POLITICA
Caso Maradona: «La figura de la jueza Makintach fue recortada y expuesta de manera sexista»
Julieta Makintach fue asignada por sorteo para completar el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que juzga la muerte de Diego Armando Maradona. Originalmente, la magistrada pertenece al Tribunal N°2, pero al faltar un vocal, la Cámara de Apelaciones decidió su integración al tribunal por sorteo. “Es un mecanismo habitual, no hay ninguna irregularidad en ese procedimiento”, explicó Darío Saldaño, quien fue compañero de posgrado de la jueza en España y mantiene contacto frecuente con ella.
Sin embargo, su participación en una serie documental vinculada al juicio —filmada en paralelo a la causa— encendió la polémica. Fotografías en traje de baño, el supuesto cobro a camarógrafos y la sospecha de una sentencia «preestablecida» generaron un escándalo mediático que derivó en su recusación por parte de algunas defensas.
“Estamos hablando de un juicio con una carga simbólica enorme, con una presencia mediática avasallante que, muchas veces, distorsiona lo jurídico”, sostuvo Saldaño. En ese contexto, cuestionó la atención desproporcionada que recibió la figura de la jueza: “Hubo más preocupación por la bikini de Makintach que por esclarecer la muerte de Maradona”.
Desde el punto de vista técnico, el abogado fue claro: “La recusación es un mecanismo procesal, no sancionatorio. Si una parte considera que un juez ha perdido objetividad, puede pedir su apartamiento. Pero eso no significa que haya delito ni nulidad del juicio”. Y agregó: “Las decisiones del tribunal son colegiadas, no personales. No se puede anular todo un proceso por una conducta ajena al expediente y que ni siquiera afectó el desarrollo de las audiencias”.
Consultado sobre el contenido del documental, Saldaño remarcó que no se trató de una producción comercial impulsada por la jueza, sino de una iniciativa personal de una amiga de la infancia. “No hay plata de por medio. Fue más una cuestión íntima que otra cosa. La figura de la jueza fue recortada y expuesta de manera sexista. Hay una fuerte carga de misoginia en el tratamiento que se le dio al tema”, denunció.
Pese a esto, ya existen al menos tres pedidos de juicio político contra la magistrada. “Eso ya escapa al análisis jurídico. El juicio político, por definición, es político y partidario. No creo que haya elementos para una condena penal ni de enjuiciamiento. Podrá discutirse una falta administrativa, pero nada más”, evaluó el abogado.
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POLITICA
Fabiola Yañez pedirá 12 años de prisión para Alberto Fernández
Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.
La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.
El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.
Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.
En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.
“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.
En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.
“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.
El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.
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Juicio por YPF: el Gobierno trabaja en los detalles de la apelación y asegura que no transferirá las acciones
El Gobierno descarta presentar garantías ante la Justicia de los Estados Unidos para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del proceso. El Ejecutivo asegura que insistirá con el rechazo a la decisión de la jueza Loretta Preska a través de la vía judicial hasta “las últimas instancias”.
“No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, expresan en Nación. Dicho de otro modo, quieren evitar pagar la indemnización por US$16.100 millones y no transferirán el 51% de las acciones que Preska solicitó.
La Casa Rosada no da precisiones sobre la fecha en la que presentará la apelación del fallo, pero los equipos técnicos están trabajando para oficializarlo lo “antes posible”.
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En Balcarce 50 sostienen que no están preparando un esquema de pago con los fondos Burford y Eton que incluyan activos o dólares. La mesa política del presidente descarta además tomar deuda para cumplir con la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, agregan.
El documento de apelación está a cargo de la Procuración General del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla. El abogado se reunió esta tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y discursiva del oficialismo, que cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo culpó por la estatización de la empresa.
El encuentro se realizó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezara una reunión con la mesa chica de Nación, que integran Caputo; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Javier Milei presidió temprano una reunión de Gabinete.
El fallo de Loretta Preska dispuso: “Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”.
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La definición de la jueza del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se efectivizó mientras siguen sin resolverse las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina y Burford buscan la revisión del fallo de primera instancia. Mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización.
La Casa Rosada le expresó a su equipo de abogados que retrasaran todo el tiempo posible el pago adjudicado por la Justicia de los Estados Unidos. Se trata del mismo esquema que aplican para todas las demandas contra la Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos e impulsar que un nuevo tribunal defina sobre el conflicto.
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Yamandú Orsi apuesta todo al acuerdo del Mercosur con la UE, elude una visita a Cristina Kirchner y no reconoce a Maduro como presidente
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