La relación entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Casa Rosada es probablemente la más sólida que construyó Javier Milei en casi cuatro meses de gestión. Trabajo coordinado en cuestiones de seguridad frente a los piquetes y, sobre todo, buena predisposición entre ambas partes destacan en un vínculo que es preexistente: desde antes de ser jefe de Gobierno, Jorge Macri resaltaba su buena sintonía con el entonces candidato presidencial, que también lo valoraba públicamente.

Pero hay un foco de conflicto que trasciende a Macri y a Milei, y que en la actualidad, y hacia adelante, los pone en veredas opuestas a la hora de negociar. Se trata de la millonaria deuda por coparticipación a la Ciudad que el libertario heredó de la presidencia de Alberto Fernández, que se inició en septiembre de 2020, en plena pandemia, y que todavía sigue sin saldar.

Casualidad, o no, el entonces intendente de Vicente López estuvo presente en la Quinta de Olivos ese 9 de septiembre de 2020, cuando Fernández les anunció a todos los intendentes bonaerenses que asistieron a la cita, incluidos los de Juntos por el Cambio, que en pos de resolver el conflicto salarial de las fuerzas de seguridad bonaerenses, había tomado la decisión de crear el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que le quitaba inicialmente 1,18 punto de coparticipación a los porteños para dárselo al gobierno de Axel Kicillof.

Eran tiempos en lo que Fernández y Kicillof cultivaban un diálogo amable y constructivo con el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta debido al trabajo conjunto frente al coronavirus. Hasta ese día, cuando Larreta se enteró por un mensaje de WhatsApp que lo iban a desfinanciar. Lo que vino fue historia conocida: un reclamo en la Justicia vía cautelar y también ante la Corte Suprema por el fondo, que tardaría años en resolverse. O, en realidad, sigue sin una solución final.

Este jueves, en simultáneo con la reunión que en la Rosada tendrán representantes del Gobierno con los gobernadores de Juntos por el Cambio, Jorge Macri se verá con el ministro de Economía Luis Caputo por segunda vez en el año, en busca de llegar a un acuerdo por la coparticipación porteña.

«Yo voy a estar con Caputo porque me parece una reunión más urgente. Desde el punto de vista práctico seguimos igual que antes: hay un fallo, el gobierno anterior no lo cumplió, éste todavía tampoco», señaló en una entrevista radial el alcalde porteño, aclarando que a la cumbre en Rosada irá la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

Aunque no se diga públicamente, la paciencia con el mileísmo, a 90 días de la primera cita entre Macri y Caputo, se está acabando. Aquel 4 de enero, el Gobierno porteño destacó la buena voluntad de parte de la Nación y remarcó que se comprende que la actual gestión no fue parte de la discusión previa del reclamo así como la situación económica del país.

Se coincidió también en que se trató de una buena primera reunión, en la que el Gobierno Nacional no desconoció la situación legal de la Ciudad. Además, el Ministerio de Economía se comprometió a interiorizarse en los detalles técnicos. De esa cumbre, además de Macri y el jefe de Gabinete Néstor Grindetti, fue Gustavo Arengo, el ministro de Finanzas porteño. Por el lado del gobierno estuvieron Caputo y varios de sus asesores del equipo económico.

Desde poco después de la poda decidida por Alberto Fernández, la Ciudad viene recibiendo el 1,4% de la coparticipación, a partir del incumplimiento de la Rosada. El goteo de fondos que reclama la Ciudad, y que se debe transferir vía Banco Nación, es de 2,95%. La Corte Suprema de Justicia avaló en diciembre de 2022 la cautelar para que el Ejecutivo le pague a la administración porteña esos fondos, pero Alberto Fernández incumplió el fallo en una causa que todavía no tiene sentencia de fondo del máximo tribunal.

El crecimiento de la deuda de Nación con los porteños en estos años fue exponencial. Desde que falló la Corte, hace 15 meses, se calcula en $ 522.114 millones la deuda por coparticipación a la Ciudad. Sólo en la última semana de 2022 se le debieron $ 9.095 millones, a los que se agregaron $ 348.651 millones en 2023 y otros $ 168.358 millones en el primer trimestre de este año, de acuerdo a los cálculos en Uspallata.

Esa cuenta no contempla intereses ni tampoco inflación, por lo que la suma adeudada asciende a unos $ 1,2 billones en términos reales. Eso es lo que viene reclamando Ciudad, es lo que va a volver a plantear Macri y es la letra chica que el Gobierno, más allá de reconocer la legalidad del reclamo, intentará negociar de manera favorable.

Mientras en la Corte Suprema las principales intrigas pasan por saber qué sucederá con la designación, o no, de los dos candidatos que nominó el Ejecutivo para sumarse, la decisión de fondo que debe tomar el máximo tribunal en torno a los fondos porteños es esperada por la administración de Jorge Macri.

En un momento de buen feedback institucional con el Gobierno, parece difícil que el Máximo Tribunal se exprese sobre la cuestión en un período corto de tiempo. Lo que la Corte espera, siempre en estos casos, es que primero resuelva la política, es decir, que se llegue a un acuerdo entre Nación y Ciudad, escenario más viable en relación a otros años, cuando gobernaba el kirchnerismo. El tira y afloje, no obstante, existe.

En la Ciudad esperan poder resolver un tema que viene de mucho tiempo y que obligó a ajustar su presupuesto en los siguientes tres años de gestión de Rodríguez Larreta. Esa deuda original surgida desde Nación por la quita de recursos porteños, se terminó compensando con la reducción de un 10% del gasto corriente, un freno a las obras y renegociando contratos, aunque especialmente con el impuesto a las tarjetas de crédito -ya eliminado-, más la aplicación de Ingresos Brutos a las Leliq, todavía vigente y que se eliminará una vez que se le pague la coparticipación correspondiente definida por la Corte Suprema.