El juez federal Ariel Lijo citó a declarar en indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.

Lijo ordenó estas indagatorias a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.

Sigman fue citado para el 19 de mayo próximo; Cahn, para el 26 de mayo, y Vizziotti, para el 2 de junio. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.

En su dictamen, de 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.

La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.

Según el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.

De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.

Sin embargo, el Gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.

Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.

“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.

Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”

“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.

Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.

De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.

El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.

Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.

El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.

La fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.

Por segunda vez en sus 28 meses de gestión, el presidente Javier Milei recurrió a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para autorizar el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para que puedan participar de ejercicios militares combinados que se harán la Argentina.

Se trata de los ejercicios Daga Atlántica,que se llevará adelante entre el martes próximo y el 12 de junio con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad de Moreno, y la operación Passex, que se hará entre el 26 y el 30 de este mes en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, por donde pasarán el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada norteamericana.

Milei autorizó el ingreso del personal y medios militares de Estados Unidos mediante el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de una atribución que la Constitución nacional le confiere al Congreso, pero el Poder Ejecutivo argumentó que envió oportunamente a la Cámara de Diputados el proyecto para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos argentinos al exterior entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, iniciativa que aún no ha recibido tratamiento legislativo, por lo que se recurrió a la vía excepcional del DNU.

Como antecedente, se siguió el mismo camino en septiembre del año pasado, cuando a través del decreto 697/2025 se autorizó la llegada de tropas de Estados Unidos para otros ejercicios combinados.

La realización de ejercicios militares con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos refuerza la alianza que el gobierno de Milei sostiene con el presidente de ese país, Donald Trump, en momentos de fuertes tensiones en el mapa internacional, a raíz de la guerra de Medio Oriente.

Entre los fundamentos del decreto, firmado también por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, se señala que “la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en operaciones combinadas en contextos de combate constituye un recurso invaluable para potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Argentina”.

El Gobierno explicó que la participación en el ejercicio DAGA Atlántica “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico”. También se apunta a “estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas en futuras operaciones multinacionales”.

También advirtió el Gobierno en los fundamentos del decreto que “la no participación en dicho ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento militar conjunto combinado en operaciones especiales, al privar a nuestras fuerzas de la oportunidad de interoperar con fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial”. En ese caso –se añade en los fundamentos- se limitaría “la transferencia de conocimientos, la actualización de doctrina, la validación de procedimientos y el fortalecimiento de estándares comunes con socios estratégicos”.

Se intenta fortalecer la cooperación militar y la confianza entre las unidades de fuerzas de operaciones especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y el Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.

En el ejercicio Daga Atlántica participarán unos 150 efectivos argentinos, pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, la Agrupación Buzos Tácticos, la Agrupación de Comandos Anfibios, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la Compañía de Comunicaciones Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, además de elementos de apoyo del de la Guarnición Militar Córdoba del Ejército.

Por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervendrán unos 50 militares, una aeronave de transporte tipo C-17 Globemaster III, dos aeronaves de transporte tipo C-30 Hércules” y C-146 Wolfhound, un Equipo de Dirección del Ejercicio, una sección de Operaciones Especiales, un Equipo Táctico de Operaciones Especiales, con armamento, equipos de comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, dispositivos de visión nocturna, equipamiento de combate (chalecos y placas balísticas, cascos y unidades de protección personal).

La operación combinada tendrá un costo de $ 428,7 millones, solventado con el presupuesto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El ejercicio Passex, que se desarrollará en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, presenta como antecedente la participación del portaviones USS George Washington, de la Armada de los Estados Unidos, en la edición de 2024.

En esta ocasión, por las Fuerzas Armadas argentinas participaránunos 350 efectivos del destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales.Las Fuerzas Armadas norteamericanas desplegarán el destructor ARA Gridley y el portaaviones USS Nimitz. El costo de los ejercicios se estima en $ 466,7 millones.