Existe una idea muy conocida de Maquiavelo: el éxito en la política radica, por un lado, en la pericia y, por el otro, en la fortuna. Hay autores como el canadiense Michael Ignatieff que señalan que cuando Maquiavelo está hablando de la suerte, no se refiere a ella como algo extrínseco, como el juegos de dados o un número que sale en la ruleta. Habla de la afinidad de ese líder con el momento histórico y de su capacidad para actuar en el tiempo preciso. Eso es la suerte en política: un fenómeno ligado al tiempo. Al cuándo, no solo al qué.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia y la eventual condena sobre Cristina Kirchner en la causa por la malversación de fondos de Vialidad Nacional en Santa Cruz, esta relación entre tiempo y política se vuelve literal. ¿Cuándo la Corte va a decidir convalidar la condena del Tribunal Oral, que ya fue ratificada por el máximo tribunal penal de la Nación, que es la Cámara de Casación Penal? De esto se trata.

No hay ninguna duda de que el fallo del Tribunal Oral va a ser ratificado. De esto no duda ni siquiera Cristina Kirchner, cuya expectativa es que los jueces escriban por qué convalidan esa condena. Ella tiene reproches sobre todo el proceso, cuestionamientos que no solamente tienen que ver con su denuncia de politización de la justicia, sino con algunas garantías que, según la exvicepresidenta, no se respetaron. Y pretende refutar el fallo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tan segura está Cristina respecto de que la van a condenar, que ya está pensando en cómo pasar esa condena. Es posible que lo haga en su casa, que es un departamento antiguo en el barrio de Monserrat. Quiere estar cerca de su hija y de su nieta, y por eso rechaza la idea que le plantean algunos amigos de recluirse en alguna quinta del conurbano, donde pueda moverse, donde pueda pasear.

¿Cuándo se conocerá la condena? Probablemente no sea este martes; podría ser la semana que viene. Hay una convención general, un lugar común, que dice: “Bueno, la clave es que la Corte emita su pronunciamiento antes del 19 de julio, que es el día de inscripción de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones bonaerenses adelantadas por Axel Kicillof para el 7 de septiembre”.

Podríamos abrir una cantidad de opciones respecto de lo que va a hacer la Corte. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que haya una disidencia de alguno de los tres miembros de la Corte sobre qué hacer con Cristina. ¿Qué pasaría si Rosatti, Rosenkrantz o Lorenzetti adoptan como criterio el pensamiento del procurador general Eduardo Casal, que dijo: ‘Seis años no, 12 años de condena’ basándose en el delito de asociación ilícita? De ocurrir, es otro el panorama que se abre. Habría que llamar a conjueces, completar un tribunal de cinco y todo eso llevaría a un trámite que alargaría los plazos del pronunciamiento.

Se da por sentado que eso no va a ocurrir, y que los tres van a pronunciarse en el mismo sentido. Tampoco se sabe cómo, porque la Corte podría expresar rápidamente “no tratamos el tema y punto”, lo que se llama la aplicación del artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. O puede dar razones de por qué ratifica la condena, objetando el planteo del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, al ir en queja hacia la Corte. Esto pasó en el caso Milagro Sala. No se revisó toda la causa, pero sí se objetaron los argumentos con los cuales los abogados de Sala habían ido a quejarse a la Corte por un pronunciamiento también de la Cámara de Casación Penal.

La cuestión es una fecha: 19 de julio, día de inscripción de las candidaturas. Eso parece ser un lugar común. Ahora, parece ser un lugar común equivocado por dos razones. La primera es más trivial, y es que una candidatura existe no el día en que la inscribe el candidato, sino el día que la junta electoral de la provincia de Buenos Aires —en este caso, presidida por una ministra de la Corte bonaerense, Hilda Kogan— oficializa esa candidatura. Ese tribunal ejerce el control de legalidad sobre los comicios y tiene que determinar si está en condiciones de ser candidato. Por dar un ejemplo: si tiene domicilio o nació en la provincia de Buenos Aires.

La segunda razón es mucho más importante y cambia todo. Tanto el artículo 97 de la Constitución de la Provincia como el artículo 69 de la Constitución Nacional establecen que la inmunidad para un ciudadano que participa de un proceso electoral se adquiere después de ser elegido. Parece ser entonces una leyenda urbana la idea de que cuando alguien se inscribe, o cuando una candidatura se oficializa, ese ciudadano ya adquiere la inmunidad que dan los fueros. Hay que esperar a que sea electo. Cristina tendría fueros como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral a partir del 7 de septiembre, cuando seguramente va a ser electa, razón por la cual la Corte podría esperar hasta ese entonces para fallar e impedir que sea candidata.

Hay un antecedente por el cual una autoridad judicial puede rechazar una candidatura. Está vinculado con los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, magistrados de la Cámara Nacional Electoral, que en su momento, en la provincia de Corrientes, plantearon la prohibición de que Raúl Romero Feris —que había sido gobernador— se volviera a presentar porque estaba preso. ¿Cuál fue el argumento de los jueces? Al estar condenado, carecía de idoneidad. No podía ser candidato a administrar fondos públicos.

El tema llegó a la Corte y los integrantes del máximo tribunal no se pronunciaron al respecto. Fue como una especie de antecedente borroso de ficha limpia: dos condenas, no puede ser candidato. La Corte corrige ese criterio en el caso Menem. El expresidente estaba en la misma situación. En ese momento, la Corte razonó que hasta que no tenga dos condenas firmes y se haya agotado todo el proceso, es decir, hasta que no falle la Corte en esa causa, puede presentarse.

Con el mismo criterio, este domingo, fue candidato en Misiones el comisario Ramón Amarilla, quien está preso. Habrá un debate respecto de si asume o no y cómo ejerce su cargo de diputado provincial. Hay quienes, a partir del tema de Amarilla y conociendo una provincia caudillesca como Misiones, dicen: “Cuidado con ficha limpia, ¿eh? Porque es dejar la posibilidad de que alguien se candidatee en manos de jueces que pueden estar asociados al poder político. ¿Qué pasa si el gobernador se asocia con un grupo de jueces, o con un juez, y se agilizan condenas arbitrarias para que alguien deje de ser candidato?”. La pregunta sería en todo caso: con este Poder Judicial que hay en determinadas provincias o en Comodoro Py, ¿se puede confiar en que esos jueces establezcan quién es idóneo o no es idóneo para ser candidato? Gran signo de interrogación.

Lo cierto es que si la Corte se pronuncia en estos días —las especulaciones son que lo va a hacer el martes que viene—, ya Cristina no podría ser candidata. ¿Qué pasa si se pronuncia después del 7 de septiembre, cuando Cristina haya sido ya electa como diputada? Damos por sentado que va a ser electa porque, con el volumen de votos que tiene el peronismo en la tercera sección electoral, aun en el hipotético caso de que la lista de ella no salga primera, obtendría el escaño igual. Algunos constitucionalistas muy refinados plantean un dilema atípico e inusual, que no está en boca de todos: ¿Qué alcance tienen los fueros provinciales de una provincia para sustraer a un legislador del imperativo de una sentencia, de un fallo de un tribunal federal, nada menos que de la Corte Suprema de Justicia? ¿Los fueros provinciales alcanzan para eso? Existe allí toda una discusión que se abre respecto de la autonomía provincial.

Una mayoría considera que es justo y correcto que Cristina sea condenada. Es más, creen que sería una condena ejemplar, dado el poder de Cristina. Una suerte de mensaje de reivindicación del principio de igualdad ante la ley. De cualquier manera, después de haber pasado por todos los tribunales, por distintos tipos de jueces y fiscales —muchísimos de ellos designados por el propio kirchnerismo—, es difícil sostener la tesis que sostiene Cristina: una persecución política.

¿Qué significa para el sistema democrático que irrumpa un tribunal en el juego político y quite de la cancha a un candidato que tiene una representación considerable? En el caso de la expresidenta, todas las encuestas dan que alrededor del 35% del país la votaría. En la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, seguramente mucho más: más del 40%.

¿Es gratis que la Justicia saque a un candidato de la competencia por razones penales bien fundadas? Esto pasó y está pasando en Brasil. Pasó con Lula, motivo por el cual tuvo que revisarse toda la causa producto de manipulaciones por parte del juez Moro, que es el que lo condenó. Hay que recordar para este caso particular que el mismo Moro termina siendo, en una torpeza inimaginable, designado Ministro de Justicia de Bolsonaro, quien se había beneficiado de que Lula no estuviera en la competencia. Después se descubrió que había manipulado la causa, y los jueces de la Corte que lo habían condenado a Lula tuvieron que pedirle perdón. Pero no es solamente Lula el caso de exclusión de un candidato por razones penales. Bolsonaro no puede ser candidato hasta el 2030 por condenas que ya tuvo, y ahora, esta semana, en el Superior Tribunal Federal de Brasil se lo está juzgando por el intento de golpe de Estado en enero, al comienzo del mandato de Lula.

Si nos retiramos un poquito de la peripecia local o coyuntural de la vida de Cristina, daría para reflexionar sobre algo más general. La corrupción es fea. La corrupción es, obviamente, condenable siempre: por razones morales, primero; por razones económicas, después. Actualmente, existe otro motivo para aborrecer la corrupción —no solo en la Argentina sino en América Latina— y para desear o trabajar para que nos curemos de esa enfermedad: termina, a la larga, produciendo distorsiones.

Políticos corruptos ponen en funcionamiento la maquinaria penal, se los termina condenando, y si el político es muy representativo, se genera todo un ruido en la democracia, porque sale del juego alguien a quien mucha gente quiere ver en la contienda y se siente representada en esa persona. Hay entonces una contradicción horrible entre representatividad, legalidad, y juridicidad. Es un problema de las democracias cuando la ética empieza a naufragar.

Cristina habló este lunes en el marco del PJ, como presidenta del principal partido político de la Argentina, si hablamos de su organicidad. Y eligió hacerlo en un día muy particular: se conmemoran los fusilamientos de militantes peronistas en José León Suárez durante el gobierno de la Revolución Libertadora en el año 1956, como respuesta al levantamiento del general Juan José Valle. La exvicepresidenta habla en las vísperas de lo que podría ser su condena, como una peronista que, por el hecho de ser peronista, es perseguida. Dice algo muy dramático: “Soy una fusilada viva.” Y recordó el famoso libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que reconstruye aquellos episodios que derivaron en el fusilamiento de esos militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Es decir, Cristina le está dando, como era de esperar y como viene sucediendo con toda la judicialización de su actuación pública, una épica a la condena. Está dando una explicación comprensible para que haya una justificación de su conducta por parte de aquellos que la siguen. No es un mensaje dirigido a quienes la quieren ver condenada, que consideran que sus argumentos son delirantes. No, le está hablando a quienes creen que hay una proscripción y militan en su causa. Se identificó así con aquellos dirigentes peronistas de los años 50 que son considerados, en la historiografía peronista, como mártires.

En una encuesta que realizó Mora Jozami, con su consultora Casa Tres, podemos observar números sobre cómo es evaluada esta condena eventual, que todos dan por segura -inclusive Cristina-, por quienes la consideran un hecho de justicia urgente y por quienes la ven como una persecución. El estudio indica quién la considera culpable y quién inocente, tanto en términos generales como por alineamiento partidario. En general, el 56% de los consultados la considera culpable, el 30% inocente y un 14% no sabe. Entre quienes se identifican con el Pro, el 99% –prácticamente todos- la considera culpable. En el caso de La Libertad Avanza, el 97% la considera culpable y hay una franja muy pequeña que la ve inocente. Entre los radicales hay un 9% que la considera inocente y el resto (86%) piensa que es culpable y, con un pequeño porcentaje indefinido que no aparece ni en los libertarios ni en el Pro.

En el progresismo -un universo que podría incluir socialistas y gente de centroizquierda- el 48% la considera inocente, el 43% culpable y un 8% no se expide. Entre los peronistas, no kirchneristas, el 51% la considera inocente; por eso ella le habla al peronismo cuando va a vincularse, en la sede del PJ, con los fusilados de José León Suárez. Un 28% de los peronistas no kirchneristas la considera culpable y un 20% no sabe o no contesta. La izquierda se comporta de manera similar al peronismo: 56% la considera inocente, 25% culpable y 18% no se expide.

En el kirchnerismo, en este caso, casi todos la consideran inocente: el 95%. Sin embargo, hay un 5% que la considera culpable y sigue siendo kirchnerista. Habrá que ver cómo funciona el cerebro de esa gente: tal vez la considera culpable y cree que igual hay que votarla, es decir, son personas que tienen la cuestión ética como una variable secundaria en sus decisiones políticas.

Entre quienes no se identifican con ningún partido, el 70% cree que es culpable, el 11% inocente y el 17% no sabe o no contesta. Por último, quienes no saben dónde se ubican políticamente muestran un 38% que la considera culpable, un 14% inocente y un 47% que no sabe o no contesta. Claro, en este último caso, se trata de gente que no sabe dónde están ellos mismos y, por lo tanto, tampoco dónde está Cristina.

La Corte seguramente está mirando esto. No cabe pensar que está actuando en función de esto, pero posiblemente está mirando estas proporciones, está observando qué recepción va a tener un fallo con tanto voltaje político en un proceso electoral donde, como decíamos, queda un “agujero” en el mapa. Está mirando eso y probablemente una forma de mirarlo sea haber dejado trascender que el fallo está próximo, para ver qué reacciones se iban generando esta semana, especialmente en el peronismo.

Este lunes hubo reuniones de dirigentes peronistas autoconvocados en la sede del PJ para ver si hacen algo, tanto en la Argentina como en el exterior, ya que consideran que esto es una persecución.

¿Por qué es interesante esta dimensión política del fallo? ¿Por qué es razonable pensar que se está midiendo políticamente esta cuestión? Porque es una Corte en la que, por lo menos, el presidente de la Corte es un político, no simplemente un hombre con sensibilidad política, como puede ser Lorenzetti. Carlos Rosenkrantz es un académico, que también tuvo alineamiento político, de hecho fue asesor de Alfonsín en la Constituyente y viene de la línea radical de teóricos del derecho, como Carlos Nino. Rosatti no, él fue constituyente por el peronismo junto a Reutemann, intendente de la capital de la provincia de Santa Fe, ministro de Justicia y procurador del Tesoro con Kirchner. Es un hombre de la política y del peronismo.

No cabe duda de que es determinante la opinión de Rosatti dentro de la Corte y el ritmo de la cuestión. Si uno mira con detenimiento la historia judicial de los últimos años, se puede percibir un ajedrez secreto entre Rosatti y Cristina, que se manifestó de distintas maneras, entre otras, dándole o no representación a determinados senadores en el Consejo de la Magistratura, como en el caso de Luis Juez -senador por Córdoba, hoy muy vinculado a Javier Milei-. Rosatti es un político, además de ser constitucionalista y juez de la Corte. Y es un político peronista. Hay una especie de armonía oscura en esto de que sea un peronista quien evalúa a otra figura peronista.

Cristina habla desde la sede del peronismo envuelta en una cuestión que interpela a toda la democracia argentina, porque Cristina es una figura central del último cuarto de siglo. Pero también hay una cuestión peronista en esta historia. Por eso, muchos piensan que la Corte también podría estar actuando también al servicio de un proyecto de renovación dentro del peronismo.

Rosatti no solamente es peronista y fue ministro y procurador de Kirchner. Gracias a Rodis Recalt, periodista de Noticias que viene haciendo desde el año pasado un gran trabajo sobre el aniversario de la constituyente, pudimos rescatar este video. Ahí vemos, juntos, a Rosatti y a Cristina en la Convención Constituyente de 1994. Es decir, estamos hablando de hace treinta y un años. Esto muestra que hay una larga historia en esta partida de póker entre el presidente de la Corte y la presidenta del peronismo y ex presidenta de la Nación.

Y esta historia tiene otras dimensiones. Una es la señal que da la Corte no solo hacia el peronismo, sino a toda la política. Es muy probable que se esté decidiendo la prisión de alguien con un poder enorme, que fue presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora durante muchísimos años, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Entonces, es un mensaje para cualquier persona con poder. Y también es un mensaje para Milei: cuidado, que acá no hay presidente que se salve. Esto recuerda aquella obra de teatro de Bertolt Brecht, donde le quieren mostrar a la reina Isabel de Inglaterra la cabeza recién degollada de su enemiga, María Estuardo, la reina de Escocia. Y Brecht le hace decir a Isabel de Inglaterra: “No me gusta ver rodar cabezas coronadas, aunque sean de mis enemigos”. Hay una historia similar entre otro rey de Inglaterra y el rey de Francia, que estaban enemistados. Cuando un colaborador, alborozado, le dice: “Acaban de degollar a tu enemigo”, él responde: “No, no, a mí no me gusta ver que degüellan reyes, porque soy rey”. Quiere decir que es un mensaje para toda la política. Es un mensaje también para el presidente actual y para los que vengan detrás de él.

Hay otra pregunta política alrededor de todo este problema. Saco a Cristina: ¿a dónde van los votos? Primero, ¿a quién va a poner el peronismo en la tercera sección electoral para competir con La Libertad Avanza en las próximas elecciones? Me refiero a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Otra pregunta, muy directa para lo que está pasando hoy -tema sobre el que recomiendo leer la nota de Claudio Jacquelin en – es cuál va a ser el nivel de abstención en esa elección provincial, ahí donde se postulaba Cristina y probablemente no se pueda postular, si es que lo que va dejando trascender la Corte ocurre, que es una sanción previa al 7 de septiembre.

¿Qué pasa con la abstención hoy en Argentina? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque es un país con voto obligatorio, y porque más de media biblioteca considera que una democracia es vital si la gente participa. Es más, hay toda una doctrina de mayor participación, de una democracia más directa, menos intermediada por la política. Se recomienda que haya más plebiscitos, más referenda. Acá estamos al revés. Estamos yendo a niveles menores de participación y a una clase política que dice: “Espaciemos más las elecciones porque no queremos molestar a la gente llevándola a votar”. Pero, ¿no era que a la gente le gusta votar, le gusta intervenir? ¿Cuál es el nivel de vitalidad de la democracia argentina con estos niveles de abstención?

Y ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué nivel de abstención va a haber allí donde Cristina no va a participar? Que es nada menos que la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Ella no elige ese lugar azarosamente, porque es donde mejor le va. Es el corazón histórico del peronismo, el corazón presente del peronismo. Ahí están La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Tres de Febrero, Berisso -que es donde nació el peronismo-, Ensenada. Estamos hablando del corazón de ese partido, de la presidenta de ese partido que se presenta ahí y probablemente no se pueda presentar. ¿Qué va a pasar ahí?

Por otro lado, ¿a quién va a poner la gente del gobierno? ¿Qué va a pasar con La Libertad Avanza en la tercera sección electoral? Son divisiones dentro de divisiones. Dentro de La Libertad Avanza hay una polémica. Uno de los contendientes es Sebastián Pareja. En toda la provincia pero particularmente a la tercera sección electoral, donde quiere ser candidato. Él reporta a Karina Milei, que tiene un poder enorme, sobre todo en el anclaje territorial de La Libertad Avanza. Frente a él se ubica Santiago Caputo, el Mago del Kremlin, que querría poner a uno de sus tuiteros de las Fuerzas del Cielo. Hablan del Gordo Dan, que es una figura que, en el microclima libertario, ha adquirido mucho despliegue. Pero, ¿cómo le va en las encuestas?

Es interesante esta cuestión, porque nos habla de una confianza extraordinaria que tiene este oficialismo en las redes sociales, y de la inserción que tienen con influencers que militan en esas redes, sobre todo en X. ¿Qué papel están cumpliendo hoy las redes sociales en la política? ¿Habrá alguna alucinación, un espejismo? Una consultora hizo una encuesta sobre consumo de información en la Argentina. ¿A través de qué se informa la gente? El 28,5% dice que se informa a través de redes sociales, pero el 61,9% lo hace a través de canales de noticias, noticieros, diarios y radio. Miren la desproporción. Pareciera que no está tan muerto el mundo de los medios convencionales, el mundo -vamos a ponerlo así- del periodismo. Es una noticia para Luis Caputo, ministro de Economía, que anunció la muerte del periodismo y la desaparición de la profesión por culpa de los periodistas. Debería leer esta encuesta. No sé sabe si él sigue números en otros campos de la vida o solo mira los de la economía.

Miremos otra placa de esta encuesta de Trends: la confianza que inspiran los medios de comunicación. Seis de cada diez argentinos dicen que confían en los medios tradicionales. Solo el 32,3% confía en las redes sociales. Miren la distribución.

Las redes sociales: confianza en un 34,7% y la desconfianza alcanza el 64,3%. Hay un 28% de las personas que se informa en redes sociales, pero el 64,3% desconfía de esos medios. A ese porcentaje que se informa por redes sociales, cuando se les pregunta “¿Qué mira usted en las redes sociales?”, muchos de ellos responden que ven posteos y mensajes de medios tradicionales o de periodistas de medios convencionales. Es decir, se informan en X, en Instagram o en Tiktok pero buscando información que venga de medios clásicos, por un problema de confianza.

Esto es interesante para un gobierno que pertenece al primer grupo político que vive en las redes, no que simplemente las utiliza. Obviamente el kirchnerismo usó las redes y el macrismo también. Pero esto que representan sobre todo Milei con el Mago del Kremlin, y el papel que tiene Santiago Caputo dentro del oficialismo, viene del manejo de estas tecnologías y de la habilidad para navegar en las redes sociales. Sin embargo, daría la impresión de que todavía el clima político general no está como para hacer una apuesta tan importante a ese método y tampoco está para alentar tanto esta idea de “no odiamos tanto al periodismo”, porque daría la impresión de que la gente lo odia mucho menos que el Gobierno. Si es que lo odia.

Hay una división en el oficialismo que se expresa con una fragmentación también entre el grupo de Caputo, el grupo de Pareja, y dentro del grupo de Pareja una nueva corriente: la Carlos Menem. La dirige Enzo Di Fabio, y entre los militantes hay un chico —19 años tiene— que se llama Fidel Co. Es nieto de Alberto Kohan. Ellos también están disputando candidaturas bajo el paraguas de los Menem, que incluye a Zulemita, que están al lado de Karina Milei.

El enfrentamiento con el Pro también es importante porque empieza a tener consecuencias en la marcha concreta de las cosas, sobre todo en la economía. Hubo una abstención de nueve diputados en el tratamiento de un paquete ligado a la cuestión jubilatoria que, según el economista Esteban Domecq, le estaría sumando 1,7 puntos del PBI de gasto a una economía que está en déficit cero. En un tuit, advierte: “Cuidado, porque si esto avanza, es 1,7% del PBI que cambiaría el rumbo fiscal de 2025”. Esas nueve abstenciones fueron del Pro. Entre ellos, María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, lo que no sucedió sin una orden de Mauricio Macri. Él le está haciendo notar a Milei cuánto necesita a sus diputados. Porque si Milei quiere vetar, y hay una insistencia de dos tercios de la Cámara de Diputados en esta sanción de este paquete, no cuenta con la posibilidad de resistir la convalidación de la ley.

No fue solo una abstención de Macri contra Milei. Fue una abstención también de esos diputados contra Ritondo. Lo que le están diciendo a Milei, a Karina y a Santiago Caputo es: “Arreglar con Ritondo no trae todo. En todo caso, Ritondo, Santilli, Montenegro, están arreglando la situación de ellos. No es un acuerdo con el Pro”.

En la Argentina en el 2024 se despejó una incógnita: hay un líder. Ese líder es Milei, que está teniendo éxito en la economía y va a anunciar el jueves a las 16 un índice de inflación menor al 2%. La incógnita que está pendiente de resolución, y que se tiene que descifrar en estas elecciones, es: así como hay un líder, ¿hay un oficialismo? ¿Ese líder tiene un oficialismo en capacidad de producir reformas para bajar los costos? ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? Pichetto y Monzó, ¿qué son? ¿Oficialistas u opositores? Los radicales de Rodrigo de Loredo, ¿son opositores o son oficialistas? ¿Y López Murphy? ¿Dónde está Macri?

El Gobierno, si quiere seguir abriendo la economía y atrasando el tipo de cambio, va a tener que hacer una reforma fenomenal para bajar los costos. Esto es lo que dice Carlos Rodríguez en un largo y durísimo tuit, que emitió durante este fin de semana desde su cuenta @carod2015. Recomiendo ver ese posteo para entender cómo se van formando ciertas ideas en la cabeza de economistas que son ultraliberales, y que sostienen al Gobierno —o por lo menos lo sostuvieron—, así como sostienen el rumbo general que le imprimió Milei a la Argentina.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó este lunes un fallo de la jueza nacional Moira Fullana que ante una presentación de la CGT suspende dos artículos del decreto 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei que ponía límites a las huelgas en sectores de servicios esenciales.

El fallo fue emitido esta tarde por la Sala IV de la Cámara, con lo cual se confirmó la resolución de la jueza Moira Fullana que había actuado en primera instancia.

Los jueces que ratificaron el fallo de Fullana fueron Héctor Guisado y Silvia Pinto Varela. Asumieron que “no está resuelta la cuestión de fondo” pero cuestionaron los intentos del Gobierno de avanzar por decreto sin discusión previa en el Congreso.

La resolución de la cámara suspendió la aplicación del decreto que regulaba las huelgas en los denominados servicios esenciales para evitar paros totales en la salud o en sectores del transporte y las telecomunicaciones.

En este fallo, al que tuvo acceso Clarín, la cámara también recordó que «el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 340/2025 que, si bien se titula Apruébase el Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” alude a una ley del Congreso «que reglamenta la huelga en los servicios esenciales» o de importancia trascendental.

En ese punto, la Cámara observó que «en un DNU referente a la Marina Mercante sustituye un artículo de una ley, cuyo texto había intentado modificar el Decreto 70/2023 (el contenido de ambos decretos sobre el tema en cuestión presenta similitudes pero no es idéntico)».

Y, al respecto advirtió que esta misma Cámara ya «en primer término suspendió cautelarmente el decreto 70/23 y luego lo declaró inconstitucional; cuyo resultado final se encuentra para ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en otra causa iniciada por un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo.

El miércoles 21 de mayo, a través de un decreto destinado a regular el funcionamiento de la marina mercante, el Gobierno resolvió volver a la carga con su objetivo de limitar el derecho a huelga, mediante el DNU 340/25 que fue firmado por buena parte del Gabinete.

El texto estableció la ampliación de las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en otro de los artículos, el decreto creó la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impuso la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

La CGT repudió el decreto y presentó un amparo en la justicia. Entre los fundamentos, sostuvo que el decreto reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.

Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga. Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes.

Hasta la publicación del decreto del Gobierno, la legislación argentina, siguiendo los parámetros establecidos por la OIT, sólo consideraba como esencial aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Así se incluían como esenciales las actividades vinculadas a los servicios sanitarios, la provisión de agua y energía y el control del tráfico aéreo.