En medio de una creciente tensión política y social, el ataque vandálico ocurrido esta semana en las instalaciones de TN y Canal 13 expuso un entramado de vínculos entre referentes de La Cámpora Tres de Febrero y los principales involucrados. Entre los cuatro identificados, tres de ellos responden directamente a Juan Debandi, figura clave del kirchnerismo en el conurbano bonaerense.

Los implicados en el violento episodio fueron identificados como José Lepere —actual secretario del Interior y ex dirigente de La Cámpora—, Facundo Lococo —ex concejal de Tres de Febrero hasta 2023 y mano derecha de Debandi—, Matías Federici —encargado de prensa del mismo dirigente— y Rubén Ezequiel Pavón —referente del Centro de Estudiantes de la UNTREF, también vinculado al círculo universitario de Debandi—.

La Cámpora Tres de Febrero, culpables de destrozar TN» width=»763″>

La investigación, difundida en el programa de Martín González, confirmó que tres de los detenidos tienen relación directa con la estructura política que encabeza Debandi. La reiteración de nombres asociados al dirigente no pasó desapercibida y reavivó críticas al rol que La Cámpora juega en las universidades y organismos estatales.

En el caso particular de Facundo Lococo, su pertenencia al Concejo Deliberante local hasta el año pasado y su reconocida cercanía con Debandi lo ubican como uno de los principales nexos entre la política local y los hechos delictivos. Federici, por su parte, ha sido parte del equipo de comunicación del dirigente, mientras que Pavón mantiene funciones dentro del ámbito académico donde La Cámpora ejerce influencia creciente.

Juan Debandi aún no ha emitido declaraciones públicas sobre el escándalo, pero los datos que trascienden en la causa judicial lo posicionan en el centro de una estructura que, según denuncias mediáticas, estaría operando en distintos espacios de poder con métodos que hoy se cuestionan duramente.

La oposición ensaya una última maniobra institucional para reanimar la comisión investigadora del caso $LIBRA, el escándalo de la criptomoneda que salpica de lleno al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Tras semanas de bloqueo, y luego de una victoria parcial en el recinto que permitió revivir el cuerpo sin designar autoridades, los impulsores de la pesquisa presentaron un proyecto para cambiar las reglas internas y evitar que el oficialismo vuelva a paralizarla. El foco está puesto en destrabar los empates que mantienen a la comisión sin conducción desde hace más de dos meses.

La iniciativa, encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y respaldada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y el radicalismo no alineado, establece un nuevo mecanismo para resolver el estancamiento. En caso de empate, propone que se designe presidente al candidato respaldado por los bloques que sumen la mayor cantidad de bancas en la Cámara. Una fórmula de carácter institucional, que busca traducir el peso político real de cada sector y evitar repeticiones del empate 14 a 14 que dejó la comisión congelada.

“Después de cuatro meses del escándalo y más de 40 días con la comisión paralizada, queda claro que el oficialismo y sus aliados no tienen ninguna intención de permitir que se investigue el caso LIBRA”, advirtió Ferraro a . “Es indispensable que se respete la voluntad de control mayoritaria de esta Cámara, y esa mayoría debe reflejarse en el funcionamiento de la comisión, en la designación de sus autoridades y en la citación de los funcionarios involucrados”, agregó.

Para el diputado, la estrategia del oficialismo apunta a “vaciar la comisión” y desnaturalizar el mandato votado por el pleno. “Frente al bloqueo político y a la arbitrariedad reglamentaria vamos a proceder con la adecuación de la resolución original, y garantizar que la comisión e investigación avance. Este trámite parlamentario debe resolverse con la urgencia que el caso exige. Que el oficialismo libertario lo entienda con claridad: no vamos a permitir que paralicen ni vacíen la comisión. El Congreso no puede renunciar a su función de contralor e investigar”.

Entre todos los impulsores del proyecto reúnen 136 diputados: una mayoría suficiente como para definir la pulseada. Según el esquema propuesto, la vicepresidencia quedaría en manos del candidato perdedor y la secretaría sería elegida por los bloques que respaldaron al presidente.

El proyecto también propone cambios clave en otros dos frentes: el quorum y los plazos de trabajo. Establece que la comisión sesione bajo el régimen general del reglamento de la Cámara y que, ante nuevos empates en las votaciones internas, el desempate quede en manos del presidente. Además, redefine el inicio del plazo de tres meses para investigar: el cronómetro comenzará a correr recién cuando se designen las autoridades y se fijen los días y horarios de trabajo, para que el tiempo perdido por la parálisis institucional no diluya la investigación.

Aun así, el camino parlamentario que propone Ferraro es lento y complejo. La iniciativa deberá pasar por dos comisiones -Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (Pro), y Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz (LLA)- antes de llegar al recinto. Un periplo que exige tiempo, acuerdos y mayorías estables.

Mientras tanto, y en ausencia de autoridades formales, la coordinación de la comisión seguirá en manos del secretario parlamentario Adrián Pagán. Será él quien deba cursar las citaciones votadas esta semana por los miembros opositores, que lograron reactivar la comisión tras una tensa reunión. Entre los convocados figuran el propio presidente, Karina Milei y tres nombres clave en la trama de la memecoin: el joven desarrollador estadounidense Hayden Mark Davis, citado para declarar de forma remota, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al proyecto y con ingresos frecuentes a la Casa Rosada.

En la oposición no descartan promover un juicio político si los libertarios bloquean las citaciones o desconocen la autoridad de la comisión. El futuro del cuerpo, sin embargo, sigue atado a un hilo. Una eventual irrupción judicial -ya sea local o internacional, si se demuestra perjuicio a pequeños inversores extranjeros- podría volver a poner el caso en el centro de la escena y reactivar la presión institucional.