El gobierno de Javier Milei implementó una serie de modificaciones para la asistencia de personas en situación de calle en todo el país y pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia en particular. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes, establece que la responsabilidad del Ejecutivo pasará a ser solo “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.

A través del Decreto 373/2025, la administración mileísta limitó su alcance e intervención en las políticas públicas destinadas a esta parte de la población e indicó que “actuará como órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia”.

“El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle», expresó el documento

Así, el Gobierno aclaró: “La situación de calle constituye una problemática social de carácter complejo y multidimensional cuya atención exige un esfuerzo concurrente y coordinado entre el Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las competencias son concurrentes y deben guiarse por los dictados del principio de subsidiariedad, según el cual la actuación del nivel nacional encuentra su razón de ser cuando el nivel de gobierno local -por causas objetivas y fundadas- no pueda cumplir de manera plena y eficaz con las responsabilidades que le son propias».

“La intervención del Estado será eficaz en este campo en tanto se despliegue de manera subsidiaria y respetuosa en todo momento del ámbito de actuación que corresponde a los gobiernos locales», expresa el Decreto y marca: “Quedando dispuesto el gobierno central para brindar su oportuno auxilio a las distintas jurisdicciones cuando estas no contaren con los recursos técnicos, humanos o económicos suficientes para afrontar adecuadamente la problemática de las personas en situación de calle, a fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales en todo el territorio nacional”.

Las modificaciones se aplicarán sobre la Ley N°27.654, creada originalmente para proteger los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de perder su vivienda en el país.

Además de pasar la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad (que ahora deberán mantener la ejecución directa de las políticas de asistencia), se estableció que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano -conducido por la ministra Sandra Pettovello- será la nueva autoridad de aplicación, con la función coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.

“Las provincias y la ciudad de Buenos Aires, en su condición de responsables inmediatos de la atención de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, tienen a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes, para lo cual elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios», cierra el documento publicado con la firma de la ministra Pettovello y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según datos del Censo realizado en 2022, en la Argentina hay 2962 personas en situación de calle, la mayoría concentradas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la cifra real es mucho mayor.

El mismo ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, anticipó un aumento de alrededor del 30%, una suba similar a la registrada en 2023. La cifra ronda las 4000 personas, de las cuales 1300 duermen en veredas, plazas y otros lugares del espacio público. El resto, pasa la noche en paradores o refugios.

Una de las principales metas que propone el funcionario tiene que ver con hacer cumplir el eslogan “la calle no es un lugar para vivir”. “Muchas veces la conversación respecto de las personas en situación de calle tiende a la romantización. Por un lado, afirmamos que la calle no es lugar para vivir, pero por otro lado decimos ‘bueno, hay que ver, no sé’. No, la calle no es lugar para vivir porque toda la experiencia que sucede en la calle está vinculada a violencia”, enfatizó durante una entrevista con .

En medio de una incipiente crisis diplomática que involucra al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial y a la isla de Annobón, el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino suspendió todas las actividades oficiales previstas para conmemorar el día de África, tanto en Buenos Aires como en la sede diplomática de Adís Abeba, Etiopía.

La medida se da en un contexto cada vez más complejo. La semana pasada, el primer ministro de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, ocupó todos los medios de comunicación pidiendo “auxilio” al gobierno de Javier Milei frente a lo que calificó como una “limpieza étnica” llevada adelante por el régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinea Ecuatorial. Cartagena Lagar solicitó ayuda humanitaria y denunció torturas, hambruna estructural, represión sistemática y abusos contra menores en su territorio.

La situación escaló cuando el embajador argentino ante la Unión Africana, Juan Ignacio Roccatagliata, se reunió días después con el representante de la dictadura ecuatoguineana, Miguel Ntutumu Evuna Andeme, en Adís Abeba. La foto del encuentro fue difundida por los canales oficiales del régimen como gesto de respaldo diplomático y desató el enojo del gobierno annobonés, que había expresado abiertamente su confianza en Argentina como potencial mediador.

@ambolegadu

Señor presidente @JMilei: Necesitamos saber qué se está negociando con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial y si finalmente condenará el genocidio annobonés en pos de la libertad de nuestro pueblo. Muchas gracias.

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“Señor presidente Javier Milei: Necesitamos saber qué se está negociando con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial y si finalmente condenará el genocidio annobonés en pos de la libertad de nuestro pueblo”, manifestaron autoridades de Annobón en un comunicado reciente.

El pequeño archipiélago de 17 km² fue parte del Virreinato del Río de la Plata hasta su anexión a la colonia española en África, y desde 2022 se ha declarado independiente de facto, aunque aún sin reconocimiento internacional. Su situación humanitaria es dramática: sin agua potable, energía eléctrica ni atención médica, sus habitantes viven bajo una constante militarización, incomunicados del resto del país, y sometidos a condiciones denunciadas por Naciones Unidas, Human Rights Watch, Human Rights Foundation y Amnistía Internacional como propias de una “prisión geográfica”.