Aunque la norma impulsada por el gobierno de Axel Kicillof establecía que el cambio sería opcional para los trabajadores en actividad, la realidad ha sido distinta: muchos empleados se sintieron intimados a optar por el nuevo régimen sin tener información clara sobre los ingresos futuros. La promesa de un aumento salarial del 33,3 por ciento fue uno de los principales incentivos, pero con el paso del tiempo, los empleados descubrieron que dicha mejora nunca llegó.

El personal que optó por las cuarenta horas a partir del 1 de julio de 2023 ahora se encuentra en una situación de desigualdad, trabajando dos horas más al día sin recibir la compensación adecuada. Además, la bonificación del 9,9 por ciento, que aplica tanto a quienes trabajan treinta horas como a los de cuarenta horas, dejó a los segundos en desventaja, cobrando una diferencia salarial mínima que apenas representa el pago por veinte minutos adicionales de trabajo.

Propaganda engañosa y falta de acción sindical

El principal problema radica en la forma en que se implementó este cambio. Se promovió como una medida que acabaría con las horas extras en el régimen de treinta horas, lo que llevó a muchos empleados a creer que el cambio era inevitable si querían mantener ingresos dignos. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que el personal de treinta horas siguió cobrando horas extras, y que la propaganda de la gestión Kicillof que impulsó el cambio al nuevo régimen fue engañosa y maliciosa.

Durante más de un año, ningún sindicato se preocupó por dar una solución a esta injusticia. La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) fue uno de los primeros en recibir las quejas, pero su accionar ha sido insuficiente y tardío. Tras una asamblea en la que se prometieron avances, la situación quedó en un cuarto intermedio que jamás se retomó.

Más recientemente, el 19 de septiembre de 2024, APOC anunció un incremento del 5 por ciento para algunos trabajadores, y otro 5 por ciento adicional en enero de 2025 para los empleados de categorías superiores a la 24, lo que ha sido percibido como una solución parcial e insuficiente. Los trabajadores exigen que se aborde el tema del retroactivo y los intereses que se les adeudan por más de un año de trabajo sin el incremento prometido.

Reuniones a puertas cerradas y falta de diálogo

Otro punto de fricción ha sido la forma en que APOC maneja las reuniones con los trabajadores afectados. En una reciente convocatoria para el 1 de octubre de 2024, Pedro Fernández, representante sindical de APOC, decidió reunirse con solo dos empleados en la sede del sindicato, a quince cuadras del lugar donde se encuentran la mayoría de los afectados, en lugar de realizar la reunión en la sede de la Contaduría General, donde más trabajadores podrían participar. Esto ha generado sospechas sobre la verdadera intención del sindicato, que parece no estar dispuesto a enfrentar al gobierno de Axel Kicillof abiertamente.

La Contaduría General ha estado sufriendo una falta de personal crítica desde 2018, cuando dejaron de cubrirse vacantes y de realizarse ascensos por concurso, lo que ha aumentado la carga laboral de quienes permanecen. La poca disposición del sindicato a acercarse a la base de los trabajadores solo profundiza la frustración y la desconfianza hacia sus representantes.

Un futuro incierto: hacia la creación de un nuevo sindicato

Ante la falta de respuestas claras y la pasividad de APOC, los empleados de la Contaduría General de la provincia están considerando formar un nuevo sindicato que verdaderamente represente sus intereses y luche por una solución justa a sus problemas salariales. Como ha dicho una trabajadora, Iris Legarreta, «no necesitamos dinero, solo ganas», haciendo referencia a la necesidad de una nueva representación que esté dispuesta a pelear por los derechos de los empleados sin depender de los acuerdos e intereses particulares de los actuales dirigentes sindicales.

Pedro Fernández, titular de APOC (Foto: LOC).

Legarreta también indicó que su expediente, EX-2024-27751690-GDEBA-MECGP, junto con otros reclamos, se encuentra paralizado en la dirección provincial de Personal desde el 16 de agosto de 2024, lo que refleja la clara intencionalidad de no dar curso al legítimo reclamo de todo el personal de la Contaduría que optaron por el nuevo régimen laboral y aquellos que fueron incorporados directamente.

La situación es insostenible: los empleados han visto cómo sus condiciones laborales empeoran mientras el sindicato no hace más que prometer soluciones que nunca llegan. El conflicto por el 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el régimen de treinta y cuarenta horas sigue sin resolverse, y los trabajadores se sienten cada vez más abandonados.

A medida que avanza el tiempo, la falta de acción por parte de APOC y la falta de respuesta del gobierno provincial a los reclamos administrativos han hecho que los empleados evalúen medidas más drásticas para hacer escuchar sus voces, y una de las primeras iniciativas podría ser la creación de un sindicato nuevo y propio, libre de los intereses que hoy los han dejado sin respuestas.

Final abierto

El decreto 1531/23, que se presentó como una opción laboral con mejores condiciones, ha resultado ser una trampa para los empleados de la Contaduría General que hoy ven cómo sus esfuerzos no se traducen en una compensación justa.

La falta de acción de APOC, cuyas autoridades parecieran más preocupadas en salvaguardar la relación con el gobierno bonaerense que en defender a los afiliados, agrava una situación ya crítica, mientras los trabajadores evalúan la posibilidad de formar un nuevo sindicato que los represente verdaderamente y busque justicia en la retribución de sus salarios.

La incertidumbre continúa, pero una cosa es clara: los empleados no están dispuestos a quedarse callados ante este atropello. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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