El Gobierno se comprometió a terminar obras públicas en las provincias para lograr el apoyo de los gobernadores a la Ley Ómnibus y al DNU 70/2023. Según pudo saber TN, las prioridades del Ejecutivo son los proyectos de seguridad vial, cárceles y obras para evitar inundaciones. Tienen que tener un alto porcentaje de avance, alrededor del 80%.

La Casa Rosada abrió esta posibilidad en su última reunión con los mandatarios del norte en la provincia de Salta. Estuvo el ministro de Interior, Guillermo Francos, junto al vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, el titular de Provincias y Municipios de la Nación, Javier Milano, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

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La misma oferta aplica para los gobernadores de Juntos por el Cambio, con los que el Ejecutivo se reunirá el 4 de abril y para los patagónicos que llevan un esquema de negociación “uno a uno”. No está definido si hay intenciones de avanzar en el diálogo con el peronismo que lidera Axel Kicillof (Buenos Aires).

El Gobierno espera que los mandatarios les señalen las obras públicas de prioridad con un alto porcentaje de avance para poder transferir los fondos para que se terminen. La mesa política de oficialismo -integrada por Catalán, el asesor presidencial Santiago Caputo y el subsecretario Lule Menem- ya realiza el poroteo para Diputados y el Senado.

Uno de los principales ejes de la negociación de la Ley Ómnibus es la provincia de Córdoba, que lidera Martín Llaryora, que ahora es aliado del Gobierno, pero hasta hace poco fue enemigo. Según pudo saber TN, una de las prioridades del mandatario provincial es la autopista Córdoba-San Francisco, a la que le faltan inaugurar dos tramos.

Mientras que el trayecto entre San Francisco y Jeanmarie tiene un avance del 32,33% y un costo estimado de $33.479.254.382, el que unirá a las localidades de Arroyito y Río Primero está completo en un 51,95% y tiene un presupuesto de $15.400.015.599.

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Otra obra en cartera es la rehabilitación del trayecto de la ruta 9 entre Bell Ville y Pilar, que avanzó en un 72,23% y tiene un presupuesto de $8.402.806.478. Lo mismo aplica para la obra en la ruta 38 (Villa Carlos Paz-Cruz del Eje), que logró un progreso del 90,62% y ya lleva ejecutados más de $2.624.855.766.

La provincia cuenta además con el 62,12% del proceso del saneamiento de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, que comprende el sistema de saneamiento básico para los desagües cloacales y contempla las siguientes obras: Cloaca Máxima, Estación de bombeo, cañería de impulsión, planta de tratamiento y Emisario Final. Ya lleva gastados $2.213.641.782.

Otro territorio clave de la negociación de la Ley Ómnibus es la provincia de Santa Fe que lidera Maximiliano Pullaro, que ya tuvo muchos cortocircuitos con el Ejecutivo por la caída del proyecto en Diputados en febrero. Tiene 189 obras en ejecución con un presupuesto de $249.987.480.452 y solo cuenta con 26 proyectos con más del 80% de avance.

Según pudo saber TN, entre las obras públicas de prioridad en el territorio santafesino se encuentra el Centro Federal Penitenciario de Coronda, que avanzó solo un 25,68% y tiene un costo estimativo total de $4.107.517.550. El gobernador quiere que la cárcel sea cedida a la provincia y se utilice para presos de alto perfil.

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Más allá de que no avanzó más del 30%, ya lleva ejecutado el 56% del presupuesto, es decir $2.176.984.301. El proyecto fue iniciado en 2015 y estaba planificado que termine en 2023, pero no pudo ser finalizado. Tendría capacidad para 462 internos.

Pullaro también quiere acelerar obras de vialidad como el mantenimiento la ruta 11 junto con la recuperación de trayectos de la ruta 178. Apunta además a elevar la finalización de diversas defensas.

El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también tiene las alineadas las obras públicas que considera de prioridad y quiere negociar con el Gobierno para conseguir fondos para terminarlas.

Uno de los casos es el del complejo penitenciario Benjamín Paz, que lleva un avance del 47,95% y tiene un costo estimativo del $7.881.837.316. Tiene fecha de finalización para este año y ya lleva gastados $3.625.645.165.

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Jaldo expresó ayer: “Es importante la relación de las obras con la seguridad, tanto a nivel nacional como provincial. Se continuará con aquellas obras que tengan impacto directo o indirecto en la seguridad pública, como la construcción de edificios carcelarios para albergar a los infractores de la ley”.

Otro de los proyectos en línea es la red de colectoras y planta de tratamiento de líquidos cloacales de la municipalidad de Burruyacu, que ya lleva un progreso del 71,81% y y tiene un presupuesto estimado de $343.688.863. Lo mismo aplica para la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Concepción, que avanzó un 75,14% y cuesta $2.002.466.146.

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Se impulsan también proyectos de otras provincias como el de optimización y ampliación de la planta depuradora de Sur Salta Capital, que va por el 32,77% de su progreso y costaría $7.281.793.637.

La provincia de Misiones tiene una obra de saneamiento de la cuencia del brazo oeste del arroro Itá con avances del 66,68% y gastos estimativos de $4.884.625.248. San Juan también se apunta para que le den fondos para terminar el acueducto Gran Tulum, que lleva un progreso del 48,34% y presupuesto de $14.650.454.113.

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