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POLITICA

Después de varios intentos, el ex juez Walter Bento consiguió el beneficio temporario de la prisión domiciliaria

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El ex juez federal de Mendoza, Walter Bento, -destituido por mal desempeño y detenido en una causa en la que se lo acusa de liderar una banda que ofrecía favores procesales a cambio de dinero y bienes- saldrá de la cárcel de manera transitoria y cumplirá prisión domiciliaria por 15 días, por motivos de salud de integrantes de su familia.

La defensa de Bento venía insistiendo con el pedido de prisión domiciliaria desde el año pasado, cuando en noviembre de 2023, fue destituido por el Consejo de la Magistratura, perdió los fueros y fue a prisión.

Bento está imputado por liderar una asociación ilícita con abogados y despachantes de aduana que cobraban coimas a presos a cambio de beneficios judiciales.

El juicio oral en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza empezó el 26 de julio del año pasado. Tiene a 32 personas imputadas, entre ellos el destituido juez, su esposa y dos de sus hijos.

Este lunes por la tarde, se conoció a decisión del Tribunal de permitirle retornar a su casa por 15 días. Es porque su esposa Marta Boiza, también imputada, se encuentra internada por una fractura y no puede hacerse cargo de la salud del hijo menor que sufre una discapacidad grave.

El ex juez federal abandonará en las próximas horas el penal de Cacheuta, para trasladarse a su casa, donde deberá permanecer con prisión domiciliaria, controlado con una tobillera de monitoreo electrónico.

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Será el lapso más largo que la Justicia le ha otorgado para volver a su domicilio en el barrio privado Palmares, de Godoy Cruz, en la Gran Mendoza. En otras dos ocasiones, el Tribunal le permitió salidas cortas (entre uno y cuatro días) para ayudar a su hijo a vincularse con cuidadores que fueron enviados por la obra social del Poder Judicial.

«Sin perjuicio de todas las medidas adoptadas hasta aquí, el Tribunal entiende que, de manera excepcional, provisoria y restringida, debe hacerse lugar a la prisión domiciliaria de Walter Bento desde el día de la fecha y por el lapso de quince días, en beneficio exclusivo de su hijo Facundo Bento”, sostiene la resolución judicial que habilita esta nueva salida del polémico ex juez.

El Tribunal aclara que no se ha podido establecer hasta el momento un plazo de recuperación y consecuente alta hospitalaria de la madre del chico y esposa del exjuez, «quien pueda brindarle a Facundo la contención que requiere, aún con los cuidados que se le vienen brindando con las prestaciones de salud otorgadas por la OSPJN”.

Menciona el tribunal el deterioro de la salud de Facundo, que sufre encefalopatía crónica no evolutiva y tiene dificultades para valerse por sí mismo.

“Desde la internación de su madre, sumada a la detención intramuros de su padre, el joven presenta cuadros de angustia, insomnio, pérdida de peso y episodios de auto y hetero agresión», señala la resolución judicial.

Y aclara que, si bien Facundo cuenta con la presencia de sus hermanos no convivientes (Nahuel y Luciano que también están imputados en la causa), un régimen de cuidadores permanentes, medicación cubierta, atención psiquiátrica y concurrencia al centro terapéutico Allkün, «este esquema de cuidados no resulta hoy suficiente y es necesario reforzarlo con la presencia del padre hasta tanto pueda lograrse reacomodar a dinámica familiar de manera de lograr un impacto positivo en su salud».

Las condiciones de la domiciliaria para el polémico ex juez

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Según manifestó la defensa de Bento, la ausencia de la madre produjo en Facundo un agravamiento de su estado de salud y por esto insistieron en la salida de su padre de la cárcel.

El ex juez Walter Bento, destituído, preso y ahora beneficiado con una domiciliaria temporaria. Foto Federico López Claro

En prisión domiciliaria, el ex juez federal sólo podrá recibir a su núcleo familiar primario y abogados defensores.

Aclara la resolución que podrán ingresar personas que se ocupen de la salud y atención de Facundo y en caso, de que alguien más del núcleo familiar requiera atención de emergencia.

Además, la administración del Barrio Privado Palmares deberá enviar al Tribunal un informe semanal, de las personas que ingresan al barrio con destino a la casa de Walter Bento.

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POLITICA

Detectan graves irregularidades en millonarios subsidios a comunidades mapuches

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Dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron graves irregularidades en el manejo de millonarios subsidios otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades mapuches, algunas de ellas vinculadas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según el informe, el dinero que debía destinarse a proyectos comunitarios fue utilizado en parte para pagar abogados en litigios contra el Estado y muchas de las obras financiadas con estos fondos nunca fueron realizadas.

A lo largo de más de una década, los gobiernos kirchneristas transfirieron más de $1.200 millones a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Sin embargo, la falta de controles permitió el desvío de fondos a otros fines. La auditoría reveló que en muchos casos no existían registros sobre el contacto con las comunidades, ni informes de avances en los proyectos financiados.

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El actual titular del INAI, Claudio Avruj, calificó este programa como una “obscenidad” y ordenó su cierre a través de la Resolución 8/2025. “Estos subsidios se convirtieron en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras”, denunció Avruj, citando los hallazgos de la SIGEN.

Casos de usurpaciones y subsidios millonarios

El informe destaca al menos tres casos en los que comunidades que recibieron subsidios fueron protagonistas de usurpaciones de tierras:

Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de esta comunidad ocuparon terrenos en San Carlos de Bariloche pertenecientes a la familia Soriani. En 2023, recibieron $1.770.000 del INAI para asistencia jurídica.

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Lof Kinxikew (Neuquén): ocupó tierras en San Martín de los Andes y fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino. En 2023, recibió $1.950.000 para asesoramiento legal.

Newen Mapu (Río Negro): en 2023, recibió $4.480.000 en subsidios del INAI mientras mantenía reclamos territoriales en El Bolsón.

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Otras comunidades, como la Agrupación Mapuche Linares (Neuquén) y Lof Malal Pincheira (Mendoza), también recibieron subsidios millonarios y están involucradas en conflictos por tierras en zonas de interés para la exploración de hidrocarburos y el desarrollo ganadero.

Irregularidades en la rendición de cuentas

Las auditorías detectaron irregularidades en la firma de convenios y en la posterior rendición de cuentas. Un caso emblemático es el convenio firmado en octubre de 2022 por $1.690.000 para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan. Al revisarlo, los auditores encontraron que:

No hay registros de reuniones entre el INAI y las comunidades para evaluar la solicitud.

No existen informes de avances en el uso del dinero.

No se notificó a la comunidad sobre el desembolso de los fondos.

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Se pagaron honorarios a un Licenciado en Ambiente, cuando el dinero debía destinarse a asistencia jurídica.

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Un caso similar ocurrió con un convenio de $1.770.000 para la Comunidad Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi, donde tampoco se encontraron registros ni rendiciones de cuentas.

Subsidios sin control en litigios contra el Estado

Uno de los puntos más preocupantes es que las auditorías confirman que estos fondos fueron utilizados para litigar contra el Estado. En el caso de las ocupaciones en el Parque Nacional Los Alerces, los subsidios financiaron la contratación de abogados que defendieron a las comunidades en juicios por usurpación.

Otro caso llamativo es un convenio por $29.210.000 firmado en Salta en cumplimiento de una sentencia internacional. Según la SIGEN, el dinero se ejecutó sin que existiera registro de contacto con las comunidades ni informes sobre su uso.

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