CORRIENTES.- El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó formalmente hoy a la jueza Zunilda Niremperger la citación a declaración indagatoria de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y actual delegado regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La imputación es por al menos 40 casos de afiliaciones truchas, agravado por su carácter de funcionario público, en concurso real con abuso de autoridad.

Es por esto que el fiscal Sabadini ya logró la imputación del libertario y ahora pide su indagatoria. “Capi” Rodríguez es un aliado del gobernador Leandro Zdero en Chaco. Tiene aspiraciones políticas, a tal punto que dice depender de Karina Milei -y de Eduardo “Lule” Menem– para convertirse en candidato a legislador nacional, pero su situación es cada vez más complicada.

La causa que se le sigue a Rodríguez comenzó con otra denuncia: el cobro de una suerte de aporte a militantes libertarios para pertenecer a la fuerza sosteniendo sus empleos en el Estado, como informó oportunamente . Pero a raíz de eso, y del surgimiento de nuevas denuncias, ahora se investiga un esquema de afiliaciones truchas al partido fundado por Javier Milei.

Según la fiscalía, Rodríguez habría utilizado su posición dentro de la Anses para acceder a bases de datos con información personal sensible y así sumar de forma fraudulenta al partido libertario a ciudadanos que no dieron su consentimiento para eso. Y según el requerimiento fiscal, al que accedió este diario, de unos 60 ciudadanos convocados por el juzgado para constatar su afiliación, 45 se presentaron como testigos. El resultado fue contundente: 40 de ellos negaron haberse afiliado a LLA.

Entre las víctimas hay personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, adultos con escasa instrucción y hasta analfabetos. Todos ellos aparecían como firmantes de fichas partidarias que, en muchos casos, no podían haber rubricado por sus condiciones de salud o de formación.

La sospecha central es que Rodríguez —y su círculo más cercano— habría utilizado las bases de Anses y PAMI para identificar ciudadanos en situación de vulnerabilidad y proceder a su afiliación sin consentimiento. En todos los casos detectados, las planillas estaban acompañadas por fotocopias del DNI y las firmas fueron certificadas por el propio Rodríguez, en su rol de autoridad partidaria. accedió a tres de ellas.

“Las sendas conductas desplegadas por Rodríguez -y su gravedad-, no solo están verificadas en su rol de presidente de La Libertad Avanza en esta jurisdicción, como cara visible de los fines de dicho partido político, sino en su aspecto funcionarial como delegado de Anses, en la Provincia del Chaco; con acceso a base de datos sensibles de todos los ciudadanos de la región, cuestión que en lugar de llevarlo a velar por su registro y custodia, tomó el camino opuesto que es utilizarlos para fines personales, quizás con ansias de una eventual expectativa política en dicho espacio, o bien de puro servicio hacia el mismo. De otra manera no se explicaría el direccionamiento en la selección de identidades a los fines de proceder a la afiliación falsa de personas que difícilmente pudieran verificar si están utilizando sus más personalísimos datos con fines ajenos a su consentimiento”, dice el documento con el que el fiscal solicita la indagatoria a la jueza federal de Resistencia.

“De la gama de testigos/afectados que fueron circulando por esta fiscalía vemos algunos patrones comunes, personas de avanzada edad y con poca instrucción, en algún caso con patología que afecta la capacidad motriz como para efectuar una firma en planilla de afiliación, como lo es el Mal de Parkinson. Todo ello, no sólo configura un abuso de Rodríguez a su rol funcionarial de titular de Anses en la región, al carácter de titular de un partido político de implicancia nacional -y por ende, abuso a preceptos básicos de la democracia y el Estado de Derecho-, sino además a la vulneración de derechos personalísimos a parte de la población que guardan relación con la identidad y la protección al uso de datos personales”, agrega el escrito.

La Libertad Avanza en Chaco no nació con ese nombre. El partido original se llamaba Sociedad Organizada Independiente (SOI), pero tras reunir las más de 4.000 afiliaciones exigidas para obtener la personería jurídico-política, Rodríguez obtuvo el aval de Karina Milei —hermana del Presidente y autoridad partidaria nacional— para rebautizarlo como La Libertad Avanza.

En ese marco, la fiscalía advirtió una estrategia doble: mientras se incorporaban afiliaciones supuestamente fraudulentas, también se rechazaban fichas reales. Este mecanismo, señalan desde la fiscalía fuentes de la investigación, tenía como finalidad bloquear el crecimiento interno y asegurarle a Rodríguez el control absoluto del partido en la provincia. Porque las denuncias y sus ampliaciones surgieron de voces que fueron acalladas en la interna.

La causa se sostiene no sólo con documentación, sino también con testimonios. Entre los más relevantes figura el de Marcos Alejandro Coria, un exmilitante del partido, quien declaró que amigos cercanos de Rodríguez —como Alfredo Moreno y Alfredo Sotelo— transportaban fajos de DNI para rellenar planillas e imitar firmas.

Gerardo Delgado Belaunzarán, médico contratado por PAMI, también denunció haber presenciado el llenado de fichas sin la presencia de los supuestos afiliados. Agregó que Moreno —actual jefe de Prestaciones Sociales del PAMI Chaco— les decía a los empleados que debían aportar dinero si querían acceder o ascender en cargos. Las transferencias eran canalizadas, según varias declaraciones, a través de una cuenta de Mercado Pago y dirigidas a la Fundación Ideas de Libertad.

La propia vicepresidenta del partido en Chaco, Ileana Leticia Aguirre, denunció que tanto PAMI como Anses estaban “manejados por Rodríguez desde las sombras” y confirmó que los aportes no eran voluntarios. También reclamó públicamente la intervención del partido a nivel nacional.

La situación de “Capi” Rodríguez no solo es judicialmente delicada. También enfrenta una creciente presión interna. En junio, un grupo de militantes y referentes libertarios chaqueños elevó una solicitud formal a Karina Milei para exigir la intervención del partido y su remoción. Lo acusan de falta de transparencia, manejo autoritario, manipulación de las candidaturas y hasta de rechazar afiliaciones genuinas.

Otro expediente podría agravar aún más su situación. El 30 de junio pasado, durante un allanamiento judicial al estudio de la contadora Mercedes Alicia Strada —acusada por regularizar servicios laborales inexistentes para otorgar jubilaciones truchas—, se detectó la presencia de un empleado de Anses y del propio Rodríguez en el lugar, sin autorización del juez. La defensa de Strada pidió la nulidad del procedimiento alegando que su presencia impidió el debido control judicial. Si la justicia da lugar al planteo, las pruebas recabadas podrían ser declaradas nulas, afectando no solo esa causa, sino la imagen del propio organismo denunciante.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Rodríguez sostiene públicamente que todo se trata de “chismes” y maniobras en su contra. Dice que podría estar “en la grilla” para ser candidato a senador o diputado nacional en octubre, y que por eso lo atacan. intentó consultarlo, pero no recibió ninguna respuesta hasta el cierre de esta nota.

En declaraciones a la prensa local, Rodríguez asegura no obstante que su candidatura nacional está en manos de Karina Milei. También solía decir que los ataques que recibe obedecen a cuestiones internas, y en su entorno apuntaban a la pata no sanguínea del triángulo de hierro: Santiago Caputo.

Como el conflicto viene de lejos, en la provincia atribuyen a eso que durante la primera visita presidencial de Javier Milei a Chaco, cuando inauguró el templo evangélico más grande del país, Rodríguez brilló por su ausencia. Tampoco se lo ve cuando el gobernador Zdero realiza visitas políticas a Buenos Aires. Una señal clara de su caída en desgracia dentro del esquema libertario, dicen algunos operadores locales.

Lo cierto es que con el regreso de la actividad judicial tras la feria de invierno, el fiscal Sabadini avanzó en el pedido de declaración indagatoria para Rodríguez, que podría culminar incluso con una posible detención preventiva.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este martes un nuevo pedido a la Corte Suprema de la Nación para que se expida sobre el reclamo de deudas previsionales que le exige al presidente Javier Milei. Según la Provincia, el gobierno nacional adeuda $1.603.648 millones en concepto de transferencias de la Anses a la caja provincial y tiene en total deudas por $12,1 billones, al sumar las deudas directas, las obras públicas discontinuadas y los cortes o retrasos en programas nacionales.

“En el día de mañana, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires va a presentar un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando los fondos previsionales que el gobierno nacional le adeuda a la Provincia de Buenos Aires, porque se han producido movimientos en causas similares de otras provincias, pero no en la que en abril de 2024 presentó la Provincia de Buenos Aires”, afirmó este lunes por la mañana Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial, en una conferencia de prensa.

“Se solicitará que la Corte se expida sobre su competencia para entender en la causa y que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las causas de las provincias de Córdoba y Santa Fe”, explicitó Bianco, mano derecha de Kicillof.

El gobierno provincial presentó un informe en el que actualizó las deudas que le atribuye a la Nación. En materia de deudas directas (las deudas efectivas al día), la administración de Kicillof reclama $3.044.800 millones; por lo que agrupó como “saldos de obras públicas comprometidas por el gobierno nacional”, pide el pago de $6.906.928 millones, y en concepto de “discontinuidad o retrasos de programas nacionales”, $2.165.919 millones.

Además de los fondos por transferencias de la Anses, los montos más abultados que reclama el gobierno de Kicillof son los de 180 obras públicas ($4.018.602 millones); los del Plan Procrear ($1.254.900 millones), y los del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), que suman $1.251.271 millones.

El ministro de Obras Públicas provincial, Gabriel Katopodis, dijo en la conferencia de prensa que, “en un año y medio, Milei logró destruir y deteriorar toda la inversión de infraestructura que se había desarrollado durante cuatro años en el país y en la provincia”. Y subrayó: “Es la primera vez en la historia que vemos a un presidente que no ha inaugurado ni un solo kilómetro de ruta o entregado al menos una vivienda”.

También presentó reclamos la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. “Mientras el gobierno nacional paralizó todo y eliminó fondos que financiaban proyectos importantísimos para los bonaerenses, la Provincia sigue con la determinación de continuar todas las obras”, subrayó, y añadió: “Actualmente tenemos 13 obras por $66.000 millones listas para iniciarse, y diez más en proceso de licitación”.

Sería la séptima presentación judicial que el gobierno bonaerense hace frente al máximo tribunal contra la gestión de Milei en su pulseada por el reparto de fondos.