El Gobierno denunció a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al exmandatario.

La última semana, tras la presentación judicial realizada por la Oficina Anticorrupción, el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández y su amigo el broker de seguros, Héctor Martínez Sosa y el ex titular de la firma Nación Seguros, Alberto Pagliano, fueron imputados en la causa que investiga la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Así lo señaló el fiscal Ramiro González, quien elevó los cargos contra los ex funcionarios y el bróker de seguros acusados de realizar contratos con distintos organismos pertenecientes al Estado nacional en favor de la empresa de quien es el esposo de la secretaria privada del ex mandatario.

El fiscal también, solicito información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros, para avanzar en el caso que investiga la malversación de caudales públicos.

Ahora, el Ministerio de Capital Humano realizó una presentación que abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios, según datos revelados por la Unidad de Datos de Infobae. Estos fondos, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución manejado por la Superintendencia de Servicios de Salud, fueron destinados a 291 entidades para compensar tratamientos complejos, medicamentos costosos y prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el viernes 1 de marzo comenzó a regir la libre elección para los trabajadores, permitiéndoles seleccionar el prestador de servicios de salud de su preferencia, lo que generó un nuevo frente de conflicto con la CGT.