El Gobierno de Javier Milei busca reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la logística hacia la Antártida que permanece paralizado después de haber comenzado durante la gestión de Alberto Fernández.

La obra volverá a tomar impulso a partir de 2027, en medio de la nueva ofensiva diplomática de la Casa Rosada por la soberanía de las Islas Malvinas. El Ejecutivo ya reasignó $217.954 millones para el Ministerio de Defensa a través del DNU 867/2026 y anunció que buscará incorporar nuevos recursos en el Presupuesto 2027.

El proyecto original comenzó en marzo de 2022 y alcanzó un 9,13% de avance físico antes de quedar prácticamente detenido. Entre las obras ejecutadas hasta ahora figuran trabajos de movimiento de suelo, galpones modulares y una platea de hormigón armado.

Una obra pensada para el Atlántico Sur y la Antártida

La ubicación de la futura base es uno de sus principales atributos estratégicos. El predio está situado en la zona oriental de la bahía de Ushuaia, sobre el canal Beagle y cerca del aeropuerto internacional.

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La idea es concentrar en un mismo complejo capacidades navales, logísticas y de apoyo a las campañas antárticas. La documentación oficial contempla instalaciones para el comando naval, servicios marítimos, depósitos, talleres, viviendas y un área específica para la logística hacia el continente blanco.

El proyecto también prevé la posibilidad de brindar servicios logísticos a embarcaciones extranjeras que operen hacia o desde la Antártida. Desde el Gobierno remarcan, sin embargo, que la infraestructura será 100% argentina y que no existe un acuerdo para construir una base conjunta con Estados Unidos.

El muelle será la obra central

Uno de los componentes más importantes será el muelle, que en el proyecto actual contempla una extensión total de 585 metros.

La primera etapa apunta a construir aproximadamente 240 metros y permitiría mejorar la capacidad de amarre y operación de las unidades navales que actualmente utilizan instalaciones auxiliares.

El desarrollo continuará posteriormente hasta completar el muelle y sumar los sectores destinados a la logística antártica.

Entre las instalaciones previstas aparecen galpones de carga, depósitos, cámaras frigoríficas, talleres, espacios para combustible y áreas destinadas al movimiento de equipos.

La base también contará con infraestructura para servicios marítimos y con las redes necesarias de agua, electricidad, gas, cloacas y comunicaciones.

Seis obras para reactivar el proyecto

La planificación contempla seis grandes frentes de trabajo:

Construcción del muelle.
Obradores e instalaciones de apoyo para ejecutar trabajos durante el invierno fueguino.
Edificio de servicios marítimos.
Urbanización y redes de servicios básicos.
Edificios destinados a la logística antártica.
Relocalización de la actual Base Naval Ushuaia, junto con nuevas viviendas para el personal.

La primera etapa estará concentrada en el muelle, los servicios marítimos, la urbanización y la logística antártica. Posteriormente se avanzará con los edificios de comando y las viviendas. La documentación oficial establece que el proyecto está organizado en tres grandes etapas.

Cuánto dinero puso el Gobierno

El primer refuerzo presupuestario significativo llegó después del anuncio de Milei sobre la reactivación de la obra.

El DNU 867/2026 reasignó $217.954 millones para distintas áreas del Ministerio de Defensa. El monto incluye recursos destinados a adelantos a proveedores y contratistas y no puede interpretarse automáticamente como dinero exclusivo para la Base Naval Integrada.

Dentro de esa reasignación existe una partida identificada de aproximadamente $114.733 millones vinculada a adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo, aunque el decreto no permite atribuir todo ese monto exclusivamente a la base.

El Gobierno, además, prevé incorporar más de $300.000 millones para el proyecto dentro del Presupuesto 2027, aunque esa partida deberá ser discutida y aprobada por el Congreso.

Por eso, el monto actualmente reasignado no representa necesariamente el costo total de la obra.

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Una obra que empezó en 2022 y quedó frenada

La Base Naval Integrada no nació durante la gestión de Milei. El proyecto comenzó formalmente en marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el inicio de los trabajos. El objetivo declarado era fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.

Durante 2022 y 2023 se realizaron tareas preparatorias, movimiento de suelos y la construcción de estructuras destinadas a funcionar como obradores. También se ejecutó parte de las fundaciones y una platea de hormigón armado.

Sin embargo, el proyecto avanzó hasta alcanzar apenas un 9,13% de ejecución física y quedó prácticamente detenido durante los años siguientes.

Ahora, la administración de Milei busca retomar los trabajos y convertir la obra en uno de los proyectos estratégicos de Defensa para los próximos años.

La competencia con Punta Arenas

La apuesta también tiene una dimensión económica y logística.

Actualmente, Punta Arenas, en Chile, concentra buena parte de los servicios destinados a las embarcaciones y expediciones que se dirigen hacia la Antártida.

El Gobierno argentino busca que Ushuaia pueda recuperar protagonismo como puerta de entrada al continente blanco. Su ubicación geográfica representa una ventaja, ya que permite acceder rápidamente desde el canal Beagle hacia aguas abiertas y desde allí continuar hacia el sur.

La nueva infraestructura permitiría que buques científicos, militares y comerciales puedan utilizar servicios logísticos argentinos antes de continuar sus operaciones antárticas.

Malvinas, Atlántico Sur y proyección antártica

La reactivación de la base ocurre además en un momento de creciente tensión diplomática por las Islas Malvinas.

El Gobierno de Milei anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y busca reforzar el reclamo argentino por la soberanía.

En ese escenario, la Base Naval Integrada es presentada por la Casa Rosada como parte de una estrategia más amplia para aumentar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la obra se financiará con recursos argentinos y negó que exista participación extranjera en su construcción.

La intención oficial es que la infraestructura permita mejorar las capacidades de la Armada, reforzar el monitoreo de la zona económica exclusiva y ampliar la capacidad logística argentina hacia la Antártida.

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Javier Milei cerró una semana en la que casi ningún dato importante vino solo. La inflación de agosto bajó al 1,7% y volvió a darle al Gobierno una señal potente para sostener que el programa económico avanza en la dirección prevista. Casi al mismo tiempo, la industria y la construcción retrocedieron y encendieron luces amarillas sobre la actividad y el empleo. La política ofreció una secuencia parecida: el oficialismo atravesó una sesión compleja en Diputados sin resignar algunos de sus límites fiscales, pero la oposición celebró haberlo obligado a convivir con una agenda que incluye morosidad y discapacidad. Buenas y malas noticias. Señales cruzadas.

Ese contraste puede convertirse en una clave del próximo tramo de Milei. La discusión ya no pasa por demostrar que el cambio era necesario. El desafío es más político: conseguir que las señales favorables alcancen para preservar la convicción de que el cambio avanza mientras espera que el resto de los indicadores empiece a alinearse.

En el seno del oficialismo predomina una mirada optimista sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro. La baja de la inflación es el argumento principal. Milei todavía no ganó esa batalla, pero mostró que puede ganarla. Para su electorado, ese resultado se convirtió en un activo difícil de subestimar: ofrece una prueba de que algunas de las promesas más audaces del programa pueden transformarse en resultados.

La convicción dominante en la Casa Rosada es que, si el rumbo no se altera, la estabilización terminará trasladándose a salarios, inversión, actividad y empleo. No hay una discusión interna relevante sobre preservar el equilibrio fiscal ni sobre la orientación general del programa. Sin embargo, esa lectura no es absolutamente unánime. En algunos sectores empiezan a aparecer, en voz baja, advertencias sobre la velocidad con la que esos resultados deben llegar.

Las diferencias no son sobre el rumbo. Son sobre el reloj.

Los indicadores económicos y el costo político

Los datos de actividad conocidos esta semana alimentaron esas prevenciones. La producción industrial manufacturera cayó en julio un 4,9% interanual y un 5% frente al mes anterior, mientras que la construcción retrocedió un 4,5% contra un año atrás y un 4,6% en la comparación mensual desestacionalizada. Son dos sectores sensibles porque detrás de sus estadísticas hay empleo, proveedores y pequeñas y medianas empresas.

Pero la inflación de agosto fue de 1,7%. Y ese número cuenta otra historia.

La coexistencia de ambos fenómenos explica por qué sería apresurado sacar una conclusión definitiva. Los datos todavía no cuentan una única historia. Por eso, la batalla política se desplaza hacia la capacidad de convertir algunos resultados favorables en tendencia antes de que los negativos formen un relato de desgaste.

Fernando Marull, un economista con fuerte llegada al círculo rojo, aportó otro elemento que conecta economía y política. Según su cálculo, los salarios privados perdieron alrededor de 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, pero recuperaron aproximadamente tres puntos entre abril y agosto, acompañando la desaceleración inflacionaria. Todavía están unos dos puntos por debajo de octubre de 2025.

Marull observó además que el apoyo al Gobierno siguió un recorrido parecido: cayó mientras retrocedían los salarios y frenó su deterioro cuando empezó la recuperación. La conclusión no es que el oficialismo tenga asegurada una recomposición política. Sí muestra que la baja de la inflación puede convertirse en algo más que un éxito macroeconómico si termina trasladándose al poder adquisitivo.

Durante buena parte del gobierno de Milei, la inflación concentró una porción enorme de la conversación económica. Su reducción modifica también las demandas sociales. Si los precios dejan de ser la preocupación dominante, la atención se desplaza hacia el empleo, el salario, los servicios, el consumo y la posibilidad de ahorrar.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés muestra ese movimiento con nitidez. La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. La inflación queda bastante más atrás, con 17%.

La misma medición muestra la estrechez con la que se mueve buena parte de las familias. Al 40% de los consultados los ingresos les alcanzan justo para cubrir los gastos mensuales, sin capacidad de ahorro. Otro 37% dice que no le alcanza: 18% utiliza ahorros o recorta gastos y 19% tuvo que endeudarse.

Son datos que el Gobierno observa sin abandonar su tesis principal: la solución no consiste en alterar el programa, sino en darle tiempo. Pero explican por qué algunos funcionarios empiezan a prestar más atención a sectores medios, jóvenes y adultos jóvenes que pueden reconocer el descenso de la inflación y, simultáneamente, sentir que todavía viven con poco margen.

AtlasIntel registró otra señal: la percepción sobre el mercado laboral es ampliamente negativa y el desempleo ya aparece entre las preocupaciones principales. La Universidad de San Andrés, por su parte, muestra una aprobación oficialista de 35% y una insatisfacción general elevada. Pero cuando la pregunta se traslada directamente a 2027 aparece una paradoja políticamente más importante: La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo, 23%, con una cantidad muy importante de electores todavía sin definición.

El malestar existe. Lo que todavía no existe es una traducción automática de ese malestar en una alternativa electoral.

Ese es uno de los activos de Milei. La oposición puede complicar al Gobierno, pero todavía no consiguió construir una opción nacional que concentre el descontento. Entre quienes desaprueban la gestión, según la Universidad de San Andrés, 36% elegiría hoy al peronismo; entre quienes aprueban al Gobierno, 65% votaría a La Libertad Avanza.

La política parlamentaria también entregó una escena de interpretaciones contrapuestas.

En Diputados, oficialismo y oposición terminaron votando juntos, por 249 votos contra uno, el envío a comisión de iniciativas vinculadas con morosidad y discapacidad. Para los bloques opositores fue una victoria: sostienen que consiguieron doblegar la resistencia oficial y obligar al Gobierno a discutir dos asuntos con fuerte sensibilidad social.

La lectura en la Casa Rosada es diferente. Allí afirman que el cronograma ya estaba encaminado, que la votación terminó de formalizar un esquema conocido y que, además, consiguieron evitar que el proyecto sobre morosidad fuera enviado a la Comisión de Presupuesto. Ese detalle es importante: impide que la discusión nazca necesariamente asociada a una solución con costo fiscal.

La oposición consiguió instalar una agenda. El Gobierno consiguió procesarla sin abandonar uno de sus límites centrales. El episodio anticipa un problema que probablemente se repetirá: cómo responder a nuevas demandas sin desarmar el equilibrio fiscal que Milei considera una condición indispensable para sostener la estabilización.

El gran escenario de esa discusión será el Presupuesto 2027.

Los gobernadores llegarán a esa negociación pensando en un año electoral. Reclamarán obras, recursos y compromisos que puedan mostrar en sus provincias. La Casa Rosada tendrá que conciliar esas demandas con su disciplina fiscal y contará, además, con una herramienta para administrar políticamente la relación con mandatarios aliados, dialoguistas y opositores.

Los gobernadores saben que el Presupuesto será una de las últimas grandes oportunidades para asegurar recursos antes de entrar plenamente en la carrera de 2027. El Gobierno necesita votos para aprobar la ley de leyes y allí puede ordenar parte de su futura arquitectura política.

La reforma electoral completa ese tablero. La eliminación o una nueva suspensión de las PASO sigue entre los objetivos de la Casa Rosada y existe un límite temporal exigente. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las reformas relevantes deben resolverse con suficiente anticipación. En los hechos, la discusión tiene que definirse este año si se pretende que las nuevas reglas rijan en 2027.

El calendario político empieza así a correr más rápido que el calendario económico.

Mientras el Gobierno espera que la estabilización termine de consolidar salarios, inversión y actividad, tiene unos meses para resolver el Presupuesto, las reglas electorales y los acuerdos con gobernadores. El año próximo ya será, inevitablemente, un año presidencial.

Malvinas y la disputa por el rumbo

Hay otro terreno en el que Milei buscó ampliar su agenda: Malvinas.

El Presidente habló extensamente del tema en la última reunión de Gabinete. El Gobierno avanzó con decisiones políticas y judiciales frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para avanzar en las obras de la Base Naval Integrada.

La nueva definición de Donald Trump, que dejó abierta la posibilidad de participar de una eventual negociación, agregó un elemento inesperado. Falta saber hasta dónde puede llegar, pero la Casa Rosada considera que existe una oportunidad para mover un escenario diplomático históricamente rígido.

Malvinas permite, además, a Milei ampliar el registro de su Presidencia: Defensa, soberanía, recursos estratégicos y política exterior ofrecen una agenda distinta de la discusión económica cotidiana.

En medio de esas señales cruzadas aparece una convicción que Santiago Caputo sintetizó algunos días atrás. “Reminiscencias de mediados de ‘22. Falta un año para las elecciones. Diagnósticos apresurados y conclusiones atemporales. La paciencia es una virtud. Para variar, no la ven. Todo marcha acorde al plan”, escribió el estratega presidencial.

La frase resume la visión mayoritaria del núcleo de poder. El oficialismo cree que muchos diagnósticos vuelven a cometer el mismo error: convertir cada dificultad coyuntural en una tendencia definitiva. Confía en que el tiempo terminará confirmando la dirección del programa.

Pero esa batalla no se libra solamente con estadísticas.

Según pudo saber Infobae, en las últimas reuniones Milei volvió a expresarse con particular dureza contra el periodismo. En una de esas conversaciones llegó a definir a los periodistas como “el enemigo”. La intensidad no es novedosa, pero adquiere otro significado en esta etapa. Cuanto más contradictorias sean las señales económicas y políticas, más importante será para el Presidente la disputa sobre cómo deben ser interpretadas.

Milei nunca concibió esa discusión como neutral. Cree que una parte del sistema político, económico y mediático intenta erosionar la confianza sobre el rumbo y que esa pérdida de confianza puede convertirse en una profecía autocumplida: menos inversión, menos actividad y más dudas.

La búsqueda de adversarios cumple, además, una función conocida en el mileísmo: ordena a los propios. Cuando el escenario ofrece datos contradictorios, la confrontación ayuda a organizar una explicación y preservar la cohesión de quienes todavía creen en el proyecto.

Eso no significa que el Gobierno pueda resolver con discurso aquello que la economía no resuelva. En el propio oficialismo saben que la variable decisiva seguirá siendo material. El salario tendrá que recuperarse, el empleo deberá mostrar mayor fortaleza y la inversión tendrá que pasar de los anuncios a la economía real.

Milei no necesita que todos los datos sean buenos. Ningún gobierno puede lograrlo. Necesita algo más difícil: que suficientes datos empiecen a contar la misma historia.

Que la baja de la inflación termine acompañada por una recuperación sostenida del salario. Que esa mejora se traduzca en consumo. Que industria y construcción recuperen actividad. Que la estabilidad atraiga inversión y genere empleo. Y que, en política, el Presupuesto, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores permitan transformar la estabilización en una coalición capaz de llegar competitiva a 2027.

La semana que terminó no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció señales cruzadas.

La pelea de Milei será conseguir que esas señales no erosionen la convicción de que el cambio sigue avanzando antes de que los resultados empiecen a converger. En ese tránsito se jugará buena parte de la próxima etapa de su Gobierno.

Porque el Presidente todavía conserva algo decisivo entre quienes lo acompañan: la certeza de que la Argentina está intentando un camino diferente. El desafío ahora es que esa certeza pueda apoyarse cada vez menos en la promesa y cada vez más en una secuencia de resultados.

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Quién sabe si no fue el principio del fin o, diría Winston Churchill, el fin del principio, pero igual sacudió profundo y violento, un desplazamiento de placas tectónicas, a aquel gobierno de Alberto Fernández que caminaba con alegría y con soberbia hacia el abismo.

Hace seis años, el 13 de septiembre de 2020, una gigantesca marcha popular con epicentro en el Obelisco, y círculos concéntricos que llegaron hasta quince puntos diferentes de la ciudad y a varias provincias del interior, reunió a miles de manifestantes que expresaron su decidida oposición al gobierno. Marchaban opositores, es verdad, pero también marchaban miles de decepcionados con la política oficial, con el manejo de la pandemia del Covid-19, contra la corrupción, la inseguridad y con un reclamo a la justicia, a la que le pedían lo de siempre: celeridad, efectividad y que eludiera de alguna forma el intento de reforma judicial que impulsaba el kirchnerismo.

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La gigantesca manifestación pasó a la historia como el “Banderazo”, y fue impulsada desde principios de ese mes por cuentas de Twitter, vinculadas al macrismo, según señaló luego la consultora Scidata. La fuerza de la marcha sorprendió incluso a los organizadores o promotores, si los hubo. Fue de algún modo la culminación de marchas anteriores que ya en abril habían protestado, desde los balcones de los edificios céntricos, con cacerolas y aplausos, en contra del encierro obligado al que forzaba el gobierno, contra la liberación de presos comunes decretada por el kirchnerismo, entre ellos varios violadores, y hasta contra la expropiación de la cerealera Vicentín, de Santa Fe, que se había decretado en junio.

Aquel gobierno se deslizaba en un tobogán que el mismo kirchnerismo enceraba. Tres meses antes del banderazo de septiembre, la decisión de la gente que en vez de quedarse encerrada en su casa como proponía el gobierno, salía a correr por Palermo y por otros muchos otros sitios, se transformó en una cuestión de Estado. Fue un drama para los “runners”, que se empeñaron en desafiarlo todo. El 8 de ese mes, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió flexibilizar la cuarentena y habilitó la salida de los corredores a las calles.

En ese momento, parece que hubieran pasado varios años, Larreta era un candidato opositor a tener muy en cuenta por el kirchnerismo, que le apuntó con todos sus cañones. El Jefe de Gobierno dispuso que los “runners” desplegaran su actividad física dentro de un horario especial y según el número final de su documento de identidad: 0, 2, 4, 6 y 8 en determinados días de la semana, y 1, 3, 5, 7 y 9 el resto de los días. Estalló entonces una polémica sobre si el número 0 debía o no ser considerado un número par. De verdad, eso pasó en el país, no hace mucho y no tan lejos.

El 19 de junio, en abierto desafío al sentimiento popular, algo extraño si no ajeno a un peronista, el presidente Fernández, en un discurso que rozó demasiado cerca a la soberbia, adjudicó el aumento de contagios de Covid a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, un ataque a Larreta. Con un tono inusual y admonitorio, dijo entonces: “¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia”.

No era verdad. El descalabro en la prevención y atención de la pandemia provenía del mal manejo de los recursos sanitarios que había hecho el propio gobierno, emperrado en usar la vacuna rusa Sputnik, de la que sólo llegó la primera dosis porque a Vladimir Putin se le antojó no enviar la segunda, y a la ciega decisión de no aplicar los trece millones y medio de dosis que proveía Pfizer, en reconocimiento al país por haberse prestado a los primeros ensayos científicos.

En ese caldero se cocinó el banderazo. Y también en el cambio de condición de detenido, pasó a arresto domiciliario, del empresario K, Lázaro Báez, acusado de beneficiarse gracias a la entonces presidenta Cristina Kirchner con contratos del Estado y pagos irregulares por cuarenta y seis mil millones de pesos. La protesta también cayó sobre la decisión de Fernández de birlarle a la Ciudad parte de la coparticipación, nueve mil millones en lo que quedaba del año y cuarenta y un mil millones en 2021, para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, sublevada y furiosa. Aunque resulte curioso, esa protesta por el zarpazo a la Ciudad fue también bandera en el interior del país.

El 13 de septiembre era un domingo soleado, un anticipo de la primavera generosa. La ciudad, que llevaba encima seis meses de rígida cuarentena, había decidido protestar de dos formas: o marchaba hacia el Obelisco, o desbordaba los parques porteños y campeaba al aire libre. Basta ya de encierro. A las cuatro de la tarde, las cifras registraban entonces 9056 nuevos casos de Covid y habían muerto ya 89 personas, los primeros manifestantes se reunieron en el cruce de Corrientes y la 9 de Julio, ocuparon la mano hacia el sur y rodearon el Obelisco. Del lado Norte, la avenida ya había sido cortada por agentes de tránsito a la altura de Córdoba, y era allí de donde partía una larga hilera de autos que hacían sonar sus bocinas: gran parte de los manifestantes desfilaron en sus autos para respetar el protocolo de distanciamiento social que regía las vidas de los porteños. Otros, en cambio, ocuparon calles y veredas con banderas argentinas, cacerolas y barbijos. Una de las banderas, hubo de todo: diseñadas por profesionales y escritas a mano alzada, sintetizaba teoría y práctica de la protesta: “Nos tapamos la boca, pero no nos callamos”.

Lo de “banderazo” llegó porque las estrellas de la manifestación fueron las banderas y sus leyendas. Un breve repaso muestra: “¡Alberto! ¡No nos mientas más! ¡No a la reforma! (judicial)”; ¡Respeten la C.N. Basta de gobernar x DNU! ¡Sesiones presenciales ya!” Traducción acaso necesaria: Respeten la Constitución Nacional. Basta de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo de “sesiones presenciales” refería al Congreso, que funcionaba en forma virtual. Otras banderas y pancartas rezaban: “Basta de prohibir el trabajo. Queremos trabajar. Bájense los sueldos. Basta de ser ‘solidarios’ con la nuestra”; “El mentiroso no cambia, solo se transforma”; “Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y laburamos”; “Exigimos Justicia, Basta de Impunidad. Por una República”; “Para Cristina, cárcel ya”; “La corrupción mata y empobrece”. “La calle es nuestra”; “¡Que gobierno de mierd…!”.

Las protestas se extendieron a Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. Llegaron incluso a la Quinta Presidencial de Olivos: sobre la Avenida Maipú, cientos de personas hicieron sonar bocinas y cacerolas y reiteraron, de otra forma, otra inusual protesta de la semana anterior: en el mismo sitio, oficiales de la Policía bonaerense habían lanzado un “sirenazo” de sus patrulleros, en reclamo de mejores salarios.

La respuesta del Gobierno a la marcha, todo se apagó alrededor de las siete de la tarde porque la multitud cumplía con los recaudos frente al Covid, fue el enojo. Algunos dirigentes del kirchnerismo desestimaron la manifestación popular y dijeron que se trataba de “cuatro viejas de Recoleta”. Tampoco era verdad: no eran de Recoleta, no eran viejas y no eran cuatro. Fernández, en cambio, impulsó otro “banderazo”: el de los “argentinos de bien”, con lo que puso a los manifestantes del lado del mal. La grieta. El kirchnerismo la ahondaba y la celebraba; a aquel disparate político le caía al pelo el viejo proverbio de Antonio Porchia: “Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas”.

El principio del fin, o el fin del principio, extendió su sombra ominosa a lo largo de todo un año. Con azarosa precisión, otro domingo, el 12 de septiembre de 2021, hace cinco años, el gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota electoral en las PASO: el kirchnerismo perdió en casi todo el país, incluida la provincia de Santa Cruz, un baluarte electoral de la entonces vicepresidente Cristina Fernández. Si esas elecciones primarias plebiscitaron la gestión de Alberto Fernández, el resultado fue el de un voto castigo al gobierno que llevaba menos de dos años

La alianza opositora de Juntos por el Cambio fue entonces la gran ganadora, con triunfos contundentes en todo el país. Y, en especial, en el distrito menos pensado: la provincia de Buenos Aires, un bastión del peronismo. Allí, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, triunfó por cinco puntos sobre la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Además, la oposición triunfó en otros grandes distritos del país: la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y se extendió a provincias gobernadas por el peronismo como Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Chubut. El Frente de Todos sólo pudo festejar en Tucumán, Formosa, La Rioja y San Juan.

El resultado electoral estaba atado al derrumbe económico, el gobierno de Fernández responsabilizaba de la debacle a su antecesor, Mauricio Macri, y de la incertidumbre con la que el gobierno enfrentaba la pandemia de Covid. El día de la elección, el país padecía ya 5.224.534 contagios y 113.402 muertes. Un mes antes de las PASP, una denuncia había talado cualquier posibilidad de éxito electoral del kirchnerismo: en julio del año anterior, mientras más fuerte era la presión del gobierno por mantener a los argentinos encerrados en sus casas, en Olivos, la entonces primera dama, Fabiola Yañez, había festejado su cumpleaños junto a un grupo de invitados. Fernández quiso eludir su responsabilidad en el desaguisado, intentó hacer pequeño un desastre que era mayúsculo y se refirió al hecho como la fiesta de “mi querida Fabiola”. Este hecho se sumó a uno de los primeros escándalos del gobierno de Alberto: el llamado “vacunatorio VIP”, la decisión del entonces ministro de Salud, Ginés González García, de vacunar a una serie de funcionarios y amigos. La idea de que a la hora de las indispensables vacunas, existían hijos y entenados, mostraba una cara de la corrupción hasta ese momento desconocida: ahora estaba en juego la vida de las personas.

El desastre electoral de las PASO, que de alguna forma rediseñó el mapa político del país con miras a las elecciones presidenciales de 2023, paralizó al gobierno y a sus principales dirigentes: el proyecto político del kirchnerismo había sido herido en su línea de flotación. Recién a las once y media de la noche de ese domingo 12, la plana mayor del Frente de Todos, el Presidente, Cristina Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, subieron demudados al escenario de un bunker levantado en Chacarita, una alegoría, ensombrecido y callado. Sólo habló Alberto Fernández, rodeado por caras largas y abatidas. Dijo poco. Llamó a “dar vuelta la elección” en noviembre, una expresión de deseos, admitió que habían “escuchado con atención el mensaje de las urnas”, como si existiera otra posibilidad, y expresó su intención de resistir: “No voy a bajar los brazos”.

Poco dijo también de la cuarentena más larga del mundo, de los más de ciento diez mil muertos por el Covid, del cincuenta y uno por ciento de inflación, del cuarenta y dos por ciento de pobreza y de las escuelas cerradas y del proyecto de educación virtual en la pandemia, en un país donde el veinte por ciento de los chicos no tenía conexión a Internet, más de trescientos cincuenta mil alumnos había dejado la escuela y casi la mitad de los hogares no tenían Tablet, ni computadora, según cifras de Unicef. A su lado, la vicepresidente observaba.

Cristina Fernández no se limitó a ser testigo de aquella dura derrota: el resultado electoral, de confirmarse en noviembre y todo parecía indicar que así sería, le haría perder al Frente de Todos la cómoda mayoría con la que contaba en el Senado que presidía la propia Cristina. El terremoto político que sacudía al gobierno tendría fuertes réplicas.

El 15 de septiembre, tres días después de las elecciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández y lo mismo hicieron otros once miembros del gabinete, todos cercanos a Cristina Fernández. Al día siguiente, jueves 16, con el gobierno fracturado, la vicepresidenta profundizó la crisis con una violenta carta, en Twitter, que apuntó directo al Presidente: le recordó que había sido ella quien lo había postulado para el cargo y le exigió cambios en el gabinete, en especial, que se deshiciera del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La carta, titulada “Como siempre… sinceramente”, decía: “Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión. Pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”. Reveló también una serie de reuniones con el Presidente, muchas, todas reservadas o cuasi secretas y en la quinta de Olivos, con lo que habló sin mencionarlo de un cogobierno, tal vez una reedición aplacada del famoso “doble comando” que había llevado adelante con su esposo, Néstor Kirchner.

La carta reveló también que Cristina Fernández había hecho fuertes críticas a la política económica del gobierno del que era vicepresidenta: “También señalé –decía el documento– que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez: me cansé de decirlo. Y no sólo al Presidente de la Nación”.

Si existía una posibilidad, lejana, de que hubiese una tregua entre el kirchnerismo duro y la Casa Rosada, la carta de Cristina Fernández la demolió. Alrededor del presidente hablaron de “Mantener la cabeza fría y pensar los movimientos a seguir”, sin dar más detalles. Era admitir la desorientación. Los ataques se hicieron más intensos a través de los fieles seguidores de Cristina: la diputada Fernanda Vallejos, según un audio filtrado a la prensa, habló de Alberto Fernández como de un “okupa” y un “mequetrefe”.

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La crisis no cesó. En las elecciones de medio término del 14 de noviembre quedó ratificado el resultado de las PASO; el kirchnerismo perdió el dominio del Senado, algo que no sucedía en el peronismo desde 1983; la gran ganadora fue la coalición de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. Los resultados también mostraron un crecimiento de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei.

Eran los ecos de aquel banderazo de septiembre de 2020.

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