Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentan sus propuestas en audiencias públicas sobre los aumentos en las tarifas públicas del servicio. Será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de “febrero o marzo”, de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzó  a las 9 del lunes y cuenta con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Según las distribuidoras Metrogas y Naturgy, las boletas de gas en CABA y provincia de Buenos Aires deberían ser las siguientes a partir de febrero de 2024.

Metrogas: la tarifa mínima se ubicaría en $4318 en la Ciudad de Buenos Aires y $4335 en Gran Buenos Aires. En el caso de los mayor consumo, serían de $19.333 (CABA) y $19.357 (PBA).
Naturgy: las tarifas se ubicarían entre $4555 hasta $20.809, de acuerdo con el nivel de consumo.
Estos valores serán discutidos en la audiencia pública de este lunes 8 de enero.
En AMBA, la recomposición de tarifas debe alcanzar el 376,52% según Metrogas, y para Naturgy el ajuste debe ser del 437%.

El Gobierno adelantó su intención de avanzar en la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas (también de transporte público) para bajar el déficit fiscal. A la vez, otorgará incrementos a los operadores del sistema energético, tras años de precios “congelados”.

La idea del equipo económico de Javier Milei es conceder un aumento que permita mantener la operación de las firmas a la vez de quitar asistencia estatal a razón de un tercio por año para los sectores medios y bajos, los que reciben aún hoy los subsidios.