La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso llamado “Levinas”, en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será a a partir de este año el órgano judicial ante el cual deben recurrirse las sentencias de las Cámaras Nacionales provocó una enorme polémica y ya se discute crear «una mesa de trabajo» para coordinar cómo implementar para evitar un caos en tribunales.

Como consecuencia del fallo de la última semana del 2024, casi 300 jueces de la Nación dejan de estar sujetos al control directo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se sitúan la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la CABA.

Muchas de esos jueces se resistieron a que sus fallos sean revisados por el TJS de la CABA porque habían sido nombrados por el Senado de la Nación, entre otros argumentos. La resistencia de los jueces demoró la implementación de ese medida que falta a la autonomía de la CABA que decretó la Reforma Constitucional de 1994.

El caso Levinas es un juicio civil de los herederos del genial pintor León Ferrari originada en el pedido de rendición de cuentas por diez obras que posee el periodista y la familia reclama.

El rechazo también provino de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que presidente el juez Andrés Basso, a través de un comunicado en el que se ratificó “la posición histórica de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional frente al fallo «Levinas» de la CSJN».

La AMFJN ya había logrado que el gobierno de Javier Milei no incluyera en la ley Bases la transferencia de los jueces nacionales a la justicia porteña. Pero esta vez no fue el Gobierno, sino una decisión de la propia cabeza del poder judicial de la Nación que no pueden eludir.

Basso convocó a todos los presidentes -entrantes y salientes- de las Cámaras Nacionales a una reunión que se celebró en la sede de la Institución el último día hábil del año. También fueron convocados los representantes de los Ministerios Públicos (fiscales y defensores oficiales) y el gremio judicial. La convocatoria fue muy importante, ya que no hubo ningún ausente de los referentes de la justicia nacional de los fueros civil, comercial, laboral y penal.

En el encuentro, la Mesa Directiva de la Asociación de Magistrados, junto con las autoridades de la justicia nacional, todas las alternativas posibles ante el fallo de la CSJN. Tanto las que ensayará la Asociación, como también las medidas que podrán adoptar cada una de las cámaras dentro del ámbito de su superintendencia, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Posteriormente, Basso encabezó una reunión extraordinaria de Consejo Directivo, con los consejeros que representan a todas las provincias, donde se definieron los cursos de acción que realizará la AMFJN, que constará de variados planteos y presentaciones en distintos ámbitos.

En dicho contexto, el presidente de la AMFJN mantuvo en ayer una reunión con el Procurador General Eduardo Casal.

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, que preside, Ricardo Toranzos, reiteró «su postura contraria a la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos

Lo hizo «en el entendimiento que afecta los principios de inamovilidad y estabilidad de los fiscales nacionales, garantizados en el art. 120 de la Constitución Nacional«, agregó la nota de Toranzos.

La Corte hizo «un análisis parcial del contexto institucional, ya que no tuvo en cuenta las modificaciones de las condiciones de servicio de los magistrados nacionales, en cuanto se alteran sustancialmente su estabilidad y autonomía, al cambiar sin sustanciación su régimen disciplinario, de control y de promoción».

Por ello, la asociación de fiscales exhortó «a las autoridades políticas, tanto del orden ejecutivo como parlamentario, a una prudencia especial al momento de adjudicar y aplicar los efectos colaterales de la sentencia, para evitar cualquier riesgo de injerencia indebida en la relación laboral de los fiscales, funcionarios y empleados que puedan interpretarse como un ataque a la independencia y autonomía del Ministerio Publico Fiscal».

Por otra parte, «nos ponemos a disposición para participar en cualquier mesa de trabajo interinstitucional, que tenga por objeto la medición del impacto negativo en los justiciables por el traspaso de la Justicia Nacional, señalaron los fiscales al igual que los abogados y los jueces.

Por un lado, el presidente del Colegio de la Abogacía de la CABA, Ricardo Gil Lavedra destacó “el enorme aporte de lo decidido en favor de la plena autonomía de la ciudad y del respeto al texto explícito de la Constitución N»acional”.

Pero otro lado, el ex camarista que juzgó a los ex comandantes objetó “la ausencia de una ley que habilite un cambio institucional tan significativo, no puede ser superado por un fallo de la Corte Suprema”.

No obstante, “lo cierto es que se trata de una decisión del más más alto Tribunal de la República, intérprete final de la Constitución, que debe ser fielmente acatado”.

En esas condiciones, advirtió que “la implementación práctica de la sentencia no se encontrará exenta de dificultades” sobre cómo se tratarán a partir de febrero miles de causas de juzgados nacionales.

En efecto, Gil Lavedra se preguntó: “¿Cómo se resolverán los problemas derivados de la diferencia entre los sistemas de gestión informática de causas Lex 100 (de la justicia nacional) y EJE (de la porteña)? ¿Qué impacto tendrá el uso de reglas procesales diferentes en el trámite de los expedientes? ¿Qué medidas se están considerando para superar los desafíos que genera la aplicación del fallo?”

Para tratar de evitar perjuicios a los ciudadanos el CPACF pidió “a composición urgente de una mesa de trabajo con los actores involucrados, en las que la abogacía tiene que estar presente, para tratar de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la CABA que presidente Alberto Garay, en un comunicado manifestó también su preocupación “por el impacto del fallo en el ejercicio de la profesión. Sería muy preocupante que se reediten situaciones de rebeldía (de parte jueces), como ha ocurrido ocasionalmente en el pasado, que perjudican fundamentalmente a las partes litigantes”.

“El Gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben disponer rápidamente las medidas que fueren necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia del Alto Tribunal. Obviamente, el llamado a extraordinarias se hace impostergable”, agregó este otro colegio.

Por otro lado, «las cámaras nacionales de apelación y la de Casación deben superar conductas corporativas que sólo lograrán castigar a las partes litigantes, postergar inútilmente el trámite de las causas y deteriorar la imagen que del Poder Judicial tiene la sociedad”, destacó.

Por último, “un esfuerzo a la altura de las circunstancias se reclama del Superior Tribunal de Justicia porteño. Su trabajo aumentará exponencialmente y necesitará arbitrar cambios en su estructura organizativa para poder procesar la multitud de causas que le llegarán de todos los fueros nacionales”.

En conclusión el colegio de abogados de Daray “reclama de las autoridades nacionales y de las porteñas que, con carácter urgente, tomen cartas en el asunto, arbitrando durante el mes de enero próximo las medidas que sean necesarias para instrumentar lo resuelto por la Corte Suprema, de manera de poder comenzar la actividad profesional y jurisdiccional en febrero de 2025 de manera ordenada”.

En ese sentido el ministro de Justicia Porteña Gabino Tapia consideró el fallo fue “otro gran paso hacia la consolidación de nuestra autonomía: la Corte Suprema determinó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el órgano encargado de intervenir en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria”. El año pasado ya había creado un fuero laboral propio para la CABA. Gabino deberá reunirse con su par nacional, Mariano Cúneo Libarona para implementar la puesta en marcha del fallo Levinas.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, dijo que es un “fallo a la medida de la familia Macri que quiere que el juicio por el Correo se debate en la justicia porteña y no la nacional”.

EL Tribunal Superior de Justicia de la CABA, está compuesto por los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis F. Lozano, Marcela V. De Langhe y Santiago Otamendi. Weinberg fue la candidata del ex presidente Mauricio Macri a ser Procuración General de la Nación pero su postulación no consiguió los votos necesarios en el Senado. Y ahora todas las miradas se dirigen a ello por la tarea de coordinación que les esperan.