El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, un primo y dos contadores uruguayos afronten un juicio oral, acusados de haber blanqueado 1.715.000 dólares provenientes del entramado de coimas que lideró la firma brasileña Odebrecht en la Argentina a través de tres sociedades comerciales extranjeras y la compra de un helicóptero.

Rívolo consideró concluida la etapa de recolección de evidencias contra “Corcho” Rodríguez, su primo Carlos Alberto Rodríguez y los uruguayos Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, quienes habrían reintroducido ganancias delictivas millonarias en el circuito legal a través de la firma Helicopter Corporation SA.

El juez federal Sebastián Casanello deberá ahora evaluar si comparte el criterio del fiscal Rívolo y remite las actuaciones a sorteo para que el caso recale en un tribunal oral, luego de que la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los Rodríguez, Molinolo y Dentone a mediados del mes pasado, resolución que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal.

“Le imputo a Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz haber intervenido en la maniobra tendiente a poner en circulación la suma de 1.715.000 dólares, fondos de origen ilícito, con la finalidad de dotarla de apariencia de licitud”, planteó Rívolo, quien quedó a cargo del expediente tras el fallecimiento de su colega Federico Delgado. El fiscal abundó: “Participaron en la adquisición del helicóptero Eurocopter EC 130 B4, número de serie 7002, matrícula LV-CFO”.

“Las maniobras tuvieron su inicio el 30 de marzo de 2012, cuando se empezaron a registrar movimientos bancarios en el entramado de sociedades controladas por Jorge Rodríguez, a partir de transferencias de dinero provenientes de la constructora Odebrecht”, detalló el fiscal. “Esas sociedades eran Sabrimol Trading SA (radicada en Uruguay, constituida por Dentone y Molinolo), Capital Investment y Latin Financial (radicadas en Edimburgo, Reino Unido, constituidas por Dentone y Molinolo), empresas que a esa fecha no registraban actividad comercial”, detalló.

Rívolo argumentó, además, que la causa que tiene a Rodríguez como principal acusado por presunto lavado de activos deriva, a su vez, de la investigación por el supuesto pago de sobornos que Odebrecht y otras empresas abonaron a funcionarios argentinos para quedarse con el contrato para construir una planta potabilizadora de agua para AYSA.

“Los fondos utilizados en la operación de lavado, a través de la compra y venta del helicóptero -explicó Rívolo- provinieron del circuito de pago de sobornos por parte de la multinacional brasilera Odebrecht en el marco de la ejecución de la obra planta potabilizadora Paraná de las Palmas. En este sentido, se verificó que Rodríguez, Molinolo y Dentone, habrían intervenido en calidad de intermediarios en el pago de sobornos dirigidos a funcionarios públicos del ex Ministerio de Planificación Federal y de la empresa estatal AYSA.”

Consultado por LA NACION, Rodríguez siempre rechazó la acusación y negó ser dueño de Sabrimol Trading y otras sociedades comerciales bajo sospecha. También descartó haber tenido cualquier rol o participación en un entramado delictivo. Sus abogados expresaron, además, su sorpresa ante el pedido de Rívolo de elevar la investigación a juicio oral en momentos en que se espera que la Cámara de Casación Penal defina si admite o rechaza el pedido de impugnación del auto de procesamiento y un planteo de prescripción.

La defensa de Rodríguez planteó, también, que no se ingresó dinero alguno al país y que tanto ese helicóptero como otras aeronaves se compraron con financiación bancaria local, “quedando el proceso reducido a una sola operación de compra efectuada en el Uruguay, apalancada a través de préstamos debidamente acreditados”. Y remarcaron que el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) demostró que “los fondos no provenían de cohecho a funcionarios públicos y que la compra de la aeronave fue efectuada con sumas de dinero ajenas a los hechos”.

La posición de Rodríguez contradice a la firma Odebrecht, que reconoció esos sobornos ante las autoridades brasileñas y estadounidenses, y refrendaron algunos de sus máximos ejecutivos; entre ellos, su exvicepresidente para América Latina, Luiz Antonio Mameri, tras acogerse en su país al régimen del “delator premiado”. Mameri identificó a Rodríguez como el beneficiario de un “acuerdo indebido” por US$6,5 millones que habría distribuido entre los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal Rívolo, en tanto, consideró probado en esta investigación que Rodríguez habría blanqueado sus presuntas ganancias delictivas del entramado Odebrecht a través de una maniobra que comenzó en 2012 y que se habría completado en 2016, y que provocó un “alerta de monitoreo” del Banco de San Juan, la intervención de la unidad antilavado (UIF) y una denuncia en 2019 de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

“Se comprobó que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios públicos argentinos en dos etapas, la primera para la adjudicación de contratos y la segunda para destrabar pagos adeudados por el Estado. En esta última etapa actuaba como intermediario Jorge Rodríguez, junto con Dentone y Molinolo”, afirmó el fiscal Rívolo. “En efecto, ese dinero se introdujo al mercado a partir de la utilización de un grupo de sociedades controladas por Jorge Rodríguez”.