La Justicia hizo un operativo en el Banco Nación en busca de documentos relacionados con la contratación de “Pitty, la numeróloga” y de familiares de Silvina Batakis. Fue tras la imputación por parte del fiscal federal Guillermo Marijuan a la presidenta de la entidad bancaria.

El funcionario acusó a la exministra de Economía por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. También fue imputada María del Carmen Barros, la gerenta general del Banco Nación.

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Después de abrir la instrucción de la causa, Marijuan solicitó una serie de procedimientos en la sede central de la entidad, ubicado en Bartolomé Mitre al 326, en la Ciudad de Buenos Aires. Este pedido fue avalado por el juez Daniel Rafecas. Lo que buscan son documentos que aporten datos a la investigación para establecer si la exministra incurrió en el delito de corrupción.

En la denuncia que se presentó ante la Justicia señala que Batakis y Barros, sin contar con el aval del directorio, habrían intervenido en el ámbito de sus funciones para la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga” para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000.

Así como también la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de la gerenta, al frente de una gerencia en la casa matriz.

Por otro lado, la titular del Banco Nación está acusada de aprobar a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerenta general de la entidad, comenzara a cobrar una desorbitante cifra.

Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe Barros se acerca a los 9 millones de pesos. Su primer cobro fue equivalente a US$15.000.

El argumento que usó Batakis es que en otros bancos, incluso en aquellos que son públicos, el gerente general tiene un salario de esa dimensión, por lo que correspondía habilitar esa suba. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión no solo por haberla tomado de manera unilateral, sino por el contexto económico post-PASO en el que lo definió.