximos meses y considera que el repunte de la actividad puede contribuir a estabilizar el escenario.
“Nos preocupa la suba del riesgo país porque esperábamos que sucediera eventualmente, pero no tan lejos de la elección”, reconocen en Nación. Admiten que existen factores domésticos que inciden sobre el indicador, aunque mantienen que el contexto internacional explica una parte importante de la presión reciente sobre los activos argentinos. La expectativa oficial es que las tensiones comiencen a reducirse después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que el país atraviese un verano con menor volatilidad financiera.
El riesgo país superó este martes los 700 puntos básicos por primera vez en el año y llegó a tocar las 710 unidades, antes de retroceder hacia los 680 puntos. El índice elaborado por JP Morgan había alcanzado un mínimo cercano a los 402 puntos en julio y acumuló desde entonces un deterioro significativo. El movimiento refleja la caída del precio de los bonos soberanos en dólares y una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al Estado argentino.
La explicación oficial combina el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la incertidumbre electoral y las dudas sobre la continuidad del programa económico. El Gobierno pone el foco sobre el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente. Sin embargo, reconoce que la dinámica política local también tiene consecuencias sobre la valuación de los bonos. En la Casa Rosada esperan que una reducción de las tensiones externas y un escenario electoral más ordenado permitan recuperar parte del terreno perdido.
La principal apuesta internacional del Ejecutivo es que las tasas estadounidenses comiencen a bajar después de las elecciones de noviembre, junto con una eventual normalización del conflicto en Medio Oriente. Esa expectativa enfrenta, por ahora, un escenario financiero adverso: la Reserva Federal elevó en septiembre su tasa de referencia al rango de 3,75% a 4% y los pronósticos de mercado siguen contemplando nuevos aumentos durante los próximos meses. Una reducción de los rendimientos internacionales no está garantizada y dependerá de la inflación y de las decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.
La situación económica e internacional también formó parte de la reunión de la mesa política que encabezó Karina Milei este martes en la Casa Rosada. Según informó oficialmente el Gobierno, se analizaron el contexto político y económico externo, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. Luis Caputo brindó además detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional realizada la semana pasada en Tailandia. En paralelo, dentro del oficialismo se viene discutiendo la necesidad de ordenar las negociaciones políticas y legislativas para reducir la incertidumbre de cara a 2027.
Milei también vincula parte del deterioro financiero con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, una interpretación que viene expresando mediante su referencia al “riesgo kuka”. En el Ejecutivo sostienen que las declaraciones de dirigentes opositores sobre eventuales modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alimentan las dudas de los inversores sobre la estabilidad de las reglas económicas. La Casa Rosada mantiene que cumplirá con los compromisos de deuda y que la incertidumbre política no modifica esa decisión.
POLITICA
Quién es la jueza argentina que integra el organismo que resolverá el reclamo por el petróleo de Malvinas
La jurista rosarina Frida María Armas Pfirter ocupa desde el 1 de octubre la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), el órgano judicial con sede en Hamburgo que deberá decidir si frena la explotación petrolera británica en las aguas de Malvinas y que programó las audiencias orales sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para el próximo 10 y 11 de noviembre.
Las vistas se celebrarán en la sala principal del tribunal, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo. El caso, registrado con el número 37, plantea una controversia entre Argentina y el Reino Unido por actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sudoccidental, en un área vinculada con la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.
La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei formalizara, el 13 de octubre, su solicitud de medidas provisionales. El canciller Pablo Quirno presentó el pedido apoyado en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que habilita a solicitar medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.
La jueza argentina en el tribunal
Armas Pfirter nació en Rosario, Santa Fe, el 30 de septiembre de 1957. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983 y obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992. A lo largo de su carrera acumuló becas de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra y la Universidad de las Naciones Unidas.
Su nombre está ligado de manera inseparable a la plataforma continental argentina. Durante más de 25 años —entre 1997 y 2023— dirigió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el equipo interdisciplinario que logró extender un 35% los espacios marítimos del país. Ese trabajo, que combinó análisis jurídico, científico y técnico, fue reconocido como una política de Estado que trascendió gobiernos de distinto signo.
En 2023, fue declarada Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas por el proyecto del diputado Claudio Romero (VJ), en la Legislatura porteña. “Para los que hemos dedicado nuestra vida al derecho, tomándolo con pasión y como vocación, esta distinción que me han otorgado es un honor pero también es una responsabilidad inmensa”, señaló Armas Pfirter en la entrega de diplomas.
Antes de llegar al tribunal, se desempeñó como conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convemar, como experta en el área de pesquerías bajo el Anexo VIII de la convención, y como miembro de la Comisión Jurídica y Técnica y del Comité de Finanzas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad Austral, y autora de tres libros y numerosos artículos especializados. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del CARI.
En junio de 2023, durante la 33° Reunión de Estados Parte de la Convemar, fue elegida jueza del ITLOS con 154 votos para un mandato de nueve años (2023-2032). Asumió el 1 de octubre de ese año. Tres años después, el 1 de octubre de este año, sus pares la eligieron vicepresidenta del tribunal junto con Kamga como presidente, para el período 2026-2029.
Cómo está integrado el Tribunal del Mar
El ITLOS fue creado por la Convemar, firmada en 1982, como el órgano judicial independiente encargado de resolver controversias sobre la interpretación y aplicación del tratado. Tiene competencia en disputas sobre delimitación de zonas marítimas, navegación, conservación de recursos vivos, protección del medio marino e investigación científica.
Está compuesto por 21 jueces independientes elegidos por los Estados Parte de la Convemar entre personas de reconocida reputación por su imparcialidad, integridad y competencia en derecho del mar. Los miembros cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. La composición garantiza la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y una distribución geográfica equitativa: no puede haber dos jueces de un mismo país.
La composición actual del tribunal, tras la jura de cinco nuevos miembros el 1 de octubre de 2026, incluye jueces de Camerún, Argentina, Malta, Ucrania, Islandia, Rusia, Países Bajos, Chile, China, Jamaica, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, Polonia, Túnez, Ghana, India, Vietnam y Brasil.
El Reino Unido no cuenta con un juez propio en el tribunal. Mientras Argentina tiene a Armas Pfirter como vicepresidenta del organismo, Londres carece de representación directa en el cuerpo, aunque el Estatuto del tribunal le permite designar un juez ad hoc para intervenir en la controversia, una figura prevista para garantizar que ambas partes cuenten con representación en el cuerpo que resuelve el caso.
Qué pide Argentina y por qué eligió la vía ambiental
El escrito de 49 páginas presentado ante el ITLOS, firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, solicita cuatro medidas provisionales: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas; que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales de Argentina; y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.
La estrategia jurídica descansa sobre un eje ambiental que permite al tribunal actuar sin pronunciarse sobre la soberanía del archipiélago. La presentación cita el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China para sostener que las obligaciones de protección del medio marino “se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas” y que, por lo tanto, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de esas normas.
El argumento se apoya en documentación de las propias empresas involucradas. El Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas establece que “existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”. Para un crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”.
El proyecto Sea Lion y las empresas sin experiencia offshore
El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de petróleo, según las evaluaciones de los operadores.
Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028. Según el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 “se espera que comience a principios de 2027”. El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
En un pasaje poco habitual para una presentación ante un tribunal internacional, el escrito argentino dedica un capítulo a cuestionar la capacidad técnica de las operadoras: ni Navitas ni Rockhopper tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción, lo que —según la argumentación— amplifica el riesgo de un incidente ambiental en una zona donde un derrame alcanzaría aguas argentinas en cuestión de días.
La respuesta británica y el antecedente de la fragata Libertad
El Reino Unido rechazó las pretensiones argentinas por múltiples vías. Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la solicitud ante el tribunal “no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas, no altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”. Sin embargo, confirmó que el Reino Unido participará del proceso y que, si el ITLOS dictara una orden, el país “cumple con sus obligaciones internacionales”.
En paralelo, Londres activó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas de regulaciones extraterritoriales argentinas. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos”.
La arquitectura procesal elegida por Argentina tiene antecedentes en el propio tribunal. En la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el ITLOS ordenó en 2015 que Ghana no realizara nuevas perforaciones en el área marítima disputada. Otro referente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: entre el pedido de medidas provisionales y la resolución del tribunal transcurrió aproximadamente un mes, y el ITLOS ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.
Con las audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre, los 21 jueces del tribunal —entre ellos la vicepresidenta Armas Pfirter— deberán evaluar si tienen jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales. Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.
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POLITICA
El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a una mayor articulación legislativa: “No puede ser solo para acompañar”
La negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para construir un eventual acuerdo electoral rumbo al 2027 tiene una condición previa para el partido de Mauricio Macri: mejorar la articulación legislativa antes de avanzar en un entendimiento político y electoral.
Luego de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada, en el PRO destacaron el buen diálogo con el Gobierno, aunque plantearon que la relación entre ambos espacios necesita traducirse en una coordinación concreta en el Congreso. “No puede haber acuerdo electoral si antes no hay articulación legislativa”, advirtieron desde el partido.
En el PRO buscan que la alianza de hecho que se sostiene en el Congreso tenga un correlato en la labor parlamentaria. La intención es que exista una instancia previa de discusión con sus aliados parlamentarios y que no reciban los proyectos del oficialismo al mismo tiempo que la oposición dura, como el peronismo.
“Si somos los aliados y quieren que los defendamos, tiene que haber articulación legislativa previa”, es el planteo que transmiten desde el espacio.
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