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Boleta Única: el proyecto está trabado en el Senado y preocupa al Gobierno por el futuro de la Ley Ómnibus

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Pasó una semana desde que el proyecto de Boleta Única obtuvo dictámenes en el Senado y el panorama para su aprobación sigue siendo complicado. Las trabas que encontró la iniciativa electoral despertaron alertas en la Cámara Alta sobre el escenario que podría esperarle eventualmente a la Ley Ómnibus, que se discute ahora mismo en Diputados, donde todavía debe pasar una prueba de fuego.

Victoria Villarruel, pese a estar formalmente a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, se concentra en la agenda parlamentaria. En su entorno aseguran que mantiene diálogo constante con los distintos bloques parlamentarios para intentar destrabar la aprobación de la Boleta Única. En los bloques opositores son menos optimistas.

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La semana pasada, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Cambio Federal (exsenadores de JxC y legisladores ligados a gobernadores), Unidad Federal (peronismo disidente) y Por Santa Cruz (dos senadores que responden al mandatario de esa provincia) firmaron un dictamen de mayoría para tratar el proyecto sin cambios como fue aprobado hace ya un año y medio en Diputados. Este grupo, en una eventual votación en el recinto, podría juntar 36 senadores.

La Boleta Única se discutió en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado (Foto: Senado).
La Boleta Única se discutió en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado (Foto: Senado).

Pero la senadora Mónica Esther Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, elaboró un dictamen con modificaciones, para que la boleta única sea por categorías y se elimine la posibilidad de votar boleta completa, como establece el texto original, que perjudicaría a fuerzas provinciales en las elecciones nacionales. El problema es que si el proyecto recibe cambios, debe regresar a Diputados, donde en el contexto actual podría quedar otra vez cajoneado.

El dictamen de Silva fue acompañado, en una jugada sorpresiva, por Unión por la Patria -que directamente rechaza que se debata el proyecto en este momento- y por el Frente Renovador misionero (dos senadores que responden al gobernador de esa provincia, o más bien al jefe provincial del espacio, el exmandatario Carlos Rovira). Este grupo, en una eventual votación en el recinto, también podría juntar 36 senadores.

Como se trata de una reforma electoral, que requiere mayoría absoluta de 37 senadores (mitad más uno de los miembros de la Cámara) ninguno de los dos dictámenes podría prosperar en una votación en el recinto.

“Hoy estamos en 36 y medio, hay algo de luz por el lado misionero. Se está conversando, pero por ahora difícil”, resumía un senador de LLA, donde reconocen que incluso con 37 votos asegurados podría ser muy riesgoso realizar una sesión en la que cualquier baja supondría una derrota política.

“Nosotros, más de lo que hicimos para conseguir la mayoría contra el kirchnerismo para la elección de autoridades y la conformación de las comisiones, no podemos hacer. Que se caliente un poco el Gobierno y el oficialismo si de verdad quiere, que después son los que salen de los diarios si hay un triunfo acá en el Senado”, señalaba un senador de la UCR.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Foto: Télam
Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Foto: Télam

Un discurso muy parecido sostienen legisladores del PRO y otros ex Juntos por el Cambio, donde también hay quienes advierten de la necesidad de explorar, tal vez, una negociación por modificaciones que también pueda garantizar luego su aprobación en Diputados.

Sin contar al PJ-K, que busca resistir cualquier proyecto oficialista, como los otros tres senadores que firmaron el dictamen con cambios responden a mandatarios y fuerzas provinciales, en la oposición colaborativa advierten que debería ser el Ejecutivo el que active una negociación con esos gobernadores.

“Tiene que haber una estrategia política de parte del Ejecutivo, con el ministro del interior, Guillermo Francos, incluido, no depende de nosotros ya. Y esto vale para Ley Ómnibus y para el DNU. Los gobernadores te hacen valer un peso en el Senado mucho más importante que lo que parece el número a simple vista: uno solo senador hoy es clave”, señala una importante senadora opositora.

Boleta Única: ¿Una señal de alerta para la Ley Ómnibus?

La discusión por la Boleta Única dejó en claro que la mayoría de 39 senadores que lograron todos los bloques para dejar Unión por la Patria sin autoridades de la Cámara Alta y en minoría en las comisiones, aunque fue un logro político y una buena señal para el Gobierno, sigue siendo circunstancial y el oficialismo deberá negociar ley por ley con la oposición.

La última semana, la atención de la política estuvo en Diputados, donde el Ejecutivo busca un dictamen para el paquete de reformas conocido como Ley Ómnibus. En general, es poco común que haya trabajo coordinado entre los bloques de ambas cámaras parlamentarias sobre un proyecto que se está debatiendo en una de ellas, pero las olas de ese debate llegaron al Senado.

Así, por ejemplo, las organizaciones y sectores “afectados” por el megaproyecto que venían manteniendo encuentros con los bloques opositores en Diputados, ya empezaron a tener reuniones con los bloques del Senado.

Se reactivó la liga de gobernadores patagónicos en rechazo al mega DNU y la Ley Ómnibus (Foto: Captura de X/
@gustavomelella).
Se reactivó la liga de gobernadores patagónicos en rechazo al mega DNU y la Ley Ómnibus (Foto: Captura de X/
@gustavomelella).

Cómo quedó demostrado con la Boleta Única en el Senado, donde los números son tan justos que dos legisladores pueden cambiar una votación y donde el oficialismo solo tiene 7 de los 37 necesarios para el quorum, los gobernadores provinciales tienen especial influencia en lo que sucede en la Cámara Alta.

“La mayoría de 39 fue para que el kirchnerismo no desestabilizara el Senado; el resto es construcción todos los días”, advierten en el PRO. “Lo que pasó con la BUP es una alerta, hay que ver cómo viene masticada desde Diputados la Ley Ómnibus, pero ya deberían tener en cuenta como es el panorama acá”, advertían en la UCR.

“Los gobernadores ya están presionando en Diputados. Conversan entre sí, fíjate lo que sucedió con el tema de la pesca o las señales de las provincias petroleras. Si afectan, por ejemplo con las retenciones, a las economías regionales, ya es muy difícil que salga en Diputados, pero acá es directamente imposible”, advertía un senador “federal”. Todavía sin aprobación en la Cámara Baja, la discusión parecía lejana en la Cámara Alta, pero no tanto.



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La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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