La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió sobre varios episodios que merecen la atención en relación a restricciones a la libertad de expresión, que analizó su Consejo Ejecutivo en la reunión mensual de la entidad.

«Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión», sostuvo en un comunicado ADEPA.

Y agregó: «Hubiera llamado la atención, además, que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994″.

Otras de las cuestiones abordadas por el Consejo Ejecutivo de ADEPA son «las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos de nuestro país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales».

Por ejemplo, no le renovaron todavía la acreditación a la periodista de la radio FM Jai, Silvia Mercado, y hace más de 20 días que no puede hacer preguntas en las conferencias de prensa de Manuel Adorni.

ADEPA destacó que «el trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública. Para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible».

Por último, la entidad insistió «en condenar todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases». Y también alertó «por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas».