Cristina de Kirchner militará desde esta semana la aprobación en el Senado de la reforma previsional con moratoria y aumentos que aprobó Diputados. Será la bandera de la campaña que lanzó el lunes pasado en la publinota por TV y que siguió el sábado en Paso de los Libres.

La acompañaron en Corrientes el jefe del bloque José Mayans y Oscar Parrilli. Desde allí citó a todos los senadores del bloque a una reunión en la sede del PJ en la calle Matheu para coordinar ese envión proselitista. La reforma fue aprobada en una serie de votaciones que desnudaron la debilidad del oficialismo, que intentó rechazarla, al punto de que el bloque de Unión por Todos logró reponer la moratoria.

En el balance final, la libertad de acción de los bloques comprometidos con el Gobierno, como el PRO y la UCR, permitió abstenciones y ausencias que no sólo precipitaron su derrota; también dejaron al oficialismo lejos del tercio necesario para sostener el veto anunciado por el Poder Ejecutivo aun antes de conocerse la redacción final de la iniciativa.

El bloque buscará acelerar el tratamiento en comisión del proyecto para ponerlo en el centro de la campaña. El tema jubilados es un regalo que le hace el Gobierno a sus adversarios por la insistencia en poner la regla fiscal por encima de la situación de los pasivos, un argumento contable difícil de justificar en campaña.

El peronismo tiene que vencer la carrera de vallas que el oficialismo forzará en el Senado para minimizar daños. La primera valla que pondrá Victoria Villarruel será el envío del proyecto a una gran cantidad de comisiones de manera de dilatar su llegada al recinto. Otra es la voluntad ya confesada de las autoridades de la Cámara de impedir que funcione la tarea legislativa en la segunda mitad del año.

Para los intereses del Gobierno nacional, el año legislativo debería terminar el 25 de junio, cuando Guillermo Francos exponga ante el recinto. No extraña porque es un hábito de los oficialismos cancelar la actividad en el Congreso cuando se acercan las elecciones.

Entre tanto, crece el número de legisladores con las defensas bajas porque no tienen chance de renovar y se rematan a cualquier precio. O los que pelean por reelegir alzan su precio. Ocurrió en la última sesión de Diputados, cuando el lote del PRO más ligado a Mauricio Macri le soltó la mano al mileísmo y permitió victorias opositoras.

Fue el mensaje de Macri a Olivos y a su delegado en la transa bonaerense con La Libertad Avanza: 1) que en el acuerdo en Buenos Aires los candidatos del PRO a renovar la banca queden en las listas en lugares entrables; 2) que cesen las hostilidades hacia la gestión de Jorge Macri en la Capital para habilitar también un frente porteño en las elecciones de octubre.

Hay un tercer mensaje para el «Cabezón», que es como llaman con cariño a Cristian Ritondo, enviado de Macri a las líneas enemigas para parlamentar: negociá para todos.

Cristina ejerció la presidencia de la Nación durante un total de 68 días entre 2019 y 2023, en reemplazo de Alberto Fernández por viajes al exterior. En esos 68 días nunca firmó un solo decreto con medidas para remediar esas taras que identifica en el país.

Era la jefa espiritual de aquel gobierno -dijo en la publinota que ella había sido en 2019 «la candidata natural» a la presidencia y se asumió como la responsable de que Alberto fuera presidente-. Se dedicó a criticarlo desde su cargo, pero quedó debiendo el porqué de su silencio durante los 68 días que gobernó sin firmar un solo decreto que revolucionara la Argentina.

Ahora debe el para qué de su candidatura a diputada provincial más allá de la intención de protegerse con fueros de detención, que regirán desde el 19 de julio, fecha de cierre de candidaturas a las elecciones de Buenos Aires. Los fueros protegen desde que uno es candidato.

El para qué es lo que puede darle al sendero del héroe que intenta Cristina ante un revés judicial. Uno de los acompañantes en el palco de Paso de los Libres evocó ante ella el pasaje bíblico: «Te van a contar entre los malhechores» (Lucas, 23-39). Cristina le respondió secamente: «Sí, claro», y cambió de tema.

El protagonismo de Cristina se anota en un contexto de realidad paralela por su situación judicial, que aparece como la contracara de su nuevo proyecto político. Todos quienes la frecuentan tratan de escrutar en sus gestos la respuesta a un inminente fallo de la Suprema Corte sobre su condena en el caso Vialidad.

El silencio del tribunal sólo se quebró con el incidente de la recusación de Ricardo Lorenzetti, que la Corte rechazó. Quienes ven bajo el agua presumen que Lorenzetti habla de acelerar la sentencia final con el propósito expreso de que Cristina pidiera su apartamiento y, de paso, obligar a sus compañeros de la Corte a rechazar la recusación.

Lorenzetti, a quien se le atribuye una astucia santafesina para no dar puntada sin hilo, se cobraría varias facturas al mismo tiempo. La principal con Cristina y el peronismo del Senado que volteó la propuesta de su candidato Ariel Lijo. Algo que no perdonaría nunca quien propuso al Poder Ejecutivo el nombre de ese candidato, con la seguridad de que él conseguiría los votos del peronismo. Para lo demás, silencio.

Este lunes el trío de la Corte recibirá el informe de la Secretaría que ha analizado el caso. Los letrados de cada magistrado han agotado las horas trabajando en el análisis profundo de los recursos. La experiencia indica que, dado el tipo de causa ‘de hecho-prueba’ y de derecho común, el tribunal aplicaría un «280 con fundamentación”.

El artículo 280 del Código de Procedimiento Civil confirmaría la sentencia rechazando el caso federal. La fundamentación de esta decisión, que la Corte ha emprendido en casos anteriores, es lo que puede demorar unos días más la publicidad de la sentencia. La experiencia indica que los cortesanos evitarán pronunciarse bajo la presión de la difusión que tiene el caso por el empeño de Cristina en ser candidata.

Una sentencia de esta resonancia, dice la costumbre, saldría cuando la espuma hubiera bajado. Por ejemplo, un viernes de feriado puente. Si no hay, habría que inventarlo, pero hay uno bien cerca.

El impacto de su detención por confirmación de la condena le abre un sendero de redención que seduce a los políticos de cultura mediterránea, latina y, dígase católica. Es el sendero del héroe sobre el cual ha escrito con profundidad el mitólogo Joseph Campbell.

El camino del héroe incluye un momento de caída, de fingida muerte y posterior de resurrección, de perseguido a triunfador. El síndrome encantador del Conde Montecristo, que vuelve de la muerte para emprender su venganza y reivindicación. La política de estas costas aporta modelos que son más que sugerentes para resistir la inclemencia: Perón, Menem, Lula fueron muertos políticos, pero resucitaron en una nueva singladura.

Hasta Menem pasó del calabozo a la victoria efímera de 2003 ante Néstor Kirchner, presidente como Milei por la magia del balotaje, ese invento de Raúl Alfonsín que pretendía que el peronismo nunca más ganase una elección. Para impedirlo, con éxito, Menem le bajó el piso del 50% al 45% en la reforma de 1994.

Importa si hay una renovación, como exige el modelo de Campbell para la resurrección del héroe, que vuelve con una nueva revelación que lo transforma. La Cristina de la publinota de C5N pareció la misma de siempre. Repitió consignas que la encierran en el túnel del tiempo. Dijo que la burguesía nacional no tiene proyecto nacional a diferencia de la burguesía de Brasil.

¿Qué hará para remediar esa fantasía dialéctica que entonaba el peronismo de los años ‘70? El mismo que cantaba en la plaza hace medio siglo «¡Gracias Isabel!» para festejar la sanción de esa antigualla que es hoy la ley de Contrato de Trabajo. También pidió una reforma constitucional. Así, en el terreno de la ficción, cualquiera gobierna.

La pandemia del populismo guevarista la afecta como a Milei, que propone cambiar la matriz productiva del país y abomina de los 100 últimos años de la Argentina. O la boutade de Facundo Manes sobre que hay que cambiar el chip, cuando lo que se cambia, en todo caso, es el aparato, el chip es siempre el mismo.

La guerra cultural que plantea el Gobierno se extiende a la campaña. Milei clamó ante una audiencia española «¡Muerte al socialismo!». Tiembla en la tumba Norberto Laporta, numen de ese enemigo imaginario que inspira los calores del presidente.

Más prosaico, pero siguiendo la tendencia impuesta en este ciclo de hacer política con discursos de odio, el candidato del PJ en Corrientes, anfitrión de Cristina en Paso de los Libres, lo desafió con escatologías del tipo «¡Si tenés huevos competí con Cristina en las urnas que te vamos a meter la motosierra en el culo!» («Tincho» Ascúa, candidato a gobernador).

Esta deriva hacia el discurso de odio, novedad importada por este gobierno, reviste de trazos gruesos lo que en la Argentina ha sido una convivencia pacífica más de allá de las diferencias.

Virginia Gamba, que ocupa el cargo más alto de un argentin@ en las Naciones Unidas, encabezará el próximo 18 de junio la celebración del Día Internacional contra el Discurso de Odio en la sede del organismo. Gamba es Representante Especial del secretario general para la Prevención del Genocidio.

Estuvo en Buenos Aires para dictar una conferencia en el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales). En su exposición afirmó que el genocidio y otros crímenes atroces van precedidos de patrones de discriminación, exclusión e incitación al odio, basados en la raza, la etnia, la religión u otras características.

Gamba es también Representante Especial para la Infancia y los Conflictos Armados y sabe de odios y atrocidades, siendo responsable de atenderlas y prevenirlas en zonas de guerra como Ucrania y Gaza. Es un privilegio que su voz se haya escuchado en el país, que tiene que tolerar voces oficiales que incitan a los periodistas a potenciar el odio.

Parte de ese debate es el proyecto de Miguel Pichetto para crear un régimen protección a la libre expresión y a la tarea de los hombres de prensa. Lleva la firma de todos los integrantes de su bloque Encuentro. En el texto hay un capítulo que dispone la obligación del Estado «de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa».

El Estado deberá adoptar todas las medidas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad de periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros/as. En particular, deberá adoptar las siguientes medidas:

«Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros/as. Los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a actos de violencia».

Entre las medidas objeto de esta ley se propone «capacitar periódicamente a funcionarios y empleados del Estado respecto de sus obligaciones vinculadas al contenido de esta ley.” Será bueno ver en un aula a los profetas del odio.

El proyecto tiene un antecedente que merece mención: la ley de protección a la libertad de expresión que rige hace más de una década en la Ciudad de Buenos Aires. Esa norma fue objeto de un DNU de Macri cuando gobernaba la Ciudad, que después fue hecho ley por la Legislatura.

Ocurrió en el clima de acoso del gobierno de Cristina de Kirchner a los medios de prensa, a los que intentó domesticar con normas como la Ley de Medios, que se entrometía en los contenidos informáticos. Ante esas amenazas, Macri propuso ese régimen que elaboró el asesorísimo en cuestiones complejas Fabián Rodríguez Simón.

La ley Pepín creó el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión (DNU 2/2013, después se sancionó como la Ley 4565 el 30/05/2013). En diciembre de 2012 el Congreso había modificado la Ley del Mercado de Capitales. Uno de sus artículos abría la posibilidad de intervenir empresas con acciones del Estado.

En aquellos días arreciaron las amenazas de intervención a medios que encontraron apoyos en un sector de la oposición. Elisa Carrió llegó a decir que, si había intervención, ella se encadenaría con otros dirigentes en las instalaciones de las empresas.

El texto de la respuesta a esa amenaza lo redactó Rodríguez Simón sobre la base de la Constitución, que prohíbe leyes de imprenta y la injerencia de la jurisdicción federal para recortar la libertad de expresión. Uno de sus artículos sostiene:

«Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad».

Asimismo, prohíbe explícitamente la clausura de medios o el decomiso de equipos de comunicación. Fue una señal que anticipó el resultado electoral de ese año en las legislativas, que consagró a Sergio Massa como ganador en la provincia de Buenos Aires ante el peronismo de Olivos. La norma está vigente, no ha sido reglamentada, pero tiende un paraguas para los medios y los profesionales radicamos en la CABA.