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Afirman que el gobierno de Maduro habilitará a los opositores refugiados en la embajada argentina a viajar a Buenos Aires

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CARACAS.- El gobierno de Venezuela otorgará salvaconductos a los seis asistentes de la líder opositora María Corina Machado refugiados hace más de una semana en la embajada argentina en Caracas para que viajen a Buenos Aires, dijo el viernes una fuente del gobierno a la agencia Reuters.

Los seis dirigentes opositores, incluida la directora de campaña Magalli Meda, previamente considerada como un posible reemplazo de Machado en las elecciones presidenciales de este año, buscaron protección en la embajada en marzo después de que la oficina del fiscal general anunciara órdenes de arresto contra ellos.

“Les hemos dado salvoconducto a esas seis personas. Estamos esperando que la Argentina los lleve a Buenos Aires”, dijo la fuente del gobierno de Maduro, según Reuters. “El gobierno venezolano les ha permitido extraordinariamente salir del país por razones humanitarias”.

Si bien a los opositores se les permitirá dejar el país, la causa penal contra ellos permanecerá, agregaron.

Consultada al respecto, Machado no confirmó la noticia y dijo que “es una relación que se está manejando con el gobierno de Argentina y con su representante en la embajada de Venezuela”. La Cancillería argentina tampoco confirmó el traslado, ante una consulta de LA NACION.

En las últimas horas, el gobierno argentino había confirmado a LA NACION que enviaría al diplomático de carrera Andrés Mangiarotti a Caracas para hacerse cargo de la embajada donde los seis opositores al chavismo están alojados desde hace diez días y ponerse al frente de las negociaciones para un salvoconducto.

En el interior de la embajada permanecen parte del equipo político más cercano a María Corina Machado, encabezado por Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de total confianza de la líder opositora, y Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por la dirigente liberal-conservadora. Los acompañan el exdiputado Omar González, que en la actualidad funge como uno de los coordinares regionales del comando electoral; el experto electoral Humberto Villalobos, uno de los más prestigiosos del país, y Claudia Macero, al frente de la comunicación del partido. Una sexta persona prefería mantener su identidad en el anonimato por seguridad.

En el comunicado oficial de Presidencia sobre el tema, el Gobierno denunció que la embajada había sufrido una interrupción del suministro eléctrico a partir de la recepción de los opositores.

“La valentía mostrada por los funcionarios de la cancillería argentina en Venezuela son gestos que los enaltecen. La posición del presidente Javier Milei es absolutamente valiente, nos sentimos seguros acá”, explicó Omar González en una entrevsita con Radio Rivadavia hace una semana.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo en marzo que dos personas cercanas a Machado habían sido arrestadas, mientras que otros siete miembros de su equipo tenían órdenes de detención. Los arrestos y las órdenes fueron por presunta participación en conspiraciones planificadas, dijo.

Machado ha negado cualquier acusación de mala conducta por parte de su equipo.

La semana pasada, la Casa Rosada dijo estar preocupada por la persecución de líderes políticos en Venezuela, poco después de confirmar que las seis personas estaban en la embajada.

Agencia Reuters




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La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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