La rebelión de las Cámaras Nacionales, que se niegan a cumplir un fallo de la Corte Suprema que da más poder a la justicia porteña, constituye «un alzamiento» y «una rebelión» contra la máxima instancia judicial de la nación, según la opinión coincidente de los especialistas consultados por Clarín; aunque dos entidades plantearon la necesidad de buscar «caminos» y llegar a «consensos» para salir de esta situación de «incertidumbre».

Es que, a partir del caso Levinas, la Corte Suprema resolvió que los fallos de las Cámaras Nacionales con asiento en la Capital Federal deben ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no ante la Corte Suprema.

Pero los camaristas civiles, penales y del trabajo resolvieron no acatar ese fallo judicial y firmaron durísimos acuerdos plenarios, esta semana, en los que resolvieron que no enviarán sus fallos para que sean revisados como instancia de apelación al Tribunal Superior de Justicia de CABA.

«Los camaristas se rebelaron contra esa decisión, pero no tienen razón. Ese acto de rebeldía es una inconducta impropia de jueces, que deben respetar las decisiones del máximo tribunal, a riesgo de incurrir en mal desempeño. Además, porque la justicia nacional ordinaria de la Capital, en realidad no es verdaderamente nacional, sino que es tan común como la de las provincias», sostuvo a Clarín el constitucionalista Félix Lonigro.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a Clarín que esos acuerdos plenarios de las Cámaras Nacionales son «un alzamiento contra la autoridad de una sentencia de la Corte. Los jueces de instancias inferiores pueden discrepar con la jurisprudencia de la Corte, pueden expresar su disconformidad en sus sentencias, pero no pueden bajo ningún concepto rebelarse contra las sentencias de la Corte. Simplemente, deben acatarla, más allá del acierto o error de la decisión».

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal plantearon la necesidad de buscar caminos y «consensos», que permitan revertir esta situación de conflicto y enfrentamiento entre las Cámaras Nacionales y la Corte Suprema.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público, dijo que «la ciudadanía y sus abogados y abogadas son los principales perjudicados por el conflicto que se suscitó entre la Corte y las Cámaras Nacionales. No está en juego la estabilidad de los jueces nacionales, si no ante quien se recurren las decisiones de las cámaras de apelaciones. Es imprescindible que, en el menor tiempo posible, se consolide o no lo decidido por la Corte en el caso Levinas».

«Mientras tanto, hay que buscar los caminos para que se disipe esta situación de incertidumbre que daña a una institución fundamental para la república como es la justicia. La abogacía no puede resolver el conflicto y no debe estar en esta disputa», sostuvo Gil Lavedra, ante una consulta de Clarín.

Fores difundió un comunicado firmado por su presidente Pablo Pirovano y su secretaria María Julia Fornari. Allí planteó que, «pese a que estimábamos posible que hubiere resistencia de aquellas corporaciones que venían oponiéndose al traspaso de la justicia nacional a CABA, nunca imaginamos que ello se transformase en conductas tendientes a desestabilizar el sistema recursivo de los procesos judiciales nacionales, en un verdadero ‘alzamiento’ contra la autoridad de la Corte como máximo tribunal de la Nación».

Fores concluyó que «son los ciudadanos los que terminan siendo rehenes de una disputa que no debiera existir y, por ello, exhorta a que prontamente puedan encontrarse los consensos necesarios para salir de este lugar en el que la Justicia no debió haberse caído».

El 27 de diciembre pasado, la Corte Suprema resolvió el caso «Levinas», donde produjo «la modificación jurídica y de competencia más importante desde que inició su funcionamiento en 1863. A partir de ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA será el encargado de revisar las sentencias de toda la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires», explicó el especialista Carlos Laplacette en una columna en Clarín.

Esa sentencia en el caso Levinas contó con el voto favorable de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que votó en disidencia Carlos Rosenkrantz. Dos días después de dictado ese fallo, Maqueda se jubiló de la Corte, por llegar ese día a los 75 años de edad.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez destacó que, «según nuestra Constitución, el máximo y último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Los fallos de la Corte, en los casos concretos, se aplican y se respetan. En los casos análogos se debe seguir la jurisprudencia de la Corte, salvo que existan nuevos argumentos o ciertas particularidades del caso que no lo hace igual. Pero esto lo tienen que hacer en casos concretos».

«Las Cámaras no pueden usar un plenario para, de manera abstracta y sin ningún caso concreto, apartarse de la jurisprudencia de la Corte. Así ha funcionado el Poder Judicial desde que se instaló el poder judicial en el siglo XIX. Siempre fue así», agregó Gil Domínguez, en diálogo con Clarín.

Los integrantes de las Cámaras Nacionales dejan de ser la última instancia previa a la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si acatan el fallo Levinas, ya que sus sentencias ahora son recurridas ante el Tribunal Supremo de Justicia porteño. Contra esa decisión de la máxima instancia judicial se rebelaron los camaristas civiles, penales y del trabajo.

“Los fallos de la Corte Suprema deben ser cumplidos. Es inadmisible que no se respete la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Marcelo Meis, consejero de la Magistratura porteña y miembro de Abogados por Argentina. “El respeto a los fallos de la Corte Suprema es un principio fundamental del sistema institucional. La resistencia de jueces nacionales a transferir competencias a la Justicia de CABA eleva preocupaciones por el cumplimiento de leyes y decisiones en Argentina”, añadió Meis.

Y Lonigro concluyó: «La Constitución Nacional, desde 1994, dispone que la Ciudad de Buenos Aires debe tener su propia justicia, y por lo tanto, toda la justicia mal llamada nacional de la Capital, debe pasar a la CABA, tal como ocurrió, en su momento, con la policía, el juego y los subtes».