El caso se hizo famoso con el nombre de Ñoquis Calientes y más literal no pudo haber sido. Este lunes, la justicia de Chubut declaró culpables a una ministra y otros cuatro funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni, el exgobernador aliado irreductible de Sergio Massa que cumplió mandato en 2023, por montar una red de empleados públicos que no cumplían con funciones y cobraban igual.

Entre los que recibieron la condena judicial figura la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia provincial Cecilia Torres Otarola. Y resultó un caso tan escandaloso como inédito. Es la primera vez que una causa en la provincia patagónica termina en un veredicto de culpabilidad de empleados del Estado que no cumplieron con las tareas para las que fueron contratados.

Además de Torres Otarola -la funcionaria de mayor jerarquía de Arcioni condenada- recibieron sentencia otros cuatro funcionarios que fueron hallados culpables en la causa por haber cobrado contratos de asesores legislativos y en su cartera sin la existencia de contraprestación laboral alguna.

El fallo fue del Tribunal Colegiado, integrado por la jueza Marcela Pérez Bogado y sus vocales, José Luis Ennis y Carlos Richeri. Y determinó que Torres Otarola es culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales, es decir, la exigencia indebida de un retorno de parte del sueldo a los asesores fantasma.

Los primeros cuatro delitos probados fueron por nombramientos de funcionarios públicos -tres en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, y otro en la Legislatura provincial-. Personas que fueron asignadas a cargos oficiales y cobraron un salario, pero no desempeñaron tarea alguna, según se constató en la investigación.

En tanto, Torres Otarola también fue condenada porque a tres de sus asesores legislativos -cuando era diputada provincial- les exigía que depositaran la mitad de sus respectivos sueldos, con el fin de obtener un rédito personal rayano a la corrupción.

Lo que llevó el caso a niveles de escándalo fue que la ministra de Arcioni involucró a su niñera y a un jardinero de nacionalidad peruana. Silvia Cañumil fue declarada culpable por haber cumplido tareas domésticas y de cuidado de los hijos de la ex ministra, a pesar de haber sido nombrada asesora en la Legislatura provincial.

Asimismo, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles fueron condenados por haber aceptado sus nombramientos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, aunque sabían que no realizarían tareas en sus cargos. Es más: casi que no debían ir al supuesto lugar de trabajo.

Los jueces basaron sus condenas en las declaraciones de los testigos que aportó el fiscal general Omar Rodríguez y su equipo -entre ellos un ex asesor que reveló la red de contratos-, para llegar a la conclusión que Torres Otarola produjo designaciones de empleados «de manera intencional sin realización de las contraprestaciones para las cuales había sido contratados cuando ella era diputada provincial, y luego cuando ocupó el cargo de Ministra de Desarrollo Humano y Familia».

Al trascender los detalles del ardid, Arcioni no pudo sostener a su ministra y la echó en junio de 2020. Pero no pudo detener el avance de la causa judicial y la condena para el único gobierno provincial massista que tuvo el mandato de Alberto Fernández.

Los jueces destacaron que las maniobras quedaron acreditadas por los testimonios de empleados de planta permanente que debieron realizar tareas que no efectuaban los contratados por la ex ministra. Las partes fueron convocadas a una audiencia el próximo 6 de enero para debatir y fijar las penas que se les impondrá a los condenado.

Por otro lado, el Tribunal absolvió a Branco Rodera Niera y a Jaquelina Rodera, al no haber pruebas contundentes que demostraran que no cumplieron con las tareas por los contratos gestionados por Torres Otarola.

La manipulación de contratos políticos en las estructuras del Estado provincial no había llegado aún a plasmarse en una condena judicial contra funcionarios públicos en Chubut como quedó evidenciado en el caso Ñoquis Calientes. El veredicto de culpabilidad por cobrar un salario sin concurrir a trabajar se dio en paralelo al impulso de revisión de los contratos estatales impulsado por el sucesor de Arcioni, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, que asumió en 2024 al ganar las elecciones desde el PRO en Juntos por el Cambio.

Hace dos meses el actual gobernador chubutense presentó un Plan Integral de Reordenamiento del Estado, que incluyó la eliminación de 168 cargos políticos considerados ineficientes y la cesantía de contratos de “ñoquis” detectados.

Tras conocerse la noticia, Torres celebró el fallo desde su cuenta en la red social X: “Tal y como dijimos desde el primer día, en Chubut no hay más lugar para los ñoquis, y es por eso que desde nuestra gestión pusimos en marcha un inédito Censo a Empleados Públicos para denunciar a todos aquellos vivos que, como estos delincuentes que hoy fueron condenados, cobraban un sueldo sin ir a trabajar”.

“Felicito al Tribunal por un fallo ejemplar que estuvo a la altura del pedido de transparencia que nuestros ciudadanos le exigen a la política”, agregó el gobernador de Chubut.