El Gobierno llevó adelante en sus cuatro años de mandato unos 12.200 concursos en la administración pública nacional de los cuales poco más de 9 mil se culminaron y, por ende, deberían posibilitar que los empleados y profesionales que participaron de los mismos puedan ingresar a la planta permanente del Estado

Si bien el programa «Concursar» surgió como un intento de regularización del universo de agentes que desde hace años revisten en forma precarizada en distintas reparticiones públicas, el mismo no terminó cumpliendo las expectativas de los gremios estatales que esperaban que al menos 30 mil alcanzarán la ansiada estabilidad. Pese a las quejas, admiten que la pandemia dificultó el normal desenvolvimiento del proceso.

De acuerdo a un relevamiento de Jefatura de la Gabinete, al que tuvo acceso este diario, en los cuatro años de mandato del perimido Frente de Todos (FDT) se realizaron 12.200 concursos entre agentes de 67 ministerios y organismos del Estado nacional.

De ese total, durante el período se registraron 6490 designaciones mientras que 2487 agentes quedaron en «trámite de designación», y sólo 35 «con acta de orden de mérito, en este último caso, en el ultimo escalón hacia la ansiada estabilidad. En todos los casos, se completó el proceso requerido para concursar los cargos. En cambio, unos 3188 puestos quedaron vacantes, es decir, no fueron cumplimentados.

El informe se conoce luego que trascendiera que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, decidió la renovación de casi 5 mil contratos de empleados públicos que trabajan en la planta transitoria.

El ranking de organismos con mayor cantidad de pases a planta permanente por concurso lo encabeza la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, con 680 cargos aprobados. Luego le sigue la Dirección Nacional de Migraciones .-también dependiente del Ministerio del Interior-, con 551, y después el ministerio de Desarrollo Social, con 479.

Si bien la «motosierra mileísta» estaría centrada en aquellos empleados que fueron contratados en el último año y medio por la actual gestión, hay un sector de quienes terminaron los concursos que no estarían a salvo de una eventual poda de la planta estatal.

Se trataría de aquellos numerarios que recién alcanzarían la estabilidad plena pasados los 12 meses de terminado el proceso y, de acuerdo con lo previsto por la ley 25.164, deberían pasar dos evaluaciones semestrales.

Es por eso que gremios como ATE reclamaron al Ejecutivo modificar esa reglamentación que consideran injusta hacia quienes llevaron a cabo los exámenes previstos y desde hace más de una década revisten en el estado bajo un régimen de contratación de renovación anual.

Según los números informados por el sindicato, la «pandemia y las dificultades de gestión» solo permitieron a la actual administración regularizar la situación laboral de «aproximadamente 5,200 trabajadores que tenían más de 10 años de contratados y 1300 profesionales de más de 5 años (de antiguedad), todos ellos designados después de concluir el proceso de selección en la planta permanente de la administración pública nacional».

Ahora los gremios deberán convivir con una gestión que está decidida a «achicar» la planta estatal. Al cierre de esta edición, no había sido oficializado el titular de la Secretaría de Innovación que tendría a su cargo la auditoría sobre los distintos organigramas del Estado.