En línea con el reglamento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó el pedido de sesión especial para pasado mañana que hizo la oposición con la intención de activar una comisión de investigadora para precisar el grado de involucramiento de Javier Milei y su entorno en el caso $LIBRA. La movida la empujaron los radicales de Democracia -referenciados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro), en un armado quirúrgico que dejó afuera a Unión por la Patria (UP).

Además de la posible creación de la comisión investigadora, se tratará el pedido de informes verbales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la promoción de la criptomoneda, como también se intentará impulsar un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

Los principales referentes políticos de la Casa Rosada trabajan para desterrar el tema de la agenda pública y evalúan alternativas para desarticular la sesión del próximo miércoles en Diputados. El oficialismo recurrió a su ya conocido manual de procedimiento. Se apoyó en sus aliados de la UCR y macrismo así como en los gobernadores, deseosos de llegar a un acuerdo con la Casa Rosada que redunde en beneficios para sus territorios.

La oposición reaccionó. Planea tratar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y otras regiones afectadas. Es un proyecto que reune el apoyo de casi todos los bloques políticos, a excepción del oficialismo, que propone destinar una partida extraordinaria del presupuesto “para intervenir y asistir inmediatamente a la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales”. Será utilizado como una herramienta de presión para exponer a los diputados tentados por la Casa Rosada para restar al quorum.

El Gobierno aceleró el plan B: Guillermo Francos. Los libertarios ofrecen al jefe de Gabinete, curtido en batallas políticas, para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA.

No está claro que la oposición acepte esta oferta. Hay diferencias sobre los términos y condiciones bajo los que Francos podría presentarse en Diputados. Mientras que el Gobierno pretende circunscribirlo a los informes ordinarios de gestión y diluirlo entre un mar de preguntas sobre la marcha de la administración, la oposición apuesta a una interpelación por el criptogate.

La definición de la estrategia se juega en las próximas horas. La clave está en si la oposición logra mantener el quorum hasta el miércoles. Si resisten la presión, el Gobierno podría verse obligado a ceder.

Según un sondeo informal de LA NACION, por estas horas hay cerca de 135 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas.

Además de los convocantes, se sumarán los seis diputados de la Coalición Cívica que rogaron por una estrategia ordenada. Pretenden dar un debate serio y evitar el giterío político. Lo mismo harán alrededor de ocho referentes de Encuentro Federal que apuestan a la racionalidad. Se inclinan por la interpelación o a la creación de una comisión investigadora, dos iniciativas que no solo tienen más chances de prosperar, sino que se despojan de los señalamientos por “destituyentes” que podrían reunir con la motorización del juicio político.

En Unión por la Patria hay bronca por haber quedado afuera del armado. Desde su mesa chica acusan a los impulsores de “buscar un título” más que los números para sesionar. Sin embargo, reconocen que, llegado el momento, acompañarán el debate. La diputada Paula Penacca tiene la misión de contar cuántos de los 98 miembros del bloque estarán en sus bancas.

La izquierda, en cambio, no dudó en sumarse. Con cinco diputados, empujan su propio proyecto para interpelar a Milei en el recinto y exigirle explicaciones públicas. “Que le hable a la gente y dé la cara por esta estafa”, desafía un referente del bloque.

El pedido para sesionar contiene un mensaje velado para la UCR: incluyeron un proyecto de Rodrigo de Loredo, el jefe de ese bloque, quien presenta dudas sobre qué grado de oposición ejercer frente al Gobierno. Lo empujan a definir si su bancada se partirá entre quienes exigen esclarecer el criptogate y aquellos que, en nombre de la gobernabilidad, evitan confrontar con la Casa Rosada. En ese lote, el costo político de subirse a la avanzada opositora pesa más que la indignación pública. Aun así, en el radicalismo descuentan que al menos cuatro de sus 20 diputados se sentarán a dar quorum.

¿Qué implica la sesión?

Si logran el quorum, el golpe para el oficialismo no será letal, pero marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con dos caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo o crear una comisión investigadora.

Si se habilita el debate, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis. Hay varios proyectos en danza. Los más agresivos, promovidos por el socialismo y Unión por la Patria, buscan el juicio político al Presidente, pero fueron excluidos del temario. Otros apuntan a la interpelación de funcionarios clave, con matices sobre a quiénes sentar en el banquillo y bajo qué términos. La tercera vía, empujada por los radicales de Democracia, apuesta por una comisión investigadora con poder para citar testigos, pedir informes y, eventualmente, escalar la ofensiva.