El listado de objeciones e impugnaciones a los candidatos de la gestión Milei a la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un récord histórico. Las mismas se acumulan por cientos, y refieren a la falta de idoneidad jurídica y ética de Ariel Lijo, lo cual, por evidente, no requiere mayores explicaciones. De Manuel García-Mansilla se señala el riesgo de conflictos de intereses, un currículo relevante pero endogámico, y un perfil extremadamente conservador, quizás reaccionario. A modo de trasfondo de ambas candidaturas, la pretensión del gobierno de constituir una Corte exclusivamente masculina, de lo cual emana un inocultable olor a naftalina.

El candidato Ariel Lijo expresa la negociación con un sector de la casta política judicial, la cual ha hecho de los negocios espurios el objeto de su actuación. Ese sector de la “casta” (en lo cual se entrecruzan políticos, empresarios, sindicalistas, jueces) necesita asegurar la impunidad y Lijo expresa esa justicia centrada en Comodoro Py que hace de la negociación con el poder el modo de existir. Para ser justos, ni es todo Comodoro Py, tampoco es sólo Comodoro Py, pues honestos hay en todos lados y corruptos también. Basta ver el comportamiento de algunos jueces federales de provincia cuya consonancia con el poder local es pornográfico.

Este candidato debería ser invotable para los senadores que creen que la decencia y la honestidad son un valor no negociable. Sin embargo, contra todo pronóstico razonable dicen los operadores que “el número está”. ¿Cómo es esto posible? La respuesta, a nuestro entender, está en la Confederación.

Cuando el senador Francisco Paoltroni le preguntó en la audiencia pública qué opinaba sobre la reelección indefinida del gobernador Insfrán (tema a decisión de la Corte Suprema), el candidato Lijo ni siquiera intentó eludir una respuesta alegando el eventual riesgo de prejuzgamiento.

“¿Qué opina usted de la reelección indefinida?, preguntó el senador recientemente expulsado del bloque libertario. “En el marco del federalismo las provincias pueden establecer distintos sistemas de elección del Gobernador”, respondió Lijo, adelantando que fallará a favor de Insfrán, pues entiende que el “federalismo” no permite a la Corte Suprema control sobre las instituciones de derecho público.

Lijo deja claro que no aplicará los criterios recientes de la Corte en el caso de San Juan (CSJ 561/2023 Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de s/ amparo”) cuando la Corte dijo: “Que el equilibrio entre los valores del federalismo y aquellos que sustentan el sistema republicano explican que esta Corte intente ejercer su atribución de revisión judicial de las normas o actos provinciales con prudencia, limitando las declaraciones de inconstitucionalidad a los más excepcionales supuestos, pero sin soslayar la gravedad institucional que podría suponer convalidar comicios con ofertas electorales inconstitucionales” (Fallos: 336:2148, considerando 10) y en igual sentido el caso Tucumán (CSJ 687/2023 Partido por la Justicia Social c/ Tucumán, Provincia de s/ amparo).

Tampoco se siente obligado por la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció que “la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder y, de este modo, asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes“, y concluyera, en jurisprudencia obligatoria, que Lijo debería conocer, que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Sin duda el gran avance registrado en la función de control de la Corte Suprema en los últimos años fue haber abandonado el criterio que establecía que “las cuestiones de derechos público local” no eran revisables por la Corte, y aceptar revisar esas cuestiones, cuando se había violado el sistema republicano de gobierno, por aplicación el artículo 5 de la Constitución.

Ese cambio de criterio, desarrollado ampliamente en “Sotelo” (Fallos 335 II. SAIJ: FA12000226) posibilitó que la Corte recorriera el saludable camino de controlar los regímenes federales para impedir que la “autonomía” sea el pretexto para entronizar feudos antidemocráticos, como sucede en Formosa, y como amenazaba a Tucumán y San Juan. Sin embargo, para Lijo el “federalismo” legitima todo.

Queda así expuesto el punto de consenso que puede explicar la eventual designación de Lijo, que no es la impunidad de Cristina Kirchner, difícil ya de justificar la suma de voluntades, sino el aseguramiento de todos gobernadores de una Corte que les garantice la impunidad y la no intervención del gobierno federal en los cada vez más cerrados feudos provinciales. Y lamentablemente, al observar algunos posicionamientos y silencios parece que tal objetivo es transversal a los partidos políticos.

Lijo aparece, así, como garante de la “Liga de Gobernadores” que, ante la virtual pulverización de los partidos políticos, parecen pretender ocupar la totalidad del escenario político. La “Federación” de estados autónomos, limitados en sus malas prácticas por una Corte Federal dispuesta a poner algunos límites y modelar sistemas republicanos un poco más decorosos, llegará a su fin. Una nueva mayoría, conformada por advenedizos y retrógrados, estará llamado a legitimar, so pretexto de la autonomía provincial, toda forma de caudillismo y negocios espurios en los estados provinciales.

Volveremos a ser la “confederación” previa a la Constitución, en la cual cada caudillo manejará las cosas a su antojo y los poderes concentrados negociarán con ellos y distribuirán ganancias ante una sociedad dominada y empobrecida. El “modelo formoseño” reproducido en todo el país. Los senadores de Gildo Insfrán ya tienes sus votos listos para asegurar la continuidad del eterno caudillo formoseño y su reelección eterna. Resta ver si quedan reservas éticas en otros sectores o partidos para poner freno a este proyecto de retroceso al siglo XIX, o el mismo se concretará. Si así fuera tendremos que despedirnos de la República y observar el regreso al pasado, y asumir los costos de vivir con una Constitución que no se aplicará fuera de los estrechos márgenes de la Avenida General Paz.

• El autor es diputado nacional por la Unión Cívica Radical (Formosa) y ex juez federal.