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POLITICA

Cerdán viaja a Barcelona para evitar que Junts tumbe el primer paquete de leyes del Gobierno

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Pedro Sánchez sabe que necesita de los votos de los independentistas catalanes para mantener a flote su legislatura en los próximos cuatro años. Y Carles Puigdemont sabe que tiene una capacidad de veto que le permite tensar la cuerda al máximo para sacar el mayor rédito posible.  

Esa aritmética empieza a palparse en las negociaciones por las primeras leyes del nuevo ciclo político. La semana que viene el Congreso votará la convalidación de tres reales decretos del Gobierno: el llamado decreto ómnibus, otro del Ministerio de Trabajo y las medidas anticrisis.  

Junts amenaza con rechazar este paquete de leyes. ¿La razón? La inclusión de un punto que, entienden, puede afectar a la aplicación de la ley de amnistía.

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El artículo que causa la discordia es el 43 bis, que se añadiría a la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite a cualquier tribunal dejar en suspenso la efectividad de cualquier norma en el momento que se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dirima si está dentro de los parámetros de la UE. 

En Moncloa confiaban en que los independentistas estaban jugando otro farol, como han hecho con la votación de la Mesa del Congreso y con la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, a días de la votación las conversaciones siguen estancadas. 

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El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. 

Tal es la inquietud en las filas del Ejecutivo que este jueves el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, viajó a Barcelona para encontrarse cara a cara con Jordi Turull, secretario general de los catalanes.

Según fuentes independentistas, las posturas siguen «lejos». Junts exige que se retire el decreto y se haga uno nuevo sin las cuestiones espinosas. El PSOE lo rechaza. 

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 La interpretación es que se habilitaría al Tribunal Supremo (TS) y a cualquier otro juzgado dejar en pausa la aplicación de la ley de olvido penal pese a estar aprobada en el Congreso.

Desde el Gobierno recuerdan que la inclusión del 43 bis en el real decreto «no cambia nada». Fuentes socialistas confían en convencer a su (incómodo) socio. La amnistía todavía tiene que ser votada y a ninguna de las dos partes les conviene que la legislatura se rompa ni bien arrancar.  





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POLITICA

Alberto Fernández ejerció «violencia psicológica» y «violencia económica» contra Fabiola Yañez

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Este lunes, el fiscal federal Ramiro González pidió la indagatoria de Alberto Fernandez por hechos vinculados a la violencia de género. Después del encuadre legal sobre la materia, su dictamen habló del expresidente como alguien que “lesionó a Fabiola Yañez” y que “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica”.

El último mandatario argentino fue imputado por tres hechos de violencia contra la ex primera dama del país, motivo por el cual le atribuyeron los delitos de lesiones leves y graves, agravado por el vínculo, en el contexto de la violencia de género y amenazas coactivas.

Con ese encuadre como punto de partida, el Ministerio Público Fiscal retomó un concepto central: “entiéndase por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Al avanzar en la descripción del caso, uno de los primeros aspectos que se resaltó y de forma negativa, fue la decisión de la abogada Silvina Carreira -defensora de Alberto Fernández-, de sostener su estrategia jurídica “sobre la base de una serie de prejuicios o estereotipos que, en lugar de intentar desvirtuar los hechos denunciados, parecen pretender focalizar la investigación sobre comportamientos, prácticas, desórdenes de la víctima como una forma de responsabilizarla por hechos del proceso”.

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la ex primera dama fue víctima de una “particular relación asimétrica de poder en su vínculo con el ex presidente Alberto Fernández”.

“Destrato, desprecio, retiro de la palabra, aislamiento, culpabilización, golpes, gritos, relevo o reemplazo en la toma de decisiones, la negación a las apariciones o comentarios públicos, por solo citar ejemplos”, explicó la fiscalía al referirse a los sucesos relatados por Yañez. A todos ellos le dio credibilidad el fiscal al decir que “resultan momentos constitutivos del ciclo de violencia y se corresponden con otras constancias de la causa”.

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Para Ramiro González, el conjunto de pruebas reunidas “permiten afirmar la persistencia de una dependencia emocional, inclusive con aspectos propios de la violencia económica que también se ejerció sobre la señora Yáñez”.

Después, retomando las explicaciones técnicas sobre la violencia de género, la fiscalía manifestó que la relación de la ex primera dama y Fernández expone un “esquema acumulación de tensión-agresión-arrepentimiento propio del ciclo de la violencia.» Las fases de ese ciclo de violencia, a su vez, eran cada vez más cortos.

¿La conclusión? “La existencia de un contexto de violencia de género extendido y sistemático”, en el que Alberto Fernández es responsable de “esos comportamientos violentos”.

Otro tramo del duro dictamen del fiscal González refiere a su negativa a tolerar “la normalización de la violencia bajo el mote de ‘relación tóxica’. Tampoco voy a eximir con una especie de ‘no te metás’ -amparado en el carácter privado de las ‘cosas de la intimidad de la pareja’- a quien pretenda que el expediente se limite a visibilizar un ojo morado de la ex primera dama”.

Esas conceptualizaciones, indicó el investigador, buscaban “barrer barre bajo la alfombra un continuo de violencia psicológica, física y económica acreditado en la causa durante, al menos, ocho años”.

El informe sobre el maltrato

Entre otros documentos, el fiscal tuvo en consideración las conclusiones de las psicólogas que trataron a la ex primera dama como parte del equipo técnico de la Procuración especializada en violencia de género.

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Para las profesionales, “se evidencia en la señora Yáñez un marcado desgaste emocional, asociado al maltrato padecido que impactaría en su estado anímico, voluntad y vitalidad. Al respecto se advierte acerca de posibles secuelas o efectos emocionales que continuarían impregnados en su subjetividad”.

En otro tramo del documento presentado al fiscal, añadieron: “se advierte también en la entrevistada la presencia de un fondo emocional depresivo y la predominancia de sentimientos de humillación, vergüenza, sentimientos de soledad, miedo y desconfianza. Ese estadio, está acompañado de tristeza, dificultad para concentrase, dificultad para comenzar y sostener actividades placenteras. Junto a esa sintomatología emocional, la damnificada refiere presentar otros síntomas orgánicos como dolor de cabeza, fatiga y alteraciones en el sueño”.

Por su parte, el informe de la médica psiquiatra Blanca Huggelmann, presentado por la parte querellante, definió el daño psíquico como “aquellas perturbaciones, síndromes o disfunciones que a consecuencia de un hecho traumático genera secuelas que limitan las distintas áreas de la vida de una persona” y concluye “que se advierte en la Sra. Fabiola Yáñez múltiples indicadores y secuelas de daño psíquico reactivo a situaciones de violencia que ha padecido de manera sistemática y crónica desde hace ocho años en el contexto de su relación de pareja”

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