Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.

Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.

No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.

La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.

Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.

Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.

A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco

Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.

Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.

Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.

Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.

“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.

En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.

A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.

Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar

Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.

El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae consecuencias como lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.

Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.

El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.

Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.

Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.

Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.

Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.

Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.