La investigación del mecanismo de extorsión por parte de referentes de organizaciones sociales continúa y cada vez aparecen más pruebas que lo confirman. En esta ocasión, TN pudo acceder a las fotos de los cuadernos que fueron allanados en el contexto de la causa que investiga “la mafia de los piqueteros”.

Según adelantó el periodista Nicolás Wiñazki en el programa Somos Buenos, el material fue secuestrado en una sede del Polo Obrero, aunque la Justicia tiene en sus manos muchos más ejemplares.

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De acuerdo con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, las personas que aparecen en un listado al interior del anotador -que lleva como título la palabra “Sanciones”- son aquellas que pasaron a cobrar el plan Potenciar Trabajo y que no participaron de alguna marcha o actividad política. Por esta razón, fueron “sancionados” con medidas como cobrar una multa, negar los alimentos que brindaba el Estado o la prohibición de entrada a los comedores.

Este mecanismo de extorsión fue comprobado en los detalles que se descubrieron en los ahora llamados “los cuadernos del hambre”, ya que, al lado del nombre de la persona “multada” se describía el tipo de sanción que recibiría.

Asimismo, otra cuestión que llamó la atención de los investigadores fue el tiempo que se detalla en las anotaciones, debido a que algunas de las inscripciones datan del año 2022, por lo que se estima que este modus operandi se haya llevado a cabo mucho tiempo antes de las primeras denuncias que se realizaron a fines del año pasado a través de la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad.

Qué dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de la causa que investiga las extorsiones piqueteras

En diálogo con Somos Buenos, la ministra de Seguridad -Patricia Bullrich- expresó que, luego de habilitar la línea para recibir las denuncias en relación a las extorsiones, se procedió a la clasificación de los llamados, debido a que algunos poseían datos imprecisos.

Una vez avanzados en la línea que sí contenían información concreta, se avanzó con la judicialización del caso. “Hubo una primera causa que se abrió con el 20 que es la que lleva el fiscal Pollicita y luego, todas las demás se judicializaron en otra causa que lleva adelante el juez Lijo”.

Por un lado, Pollicita avanzó la investigación en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- para analizar si cada uno de los nombres denunciados estaban registrados en las bases de datos de las personas que recibían los beneficios del Estado.

“Así se fue desarmando la investigación con escuchas. De las 160 mil denuncias que recibimos al día de hoy, quizás hay un poco más, judicializamos alrededor de 14.000 que tenían datos certeros de todo el país”, agregó.

Por otra parte, la ministra llamó la atención con una denuncia que ocurrió en La Matanza: “Hay un caso de relaciones sexuales a cambio de un plan”. Sin embargo, detalló que un hecho similar tuvo lugar en Chaco en una causa federal que involucra a funcionarios del Estado: “Elegían como si tuvieran un cuadernito cuáles eran las chicas que querían y a cambio le daban un plan. Eso está investigado por la justicia provincial y luego pasó a la justicia federal porque es un caso que fue caratulado como trata de personas”.

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Sobre el final de sus declaraciones, Bullrich concluyó: “Hace 20 años que pasa esto. Entonces lo importante es decir que nos animamos a hacerlo. Nos metimos adentro, pusimos un teléfono, la gente empezó a llamar, recibimos 160 mil denuncias y no tuvimos más porque el teléfono tiene una capacidad limitada”.

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