En la ciudad de La Plata, más precisamente en la localidad de City Bell, un barrio privado llamado Urbell se erige como símbolo de la especulación inmobiliaria y de la connivencia entre el poder político y empresarios privados. Sin embargo, su historia está marcada por la controversia y el perjuicio social, ya que se desarrolló sobre terrenos destinados originalmente a un proyecto esencial para el bienestar de miles de familias: una planta depuradora cloacal.

Un problema histórico: La falta de cloacas

La ausencia de redes cloacales afecta a un amplio sector de La Plata, incluyendo localidades como Gorina, Hernández, Los Porteños, Arturo Seguí, Colonia Urquiza y Abasto. Este problema impacta directamente a más de 20 mil familias, quienes desde hace años claman por una solución.

Un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) determinó que la solución técnica más viable era la construcción de una planta depuradora cloacal en un terreno estratégico ubicado cerca de la calle 138 y el arroyo Rodríguez. Este emplazamiento no solo habría mejorado las condiciones sanitarias de las comunidades circundantes, sino que también habría beneficiado a unas 35 mil personas en total.

En diciembre de 2021, la cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Gorina (COSEGO Ltda) solicitó formalmente la intervención urgente de la parcela 953, señalada por la UNLP como la ubicación idónea para la planta depuradora. Esta solicitud fue respaldada por propuestas presupuestarias y legislativas, como las impulsadas por el diputado provincial Claudio Frangul, quien abogó por incluir la obra en el presupuesto provincial de 2023. No obstante, el tiempo demostraría que el bienestar público no fue la prioridad de las autoridades.

La declaración de Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

De planta depuradora a barrio privado

Pese a los estudios y los reclamos, la parcela 953 no fue reservada para la planta depuradora. En cambio, terminó en manos de empresarios inmobiliarios liderados por Sebastián Mor Roig y Martín Husson, vinculados a sectores políticos locales y la Unión Cívica Radical a través del hermano del primero, el concejal Javier Mor Roig. La situación derivó en reclamos realizados ante la defensoría Ciudadana de La Plata, acallados por su directora, Luciana Bártoli, vicepresidenta del partido centenario en la capital bonaerense.

La administración municipal de Julio Garro, en conjunto con funcionarios como el secretario municipal Luis Barbier, facilitó esta transacción a pesar de las advertencias sobre la urgencia del proyecto de cloacas.

A poco tiempo de la finalización del mandato de Julio Garro, medios regionales y nacionales sacaron a la luz que el desarrollo del barrio Urbell fue posible gracias a la creación de sociedades de inversión ligadas a empresarios y funcionarios con estrechos vínculos políticos. Según el artículo, la venta de terrenos clave para el desarrollo público fue parte de un esquema mayor de «negociados inmobiliarios» que involucró a actores de la gestión municipal. Esta denuncia refuerza las sospechas de corrupción y la falta de transparencia en el manejo del caso.

Hoy, en lugar de una infraestructura sanitaria crucial, el terreno alberga Urbell, un barrio privado desarrollado de manera irregular, ya que su construcción violó normativas municipales que prohibían obras en nuevos barrios privados a lo largo de todo el 2024. Además, el proyecto enfrenta críticas tanto de clientes como de vecinos, quienes denuncian problemas legales y falta de transparencia.

La nota de COSEGO.

Consecuencias sociales y urbanas

La transformación de la parcela 953 en un barrio privado perpetúa la desigualdad en el acceso a servicios esenciales. Mientras las familias de Gorina y sus alrededores continúan viviendo sin cloacas, Urbell representa cómo los intereses particulares prevalecen sobre el bien común. La falta de una planta depuradora no solo implica un riesgo sanitario, sino también un retroceso en el desarrollo urbano sostenible.

Este caso también pone en evidencia la falta de controles estatales y la corrupción que permite que negocios privados avancen en detrimento de las necesidades públicas. Urbell no es simplemente un barrio privado; es un recordatorio de cómo la especulación inmobiliaria puede despojar a las comunidades de derechos fundamentales.

Un llamado a la acción

El caso de Urbell demanda una revisión no solo mediática, sino judicial y política. Es fundamental que se investigue el rol de los funcionarios y empresarios involucrados en el desarrollo de este emprendimiento, así como que se restituya el uso del terreno para su finalidad original. Además, es necesario un compromiso renovado por parte del ejecutivo municipal, hoy en manos de Julio Alak, para garantizar que la infraestructura básica llegue a todos los ciudadanos.

Mientras tanto, las familias de La Plata seguirán esperando por la planta depuradora que podría transformar sus condiciones de vida, mientras un barrio privado se alza como un monumento a la desigualdad y la injusticia. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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