En una entrevista cargada de preocupación y denuncia, la jefa del área de Laboratorios Especializados del hospital Garrahan, Cristina Alonso lamentó la falta de voluntad oficial para resolver el conflicto salarial y laboral: “El gobierno, desde las autoridades del hospital para arriba, en vez de apaciguarlo o intentar dialogar, sólo respondieron con mentiras, con calumnias, con chicanas y cero diálogo”.

Según relató, la convocatoria a conciliación obligatoria fue una maniobra sin intención real de resolución: “Nos convocaron a una reunión, esperaron que se hiciera la asamblea y se decretara paro para llamar a conciliación. Cuando fueron los representantes de la asociación y de ATE, encontraron a los gremios que firmaron las paritarias que nos trajeron hasta acá y a un par de autoridades intermedias del hospital. Nadie del ministerio de Salud, nadie del ministerio de Hacienda, nadie del Consejo de Administración”.

La profesional subrayó que la supuesta conciliación fue en realidad una provocación: “Una conciliación, uno llama para conciliar con alguna propuesta. No éramos optimistas de que nos fueran a dar la recomposición salarial que estamos necesitando, pero algo… Y eso generó mucha indignación”.

Uno de los episodios más graves que relató Alonso fue el apriete a los residentes: “Los reunieron en el aula magna y los apretaron mal, diciéndoles que tenían los telegramas… los chicos lloraban. Eso nos conmovió profundamente”.

Respecto al supuesto ofrecimiento salarial, explicó: “Hubo un ofrecimiento, pero no el suficiente. Fue primero en un programa de televisión, después por Twitter sin firma y con acusaciones de ñoquis. Finalmente, les ofrecieron un bono no remunerativo, por fuera del recibo habitual, sin estabilidad ni garantías de continuidad”.

Con 22 años de trayectoria en el Garrahan, Alonso aseguró que el hospital vive uno de sus momentos más críticos: “Renuncian compañeros jóvenes, pero también profesionales con experiencia. La escala salarial es chata y hay médicos o farmacéuticos que no llegan a los dos millones de pesos, con 42 horas semanales y muchísima exigencia”.

Además, denunció las campañas de desprestigio contra los trabajadores: “Siempre nos acusaron de ñoquis, de que había más administrativos que médicos. Eso se desmintió con el anuario del hospital. Se hacen más de 400 mil consultas médicas, 80 mil por guardia, 10 mil cirugías, 93 por ciento de ocupación de camas. El laboratorio realiza 2.5 millones de determinaciones por año, algunas únicas en el país”.

Si la Corte Suprema deja firme la condena a seis años de prisión que pesa sobre Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la expresidenta queda inhabilitada para postularse a diputada provincial como anunció días atrás, el Gobierno no podrá polarizar -como analizó en la última reunión de gabinete- con la principal líder opositora en las próximas elecciones, con la idea de “confrontar modelos” como vienen proponiendo en La Libertad Avanza (LLA) a modo de eslógan.

Cerca del Presidente evitaron en las últimas horas hacer cualquier tipo de consideración sobre una eventual resolución de la Corte. En la comitiva que está acompañando a Javier Milei por Europa e Israel aseguraron que “no se habló” de las implicancias de una decisión del máximo tribunal.

“No es nuestro tema. Si la Corte la condena quedará inhabilitada como candidata. Y si no la condena competiremos contra ella”, dijeron a muy cerca de Milei.

Cerca del jefe de Estado, de hecho, en las últimas horas advirtieron que “sin Cristina el peronismo no tiene un elector con votos”. Pero en segundas líneas transmitieron el clima que se percibe desde el inicio de la gestión mileísta. Un colaborador oficial apuntó: “Nunca hubo ningún interés con este tema”. Los libertarios no agitan la bandera de “Cristina presa”, una de las diferencias más evidentes que siempre tuvieron con el gobierno de Mauricio Macri.

El Gobierno cree poder sacar provecho de un escenario de confrontación con Cristina. De hecho, en la Casa Rosada esta semana anticipaban una una campaña que contraste “proyectos”, reiterando el eslogan que los violetas ya llevaron en Capital Federal: “kirchnerismo o libertad”.

En una entrevista con el jefe del bloque de diputados provinciales de LLA, Agustín Romo, apuntó: “Creo que una condena a Cristina va a fomentar la unión del peronismo. Van a victimizarla y se van a subir a esa narrativa para aprovecharla políticamente”. Consultado sobre si prefería competir con la exmandataria en las urnas o que ella vaya presa respondió: “Las cuestiones políticas siempre se definen en las urnas”.

En caso de que la Corte confirme la condena de Cristina, el Gobierno vivirá coletazos en varios planos. Por un lado, el peronismo -que hoy está atravesado por las internas- podría aglutinarse y volver a movilizarse en las calles como ocurrió en el 2022, tras el pedido de condena a la por entonces vicepresidenta por parte del fiscal Diego Luciani.

Por el otro, se reconfiguraría todo el tablero electoral. Todas las hipótesis que se barajaron esta semana cuando la exmandataria anunció su candidatura en la tercera sección electoral de la provincia volverían a revisarse. Días atrás, los funcionarios libertarios comentaron que, con su anuncio, Cristina “asumió la centralidad” del espectro opositor y desplazó de ese lugar a Axel Kicillof. El Gobierno había dejado de subir al ring al gobernador de la provincia con el objetivo de confrontar en materia de gestión, especialmente por los temas de seguridad.

Las vacantes judiciales

Una inhabilitación de Cristina, en tanto, alteraría otro plano crucial para el Gobierno: el de la negociación de las vacantes que hay en el Poder Judicial, especialmente las dos sillas vacías que hay en la propia Corte Suprema.

Luego de que fracasaran los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, en el Gobierno evaluaron encarar una otra vez una negociación con el peronismo para intentar enviar dos nuevos pliegos para el máximo tribunal, además de proponer un Procurador General (el jefe de los fiscales) y completar las múltiples vacantes que hay en el fuero federal. Pero luego Milei transmitió, puertas adentro, que prefiere que este tema espere a la renovación de la composición del Senado en diciembre, luego de las elecciones de medio término.

Por eso el Gobierno le quitó el cuerpo a las iniciativas para discutir una ampliación de la Corte, como propusieron senadores aliados.

Ahora o más adelante, en la Casa Rosada reconocen que resultará muy difícil conseguir los dos tercios en el Senado para aprobar los pliegos sin un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria, donde hasta ahora talla Cristina Kirchner. Si la Corte confirma la condena de la expresidenta, cambiará también ese escenario de negociación.

Un colaborador del Gobierno analizó: “Todo lo que hacen o no hacen los tres jueces de la Corte está vinculado a su preocupación sobre quién va a incorporarse al máximo tribunal y si va a cambiar el eje de poder”. Y agregó: “Quizás este escenario no se hubiera dado si en su momento hubieran votado a Lijo y a García-Mansilla”.