Juan Ricardo Mussa ha presentado una nueva ampliación de denuncia ante la jueza federal María Servini en la causa Nro. CFP 1060/2024, caratulada como «Mondino, Diana y otros s/ estafa». En esta denuncia, el denunciante acusa al presidente de la Nación, Javier Milei, junto a otros altos funcionarios, de corrupción en una trama que incluye cohecho agravado, tráfico de influencias, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

EL ESQUEMA DE CORRUPCIÓN DENUNCIADO

Mussa detalla que las multinacionales pesqueras, en especial aquellas vinculadas con la captura de la merluza negra, han sido víctimas de un sistema de coimas orquestado por Santiago Caputo, cercano al círculo del presidente Milei. En un encuentro clandestino en un sótano de la zona de Plaza de Mayo, Caputo habría solicitado a los empresarios pesqueros un pago de 15 millones de dólares a cambio de la renovación de permisos de pesca por los próximos quince años. Según la denuncia, este pago no corresponde a ninguna tasa oficial ni contribución estatal, sino que se trata de un arreglo privado que beneficia exclusivamente a un reducido grupo de empresarios favorecidos.

Entre las empresas involucradas figura Iberconsa, propiedad del fondo de inversión norteamericano Platinum Equity, que también estaría al tanto de estas operaciones ilegales. La compañía, que tiene una larga historia en Argentina desde finales del siglo XX, habría informado a la embajada de Estados Unidos sobre estos manejos irregulares, lo que sumó presión internacional al caso.

REUNIONES SECRETAS Y LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA PESQUERA

El impacto de estas exigencias millonarias habría provocado una reacción inmediata entre las principales empresas pesqueras, que se reunieron de emergencia en Mar del Plata para discutir el futuro de la industria. Uno de los principales interlocutores en estas reuniones ha sido Gustavo González, ex presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, quien fue designado para negociar con el gobierno.

Las reuniones han puesto en alerta tanto a las compañías locales como a las multinacionales, debido a la proximidad del vencimiento del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que regula la explotación de la merluza negra y que culmina a finales de 2024. Este recurso pesquero, de altísimo valor comercial, ha sido el centro de disputa en las negociaciones entre el gobierno y las empresas pesqueras.

SOLICITUDES A LA JUSTICIA

Mussa ha solicitado a la jueza María Servini que cite a declarar a los responsables de Platinum Equity y de Iberconsa para que brinden testimonio sobre los hechos denunciados. Además, exige que se investigue a fondo a todos los implicados en esta trama, incluyendo al presidente Javier Milei, a Santiago Caputo y a otras figuras del gobierno nacional, como Eduardo “Lule” Menem.

Entre las pruebas ofrecidas por Mussa, se destaca la documentación aportada por las empresas pesqueras y la comunicación mantenida con la embajada de Estados Unidos, que respalda la denuncia sobre las irregularidades en la concesión de permisos de pesca.

POSIBLES IMPLICANCIAS POLÍTICAS

El alcance de esta denuncia no se limita a los ámbitos judiciales. Mussa también ha planteado la posibilidad de iniciar juicios políticos en el Congreso de la Nación contra todos los involucrados en la causa, en particular contra el presidente Javier Milei. Además, se ha reservado el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si fuera necesario, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la gravedad de las acusaciones y su posible impacto en la estabilidad institucional del país.

El caso, que involucra cifras multimillonarias y altos niveles de corrupción, podría derivar en una crisis política y económica sin precedentes si se confirman las acusaciones. Las repercusiones para la industria pesquera, un sector clave en la economía argentina, también podrían ser significativas, con consecuencias tanto a nivel nacional como internacional.

PRÓXIMOS PASOS EN LA CAUSA

Mussa ha solicitado que se le autorice a constituirse como parte querellante en la causa, y que se realicen las pruebas pertinentes para asegurar que los responsables no puedan eludir el accionar de la Justicia ni entorpecer la investigación. La jueza Servini deberá ahora decidir sobre las medidas solicitadas y determinar el rumbo que tomará esta denuncia, que podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Milei. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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