La trágica muerte de Andrés “Pillín” Bracamonte, el emblemático líder de la barrabrava de Club Atlético Rosario Central, ha desatado profundas tensiones en la provincia de Santa Fe. A pocos días de su asesinato, ocurrido a principios de noviembre, un miembro de la barra centralista emitió graves declaraciones, responsabilizando directamente al gobernador Maximiliano Pullaro y a altos funcionarios provinciales por su deceso. El ejecutivo provincial es acusado de querer tomar el control de la barra, con sus negocios incluidos.

Este hecho no solo profundiza la sospecha sobre una presunta red de encubrimiento, sino que también plantea dudas sobre el funcionamiento y las lealtades dentro del aparato estatal en relación con la violencia en el fútbol argentino.

“¿Nos quieren hacer creer que una bandita de pibes dejó a oscuras calle Avellaneda, le dio órdenes a la policía de retirarse cuando no estaban cumpliendo tareas de seguridad por la salida del estadio… y apagó la cámara de la zona? ¿En serio?”, se preguntó un integrante de la agrupación Futuro Canalla frente a la cámara de su teléfono móvil, en un video que trascendió durante las últimas horas.

“¿Todo lo que tiene para decir la provincia es solamente eso? No, es totalmente boludo. A Andrés lo mataron los jefes. Y los jefes de Andrés son los jefes de la provincia. Es la cúpula provincial. Con el gobernador al mando. ‘El Máximo’. Pullaro. Habrá que ver cómo disfraza esto. Obviamente esta bandita que dicen… estaría vinculada a un apellido también vinculado al gobernador. No nos tomes de boludo. Maximiliano, no nos tomes de boludo”, añadió con firmeza.

Estas declaraciones, que señalan directamente al gobernador Pullaro, reflejan la desconfianza y la percepción de complicidad que existe entre sectores de la sociedad santafesina respecto de las autoridades. En esa línea, el barra cuestionó el manejo del caso y el supuesto desinterés de las autoridades por esclarecer los hechos: “Tenés que dar explicaciones por qué toda calle Avellaneda quedó a oscuras, por qué no hay registro de cámaras de seguridad y por qué no había policías. Ni hablar de por qué estaba la orden de no atender a las víctimas en un nosocomio público en caso de que llegaran. ¿Por qué las puertas se cerraron y se cerraron como se cerraron?”.

A nivel judicial, el testimonio también cuestiona el compromiso de los fiscales y funcionarios encargados de investigar el asesinato. Las acusaciones sugieren una relación entre estos y el poder político, indicando que la falta de avance en la investigación podría estar vinculada a presiones desde la administración provincial: “La orden fue de la provincia. Y si acá no hay fiscales que tengan huevo de ir en contra de sus jefes, no lo hagan, pero no nos mientan más. No nos chamullen más. ¿Listo?”.

En el trasfondo de esta denuncia pública subyacen la lealtad y el respeto que muchos hinchas de Rosario Central le profesaban a Bracamonte, quien, a pesar de su rol en la barra brava, era visto por algunos como un símbolo del “tablón” y un referente en la comunidad centralista. La percepción de que su asesinato pueda haber tenido una motivación política o incluso un encubrimiento genera indignación y profundiza el dolor de sus seguidores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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