POLITICA
Conin denunció que la leche que repartieron se vende por redes sociales y el kircherismo pide explicaciones
La polémica por los alimentos a punto de vencerse en galpones del Ministerio de Capital Humano sumó nuevos capítulos. La Fundación Conin, designada por el Gobierno para el reparto a comedores comunitarios, presentó una denuncia ante la Justicia tras descubrir que la leche en polvo destinada a la asistencia social estaba siendo vendida de manera ilegal en plataformas de compra y venta.
“Nos advirtieron que en las páginas de Marketplace, en Facebook, aparecía la leche que estábamos distribuyendo. Llevábamos apenas horas de haberla distribuido y nos enteramos. Enseguida hicimos la denuncia”, afirmó Diego Álvarez Rivero, el director de Conin.
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“Un comedor le cobraba a 1000 pesos a sus propios afiliados por la leche”
El titular de la ONG fue más allá: “Después recibimos una noticia más grave: un comedor le estaba cobrando a sus mismos afiliados por esa misma leche. Es gravísimo porque es para los chicos. Es una barbaridad”.
Este último hecho impulsó una denuncia por parte de CONIN ante la Justicia provincial de Mendoza. En la presentación se remarca que desde un comedor, registrado oficialmente y cuya sede se encuentra en el departamento de Las Heras, “se llamaba a los beneficiarios a retirar las cajas de leche a cambio de 1000 pesos”, precisó Álvarez Rivero en declaraciones a radio Mitre. Y agregó: “Las cajas cuestan 5000 pesos. Las ofrecían a una cifra menor″.
En los grupos de compra y venta on line de Mendoza, también se ofrecía la leche en polvo en trueque por otros productos. En una publicación, un usuario pedía “mil corazones” a cambio de una caja, mientras otros las ofrecían directamente por “2000 cada una”. Se detectaron ofertas de hasta ocho cajas.
Las personas involucradas en la venta ilegal de la leche en polvo ya fueron identificadas. En su denuncia, la Fundación Conin, también solicitó al Registro Nacional de Comedores que eliminara de su lista al comedor involucrado.
La ministra Sandra Pettovello y el presidente de Conin Abel Albino, firmaron el 4 de junio un acuerdo para que la fundación se encargara de la distribución de la mercadería a punto de vencer.
La iniciativa fue en respuesta a la orden del juez Sebastián Casanello, quien instruyó que la entrega de los alimentos se realizara en forma inmediata para evitar que se echaran a perder.
El dirigente social Juan Grabois, quien hizo la denuncia por los alimentos retenidos en galpones de Buenos Aires y Tucumán y que motivó la apertura del expediente, se refirió a la venta de la leche a través de las redes sociales. También, a la intimación por parte de Casanello a que Pettovello presente en un plazo máximo de 72 horas un nuevo plan de distribución de los alimentos, al considerar “insuficiente” el esquema anterior.
“Esta gente inepta y sádica que se lleva el mundo puesto, que tratando de evadir a la Justicia le dio arbitraria e improvisadamente a Conin leche que revolearon sin criterio y terminó en supermercados de Mendoza, malversando caudales públicos; esta gente necia y horrible que incumple sus deberes negándole a la gente el alimento, sumando a su prontuario el abandono de personas; esa ministra, “la mejor de la historia”, Pettovello, la que juega de víctima mientras arma una “task force” ilegal para perseguir opositores ¡no logra presentar algo tan sencillo como un plan de distribución de alimentos!”, cuestionó el líder del Frente Patria Grande en su cuenta de X.
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Mientras tanto, el kirchnerismo en Diputados insiste en citar a Pettovello para que de explicaciones sobre la polémica con los alimentos retenidos en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán.
La comisión de Acción Social y Salud Pública, liderada por el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), elevó una nueva solicitud para que la ministra se presente el próximo martes en la Sala 4 de la Cámara baja. Cabe mencionar que ya había sido citada el martes anterior, aunque no contestó al pedido.
Sandra Pettovello, conin, Ministerio de Capital Humano
POLITICA
El Ejecutivo dejará de financiar los tratamientos de cambio de género de personas mayores
El Gobierno nacional anunció que eliminará el financiamiento estatal de los tratamientos de cambio de género en personas mayores de edad. La medida será impulsada a través de un decreto y forma parte de un paquete de políticas que buscan modificar el alcance de la Ley de Identidad de Género. “Es una medida que nos quedó fuera del anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores, pero que vamos a impulsar en el corto plazo”, señalaron desde la Casa Rosada.
El Ejecutivo sostiene que la salud pública “no tiene la responsabilidad de financiar programas de hormonización” y que, aunque el Estado actualmente cubre estos tratamientos en centros públicos, se buscará modificar esta obligación. Según datos oficiales, entre 2020 y 2023 se realizaron 548.662 tratamientos con una inversión superior a los $848 millones.
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El Ministerio de Salud destinó $110.923.738 para 140.439 tratamientos en 2020, $153.941.853 para 134.743 en 2021, $229.543.082 para 155.574 en 2022 y $353.956.668 para 117.906 en 2023. En marzo de 2024, la gestión anterior autorizó una licitación para la compra de insumos de hormonización por más de $827 millones, aunque el actual Gobierno afirma que la orden de compra nunca fue emitida.
Desde el Ejecutivo también manifestó que se disolvió la Dirección de Género y Diversidad, organismo encargado de ejecutar estos programas. Además, evalúan modificaciones a la Ley de Identidad de Género (26.743), que establece el derecho de las personas trans a recibir tratamientos médicos relacionados con su identidad y garantiza su cobertura en el Plan Médico Obligatorio.
El artículo 11 de esta ley obliga a que “los efectos del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”. Sin embargo, el Gobierno considera que los recursos deben asignarse a otras áreas. “No tenemos por qué financiar cambios de género. Preferimos derivar fondos a problemas más importantes”, expresaron desde Balcarce 50. Esta decisión se suma a la reciente prohibición de los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, establecida mediante el decreto 65/2025.
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