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POLITICA

Caram dice que la cumbre para redactar el dictamen blue no fue en su casa y complica a Menem

El radical salió a despegarse y ahora en LLA afirman que la reunión se hizo en el departamento del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Tomás Figueroa, un hombre de Martín Menem.

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El escándalo del dictamen blue de la Ley Ómnibus sigue sumando capítulos. Tras la revelación de LPO sobre la reunión en Recoleta para reescribir el texto que había sido aprobado horas antes en el plenario de comisiones, el ex radical y ahora libertario Cristian Caram salió a despegarse de la cumbre y complicó a Martín Menem.

En un primer momento se instaló la versión de que la cumbre se había realizado en el departamento de Caram, que es secretario del bloque de diputados de La Libertad Avanza. Ante el estallido del escándalo, el ex radical salió a desmentir que la reunión haya sido en su domicilio.

Caram hizo circular una especia de comunicado en el grupo de diputados libertarios, en donde por estas horas se vive un auténtico ‘sálvese quien pueda’. En rigor, también se vive en los bloques aliados donde diputados como Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño salieron a negar su participación en las reuniones, preocupados por quedar implicados en eventuales denuncias penales. De hecho, este lunes se presentó la primer denuncia.

Crece el escándalo del dictamen: lo habrían reescrito horas después de votado en un departamento de Recoleta

El diario La Nación publicó que el encuentro se realizó en el domicilio personal del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Tomás Figueroa. El dato es acaso más grave porque se trata de una autoridad de la Cámara y por ley la actividad legislativa debe realizarse en el Congreso y los edificios oficiales.

Figueroa llegó a ese cargo de la mano de Menem y conoce el Parlamento porque previamente trabajaba como asesor de la senadora kirchnerista María Inés Pilatti Vergara. Santiagueño, es hijo del fallecido ex senador nacional José Oscar «Pepe» Figueroa, que también fue secretario de Desarrollo Social el ultimo año de Menem. Figueroa padre fue hombre de confianza del caudillo santiagueño Carlos Juárez.

Tomás Figueroa

Que la reunión se haya realizado en la casa de un secretario de la Cámara pone el foco en Martín Menem, que ahora deberá explicar por qué sacó la negociación del Congreso y además si la cumbre fue para tocar un dictamen que tardó 14 horas en publicarse en la web de Diputados. Como explicó LPO, el riojano además está en la mira de Milei por lo que considera una mala negociación.

Los tres presidentes de las comisiones involucradas en el tratamiento están muy preocupados porque tienen responsabilidad directa si el dictamen llega a aparecer con alguna modificación

El cruce de declaraciones, que había empezado con los diputados Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, es parte de un temor que se extiende en el oficialismo y aliado por posibles denuncias penales, una de las cuales ya se presentó en Comodoro Py. Según supo LPO, los tres presidentes de las comisiones involucradas en el tratamiento están muy preocupados porque tienen responsabilidad directa si el dictamen llega a aparecer con alguna modificación.

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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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