«Otra vez va a ser un año delicado», admite una fuente de UPCN, el mayor gremio estatal que no descarta que, al igual que ocurrió con el ajuste del salario mínimo, el Gobierno termine firmando la paritaria del sector por decreto en caso que fracase la reunión prevista dentro de 15 días. Tanto el sindicato conducido por Andrés Rodríguez como ATE, históricamente más combativo, están obligados a endurecer su postura luego de haber perdido en 2024 casi 30 puntos de poder adquisitivo.

El 30 diciembre pasado el Gobierno había reanudado la paritaria estatal con los gremios del sector y rápidamente se pasó a un cuarto intermedio. Pese a que fue una reunión protocolar para reactivar la negociación colectiva, previamente funcionarios del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de Economía habían deslizado la propuesta oficial: una suba de un 1% mensual para el primer cuatrimestre, lo que fue rechazado por ambos sindicatos.

Ahora se estima que las partes vuelvan a encontrarse entre el 15 y el 20 de enero, de manera virtual, para poder cerrar una mejora que comience a aplicarse con los sueldos que serán depositados a comienzos de febrero. Empero, las chances que haya acuerdo, reconocen en ambos campamentos, aparecen lejanas.

Es que el Gobierno sigue a rajatabla su política de achique del gasto. Tras la presión de la Casa Rosada, finalmente Victoria Villarruel congeló las dietas del Senado hasta fines de marzo. El alto funcionariado del Ejecutivo sigue con los sueldos congelados desde finales de 2023, lo que despierta malestar incluso entre los técnicos que deben negociar con los gremios estatales. «Depende del Presidente pero dio a entender que seguirán congelados», se resignó una fuente oficial consultada.

Los negociadores del Gobierno saben que cuentan con una chequera limitada: el último ajuste para trabajadores estatales fue de un 3% para el último bimestre del año más un bono navideño de $30 mil. «Veremos si habrá o no acuerdo. La idea es que haya reuniones cada vez más espaciadas porque esperamos que la inflación siga a la baja. Posiblemente los ofrecimientos sigan estos porcentajes», completó la fuente consultada.

Durante 2024, el aumento para el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional fue del 73%, mientras que la inflación -aún sin conocer el dato de diciembre- superó el 112%. Los gremios también plantearon la necesidad de recuperar dicha pérdida en los ingresos pero en el Ejecutivo reconocen que ese anhelo «resultará imposible» en el actual contexto de achique del gasto.

En UPCN, esta vez, no estarían dispuestos a firmar una paritaria a la baja o que continúe con subas del 1% mensual, por lo que el Ejecutivo debería fijar el porcentaje definitivo por decreto. «Se agotó ese mecanismo. No podemos sostener esta pérdida de poder adquisitivo. Y el Gobierno sabe que gente valiosa se está yendo al ámbito privado», completó un vocero gremial consultado.

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo a AM 530 que «el Gobierno de Milei es el que decide que el 2025 sea un año marcado por una fuerte conflictividad en el Estado” al tiempo que consignó que «las paritarias no son libres, las contradicciones del Ejecutivo son muy grandes”. Y al referirse a los últimos despidos en el área de Derechos Humanos de la ex Esma, dijo que «la administración pública apareció militarizada, los policías con un listado comunicaban los despidos a los trabajadores. No pasaba esto desde la dictadura”.

Esta semana el ministro Federico Sturzenegger, cuya cartera se encuentra al frente de la paritaria estatal, anunció un nuevo régimen de contratación del empleo público. Luego de haber cesanteado a unos 36 mil estatales el año pasado, el Gobierno prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad. Al virtual congelamiento en la planta estatal, le podría seguir un acotado esquema de mejora en los ingresos del sector.