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POLITICA

Condena a Cristina Kirchner: hasta cuándo durarán las tomas en la UBA en contra del fallo

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Estudiantes tomaron la facultad de Filosofía y Letras de la UBA este martes en contra de la histórica decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a 6 años prisión de Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Además, está tomada Ciudad Universitaria y la Universidad Nacional de la Plata.

Una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras adelantó a LN+ este miércoles por la mañana que no descartan que la medida de fuerza dure más de 24 horas.

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Estuduante UBA

“En principio la toma dura hasta hoy, pero la idea es discutirlo y revisarlo en función de cómo sigue el panorama. Nos parece importante que haya instancias de movilización. Hoy y mañana hay paro docente. En caso de que vengan los docentes, nuestra propuesta es que puedan hacer las clases públicas en la calle”.

Asimismo, repitió el discurso partidario sobre una presunta proscripción y persecución judicial conta la expresidenta en un intento por argumentar la toma de la institución.

“En reclamo a la proscripción de Cristina en una causa plagada de irregularidades donde se demostró que las distintas personas que fueron parte del proceso judicial tienen o tenían vínculos con Mauricio Macri. Entendemos que este fallo es un ataque a la democracia y que como jóvenes no podemos mirar para otro lado ante esta situación. Tenemos que responder para frenar esta proscripción política”, enfatizó.

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Cristina esperó el fallo de la Corte rodeada de la militancia kirchnerista en la sede del Partido Justicialista nacional. Sobre la calle Matheu al 100 se instaló un grupo de militantes, que en las primeras horas de la tarde eran en su mayoría jóvenes y de algunos gremios.

La convocatoria se multiplicó con el transcurso de las horas hasta que el fallo del máximo tribunal se conoció y la expresidenta brindó un discurso.

Hasta estos momentos, los seguidores de Cristina mantienen la vigilia en la puerta de la casa en el barrio de Constitución. En otros puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires hubo manifestaciones.

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Puro cuento

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La crónica policial chaqueña cuenta un hecho insólito: un hombre denunció que su hijo de 25 años le robó cuatro kilos de mondongo. Llamó a la policía y, presto, un efectivo inició en moto la búsqueda del ladrón. A poco de patrullar, lo encontró. Bajó del vehículo para aprehenderlo y, mientras confirmaba la existencia de la prueba de delito -el mondongo- vio cómo otros dos proyectos de asaltantes intentaban robarle la moto del destacamento. Intentó detenerlos, pero solo logró capturar a uno mientras el hijo desaprensivo miraba atónito y el mondongo perdía la cadena de frío. Llegaron refuerzos en otras motos y apresaron al tercer ladrón que se había fugado. No trascendieron detalles del informe policial en la comisaría. Solo las detenciones de los tres delincuentes, la incautación del mondongo y los magullones que recibió el policía-víctima durante la refriega para evitar ser robado.

La segunda historia inaudita viene de más lejos. El dominicano Frank Tavares pasó 22 años de su vida como monja. Las hermanas que lo adoptaron en el convento donde se crió desde los cuatro años después de la muerte de sus padres lo bautizaron con nombre de mujer. Para entonces él no tenía definida su identidad sexual. Fue sor Margarita. “Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito; yo usaba pantis estilo calzoncillo, fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”, relata ahora en su veteranía fuera de los noviciados. Del último lo echaron cuando una monja se enteró de su relación con otra hermana a la que dejó embarazada. No les guarda rencor y aceptó el castigo del destierro. Pasó de no saber a mentir abiertamente. Marche preso al ostracismo.

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El tercer suceso –tan real como los anteriores- ocurrió en el sur de Madrid. Un hombre usaba un destornillador para levantar las persianas de comercios que robaba por las noches usando un calzoncillo en la cabeza a modo de pasamontañas y medias en las manos para no dejar huellas. La policía se anotició de sus fechorías no porque alguien lo viera –era muy discreto, ya que solo robaba dinero en efectivo-, sino porque en cinco meses recibió una veintena de denuncias con el mismo modus operandi. El hombre de la ropa interior expuesta hacia afuera y en zonas impropias fue pescado in fraganti con su pequeño botín de siempre: el contenido de una caja registradora y las propinas de los empleados. Lo detuvieron con el calzoncillo en la cabeza. No hubo prêt-à-porter que lo salvara de la cárcel.

Y la última historia es la más increíble de todas. Una señora con varias causas penales, condenada dos veces en un trámite del que participó más de una docena de jueces que analizaron infinidad de pruebas que la hallaron culpable en dos instancias -incluso ella había apadrinado a varios de ellos para esos cargos- denunció una confabulación planetaria en su contra y llamó a resistir porque la igualdad ante la ley es puro cuento. Pasó en esta ciudad, el martes pasado, al conocerse el fallo de la Corte.



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POLITICA

Señal de la Corte sobre la conexión entre el fraude de Vialidad y las operaciones de lavado de Hotesur- Los Sauces

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La condena confirmada por corrupción contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad estableció lo que se denominaron “lazos promiscuos” entre el empresario y la gestión de la entonces presidenta de la Nación. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de contratos, estructuras de pago realizadas a medida permitieron que el dueño del Grupo Austral obtuviera el 86% de los contratos.

Pero hubo una instancia más: unos 20 acuerdos comerciales de lo más variados con la familia Kirchner. La Corte Suprema en su fallo habló sobre los vínculos de Vialidad y Hotesur – Los Sauces y la falta de explicaciones de la exvicepresidenta.

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Cristina Kirchner expuso ante el máximo tribunal algo que calificó como una arbitrariedad: que el Tribunal en la condena tuvo en cuenta algo que entiende son hechos, pruebas, que no se deberían haber contemplado. Habló de las relaciones personales y comerciales que la unían con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros.

El fallo que dejó firme la sentencia por corrupción y que conduce a la exvicepresidenta a cumplir seis años de prisión, más un decomiso de $ 85.000 millones, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue determinante cuando respondió el reclamo del abogado de Cristina, Carlos Beraldi: “Son quejas ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema, tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada”.

El Tribunal de juicio que la condenó encontró responsable a la exvicepresidenta del delito de administración fraudulenta, y sostuvo en los fundamentos de la condena que tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.

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Los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resaltaron: “Aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios”.

Esas relaciones -sin embargo-, expuso el máximo tribunal “no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Cuando en noviembre pasado la Cámara de Casación Federal confirmó la sentencia condenatoria repasó los vínculos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner a partir de elementos que surgen del expediente Vialidad y de la investigación de Hotesur y Los Sauces.

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Se explicó que el criterio adoptado por la Casación al tener en consideración esas pruebas, fue a los fines de demostrar “circunstancias relevantes de la maniobra de corrupción juzgada”, en el caso Vialidad.

Lo sustancial de su estudio, explicó la Corte Suprema, “fue la determinación y comprobación del férreo lazo personal y comercial existente entre Báez y Fernández de Kirchner, construida sobre la base de múltiples negocios privados, y que también explica las motivaciones detrás del accionar de las personas aquí juzgadas que se materializó en un lucro indebido”.

El vínculo entre Vialidad y Hotesur – Los Sauces, es ineludible y la Corte Suprema lo dejó expuesto.

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El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura del caso y la realización del juicio oral, de Hotesur- Los Sauces. Las acusaciones contra Cristina Kirchner son por el delito de lavado de dinero, maniobras que la unen (en el marco de dicha investigación) a Lázaro Báez.

La conexión de dos casos importantes

En el marco de la causa Vialidad, se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. Así se tendió un puente entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad que hizo foco en los circuitos irregulares que terminaron beneficiando a Báez, y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

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En función de ese argumento, se trazó un eje principal: Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur – Los Sauces.

El entramado fue confirmado por el máximo tribunal penal en noviembre de 2024 planteando un escenario decisivo respecto a ese circuito de hechos que refieren a un esquema de “reciclaje”, un recorrido del dinero otorgado de forma irregular que regresó al patrimonio de la familia Kirchner.

Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra la ex vicepresidenta indicaron que esa relación tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado. La Corte los expuso y avaló el concepto de una relación comercial, de conocimiento que nunca fue refutada ni explicada por la defensa de Cristina Kirchner”.

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“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

¿Cómo se conecta esto con la causa Hotesur – Los Sauces?

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

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Ese dinero, explicó la justicia se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.

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Los hoteles, eslabón clave

Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

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Números cuestionados

La operatoria inició el 10 de noviembre de 2008, Hotesur SA negoció con Valle Mitre SRL (de Lázaro Báez) la locación del hotel Alto Calafate por el término de un año y acordó que recibiría por ese concepto la suma de USD 80.000 mensuales. Ese mismo día se firmó otro contrato, mediante el cual Hotesur SA cedió a Valle Mitre SRL la explotación comercial y de sus activos por un canon mensual de USD 40.000.

Es decir que, en total, en dicha fecha se garantizó el pago de un total de USD 120.000 por mes. Pese a que la empresa de Báez iba siempre a pérdida, no dejó de pagar jamás el canon mes a mes, a la familia Kirchner.

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Del relevamiento y entrecruzamiento de la totalidad de las facturas emitidas por Hotesur SA entre 2008 y 2013 con los pagos realizado por Valle Mitre SA y la fecha de registración en el libro diario de Hotesur SA, surge que Valle Mitre SA pagó a Hotesur SA, entre 2008 y 2013, la suma de $28.597.624.

Además, esos pagos, en virtud de la naturaleza del contrato y los términos acordados, se concretaron con independencia del nivel de ocupación que registrase el alojamiento y de los vaivenes de las temporadas turísticas. Es decir, neutralizando todo riesgo para los locadores, al punto que entre marzo de 2009 y mayo de 2013, inclusive, la totalidad de la facturación emitida por Hotesur SA fue a nombre de Valle Mitre SA.

Quedó corroborado que la capacidad económica de Valle Mitre era “sumamente escasa para encarar un contrato del tenor del celebrado con Hotesur SA por el hotel Alto Calafate”, tal como reveló Clarín y que consta en un informe pericial contable.

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Mientras la operación “generaba ganancias fastuosas e inéditas para la ex Presidenta, la empresa de Báez reportaba pérdidas. Otra de las operaciones que demuestran lo importante que era para Fernández de Kirchner asegurar las ganancias de Báez en las contrataciones estatales está dada por el acuerdo en relación a la hostería “Las Dunas”, ubicada también en la provincia de Santa Cruz”.

Los datos son más abrumadores: la Hostería Las Dunas permitió a Néstor Kirchner primero, y luego sus sucesores, reciban al menos, la suma de $5.846.676 emitidos por Valle Mitre SA a la “Sucesión Néstor Kirchner”; mientras que la facturación para el período 2010-2013 da cuenta de la existencia de pagos de Valle Mitre SRL/SA en concepto de arrendamientos o alquileres a la “Sucesión de Néstor Kirchner” por un total de $ 6.007.944.

Los registros compulsados por los peritos de la causa destacó que el vínculo se mantuvo “hasta el mes de mayo de 2013, fecha en la que se recibió el último pago” y que la actividad hotelera compartida entre Báez y Fernández de Kirchner “también se vincula, una vez más, a Los Sauces SA, en esta oportunidad en relación al hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por la firma de los ex presidentes el 13 de abril de 2009”.

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En concreto, “se logró identificar en las cuentas de la gerenciadora de los hoteles de Fernández de Kirchner el ingreso de, al menos, $70.949.170,95 provenientes de Austral Construcciones SA, $786.227,75 transferidos por Kank Costilla y $481.773,60 De Loscalzo Del Curto SRL, además de acreencias de otras firmas del grupo como Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, que en definitiva arrojaban un total de $73.053.584,80 para el período 2008 a 2015.

Hay otra consecuencia directa de esos movimientos de fondos: Valle Mitre SRL, que pagaba los alquileres de la ex Presidenta, creció gracias a los constantes aportes de austral Construcciones que tenía un único ingreso y cliente: el Estado Nacional. “Prácticamente el total del dinero con el que contaba Valle Mitre SA en sus cuentas en 2008 (95,7%) era el que le aportaba Austral Construcciones SA –monto que sería superior si se pondera toda la facturación relevada-, que se encontraba en ese entonces gozando del pleno auge de contrataciones con el Estado nacional”.

Para entonces Lázaro Báez ya había ganado 39 licitaciones. “Las empresas comenzaron a presentar ofertas más cercanas al presupuesto oficial, incluso muchos casos se presentaron levemente por debajo, de golpe comienzan a ajustarse al presupuesto. Las mismas empresas que cotizaron por encima casi del 20% del presupuesto oficial, ajustaron todas a la vez sus ofertas, hasta cotizaron por debajo del presupuesto

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Corrupción K,Caso Hotesur,Cristina Kirchner,Corte Suprema de Justicia

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Diputados: impulsan un proyecto para que los fondos decomisados de la causa Vialidad vayan a hospitales infantiles

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El fallo de la Corte Suprema que ratificó la pena de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad es, además, una “sentencia económica” que la obliga -al igual que a los otros condenados- a “devolver una suma estimada en 85.000 millones de pesos saqueados de las arcas del Estado». Así lo considera el diputado del PRO Gerardo Milman.

“Esta cifra equivale a 483 millones de dólares, a los que se le deben sumar intereses, que siendo un 2% anual de tasa del Banco Nación, da un total de 502 millones de dólares. Proponemos que esos recursos decomisados sean donados a todos los hospitales pediátricos del país”, sostuvo el diputado bonaerense al presentar su proyecto.

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Leé también: La estrategia de Milei para ser el único líder nacional y la pelea de Cristina Kirchner por conservar su poder en el PJ

Milman propone que los fondos que puedan ser decomisados en el marco de causa que se tramita en el Tribunal Oral 2, a cargo del juez Jorge Gorini, sean donados a hospitales pediátricos de todo el país, como el Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, el Vilela en Rosario y la Santísima Trinidad, de Córdoba, entre otros.

Los legisladores Cristian Ritondo y Gerardo Milman. (Foto: PRO)

“Los bienes mal habidos que han sido saqueados a las arcas públicas generaron, entre cosas, la falta de presupuesto e insumos médicos. Con el destino de los fondos decomisados, se fortalece la calidad del servicio de salud a los niños de la República Argentina”, fundamentó Gerardo Milman, cuya iniciativa fue acompañada por María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y otros diez legisladores.

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Los trabajadores del Garrahan, en el Congreso

La problemática del hospital de pediatría más importante de la Argentina motivó reuniones de los trabajadores y los médicos con distintas fuerzas políticas. “(Nos) manifestaron la difícil situación que atraviesan por la falta de insumos, los salarios y la falta de respuesta del Ministerio de Salud a este crítico momento”, dijo la senadora Lucía Corpacci, titular de la Comisión de Salud del Senado.

“Analizamos la crisis que atraviesa el Garrahan por el desfinanciamiento continuo de parte del Gobierno nacional, la precariedad laboral y los salarios de pobreza que recibe el personal”, señalaron desde la bancada de Unión por la Patria.

Días atrás los senadores de Unión por la Patria recibieron a trabajadores del Hospital Garrahan. (Foto: Prensa Senadores UxP)
Días atrás los senadores de Unión por la Patria recibieron a trabajadores del Hospital Garrahan. (Foto: Prensa Senadores UxP)

Proyecto de emergencia pediátrica

En Diputados, la Comisión de Salud dio un paso más y aprobó un dictamen que declara la emergencia pediátrica en todo el país. El proyecto -del diputado Pablo Yedlin, titular de ese espacio de trabajo- busca “el acceso efectivo, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Además, prevé “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica”, según puntualizó Yedlin.

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Pablo Yeldlin, diputado nacional por Unión por la Patria, presentó y dictaminó un proyecto declarando la emergencia pediátrica. Foto prensa senadores UxP
Pablo Yeldlin, diputado nacional por Unión por la Patria, presentó y dictaminó un proyecto declarando la emergencia pediátrica. Foto prensa senadores UxP

Respecto a los fondos presupuestarios, el diputado propone que el Ejecutivo reasigne partidas presupuestarias del Ministerio de Salud, a la vez que “podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Para que avance este proyecto se necesita aún el dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Familia, niñez y juventudes, que encabezan el libertario José Luis Espert y la radical Roxana Reyes, respectivamente.

Diputados, Hospital Garrahan, cristina kirchner

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