Desde 2017, la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, se ha visto afectada por una insurgencia islamista liderada por el grupo Al-Shabab, que posteriormente juró lealtad al Estado Islámico en 2019. A pesar de ser una región rica en gas natural y rubíes, la pobreza extrema ha facilitado el reclutamiento de jóvenes por parte de los insurgentes. Este conflicto ha tenido consecuencias devastadoras, incluyendo desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura y graves violaciones de derechos humanos. El impacto no solo afecta la estabilidad de Mozambique, sino que también compromete la seguridad de toda la región del sur de África, según informes de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

El desplazamiento de más de 700 mil personas hacia países vecinos como Tanzania ha ejercido una presión considerable sobre los servicios públicos de esos países, lo que ha agravado las tensiones sociales. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Tanzania ya enfrentaba desafíos económicos y este flujo migratorio ha aumentado la carga en las comunidades receptoras. Además, la insurgencia en Cabo Delgado está conectada con redes extremistas internacionales, lo que aumenta el riesgo de que la violencia se extienda a otras naciones del sur de África, como Zimbabue y Sudáfrica, donde las condiciones sociales pueden hacer que estas ideologías encuentren terreno fértil.

Por otro lado, el sector energético de Mozambique, clave para el desarrollo económico del país, está gravemente afectado. Empresas como TotalEnergies, que tenían inversiones valoradas en más de 20.000 millones de dólares en proyectos de gas natural en la región, han suspendido sus operaciones debido a la inseguridad, según declaraciones del CEO de la empresa, Patrick Pouyanné. Esto no solo ha perjudicado a la economía local, sino que también ha puesto en riesgo la estabilidad energética de la región, afectando a las naciones vecinas que dependían de esos recursos.

Las raíces del conflicto son profundas y complejas. A pesar de las significativas inversiones extranjeras, los beneficios de estos proyectos no han llegado a las comunidades locales. La marginalización histórica, la pobreza persistente y la falta de acceso a los beneficios económicos han creado un resentimiento que ha sido aprovechado por los insurgentes. Al-Shabab ha capitalizado este descontento, extendiendo su control sobre áreas clave como Mocímboa da Praia. Si bien la intervención militar de Ruanda y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en 2021 permitió recuperar parte del territorio, las causas estructurales que impulsan el conflicto no han sido abordadas de manera efectiva.

Filipe Nyusi, presidente de la República de Mozambique.

El impacto humanitario es igualmente alarmante. Los campos de desplazados en Cabo Delgado y las regiones circundantes carecen de servicios básicos como alimentos, agua potable y atención médica. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido sobre una crisis alimentaria y sanitaria en la región, agravada por el colapso de las actividades económicas esenciales como la agricultura y la pesca. A esto se suma la propagación de enfermedades infecciosas debido a la falta de acceso a atención médica adecuada. Tanto los insurgentes como las fuerzas gubernamentales han sido acusados de cometer violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, secuestros y torturas, lo que profundiza aún más la crisis humanitaria.

El conflicto también puede entenderse desde la perspectiva económica del premio Nobel de Economía, Gary Becker. En su estudio Crimen y Castigo: Un Enfoque Económico, Becker sostiene que las personas toman decisiones basadas en incentivos económicos, incluso en contextos de criminalidad. En Cabo Delgado, muchos jóvenes, marginados por la falta de oportunidades económicas, encuentran en la insurgencia una forma de mejorar su situación personal. La exclusión de la población local de los beneficios derivados de los recursos naturales, como el gas, crea un ambiente propicio para que estos jóvenes opten por la insurgencia, tal como Becker describiría: un cálculo racional de costos y beneficios. Para revertir esta tendencia, no es suficiente una respuesta militar; es fundamental mejorar las oportunidades económicas.

Adriano Maleiane, primer ministro de Mozambique.

En cuanto a las reacciones internacionales, organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONU han manifestado su preocupación por la situación en Cabo Delgado. Catherine Gendre, jefa de la delegación del CICR en Mozambique, afirmó que miles de personas han huido por sus vidas y viven en condiciones extremas sin acceso a alimentos, agua ni atención médica. La ONU también ha señalado que la cifra de desplazados sigue creciendo, y ha instado a la comunidad internacional a aumentar el apoyo humanitario para cubrir las necesidades inmediatas de refugio, alimentos y atención médica.

El conflicto en Cabo Delgado es un claro ejemplo de cómo la combinación de pobreza, falta de integración social y explotación de recursos por intereses externos puede desencadenar conflictos de gran escala. A pesar que se ha reportado una disminución de las actividades de los insurgentes la realidad es que la región seguirá siendo vulnerable a la inestabilidad y al extremismo si no se adoptan estrategias que aborden las raíces socioeconómicas del conflicto. La comunidad internacional debe intervenir con una estrategia integral que no solo contemple acciones militares, sino que también incluya políticas de desarrollo que ofrezcan alternativas viables a la población local, mitigando así las condiciones que perpetúan la insurgencia y el sufrimiento en la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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