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POLITICA

Dos artículos de la Ley Bases y una reforma laboral profunda: punto por punto, que discuten el Gobierno, la CGT y los empresarios 

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Pese al malestar que generó que la decisión del Gobierno de reglamentar la reversión del impuesto a las Ganancias sin atender los reclamos sindicales, la CGT definió que por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei en el afán de preservar la unidad entre los diferentes espacios de la entidad. Pero si resolvió endurecer su posición con el Ejecutivo ante la falta de respuestas a sus reclamos: así enviará solo a sus equipos técnicos (no a sus dirigentes) la semana próxima a la reunión convocada por el Ejecutivo por la reglamentación de los cambios en materia de trabajo incluidos en la Ley Bases, pero rechazó sumarse a un diálogo tripartito para discutir una reforma laboral más profunda, como alienta el sector empresario con un guiño de la Casa Rosada.

La posición cegetista fue convenida este jueves en la extensa reunión del consejo directivo que sesionó en la sede de Azopardo al 800 con la participación de dirigentes de los grupos más moderados de la entidad, encabezados por Héctor Daer y los denominados «independientes», y de los sectores combativos, el frente que componen Pablo Moyano y los gremios K.

En ese marco, y pese a las diferencias entre quienes sostienen la necesidad de mantener el diálogo abierto con el Gobierno y aquellos que pugnan por endurecer la posición sindical, se acordó una estrategia conjunta que volvió a postergar la definición de medidas de fuerza, resolvió la convocatoria a un plenario de todas las regionales de la CGT y sumarse a la movilización convocada por las organizaciones sociales para el próximo 7 de agosto por la celebración de San Cayetano.

A la par, y en un mensaje de endurecimiento con la Casa Rosada, se fijó que serán los equipos técnicos de la central y no los miembros de la conducción sindical los que irán el próximo miércoles a la Secretaría de Trabajo a la reunión para debatir la letra chica de los cambios laborales establecidos por la Ley Bases. Pero los sindicalistas desestimaron cualquier posibilidad de negociar a partir de un marco tripartito una reforma laboral de alcance más amplio.

“El Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, reprochó Daer al término de las deliberaciones del consejo cegetista en alusión al planteo sindical para que el nuevo piso de Ganancias se actualice por la inflación acumulada el último semestre y el pedido para que el Gobierno deje sin efecto la apelación ante la Corte por el fallo judicial que frenó el capítulo laboral del megaDNU de Javier Milei. Y amplió sobre la misma idea: “No estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación tripartita«.

Las definiciones de la CGT tuvieron lugar un día después de que el Gobierno, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica destinada a analizar la reglamentación de los cambios de la normativa laboral incorporado en la Ley Bases, para lo cual está prevista una reunión el próximo miércoles, y la apertura de un espacio de diálogo tripartito que -en línea con el reclamo empresarial- avance en la discusión de una reforma laboral más amplia y con eje en el articulado del polémico DNU, actualmente frenado por la Justicia.

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En cuanto al debate por la reglamentación del capítulo laboral de la ley votada por el Congreso, cada sector tiene sus propias urgencias. Los sindicalistas que visitaron a Cordero concentran su preocupación en dos artículos clave: por una parte el que define la creación de la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo, un punto que la CGT denunció que el Gobierno ya reglamentó sin atender sus reclamos. Y, por otro, el que establece la penalización de los bloqueos y tomas de empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, lo que habilita a los empleadores a despedir con causa a quienes participen de ese tipo de protestas. «Hay aspectos muy dañinos para los trabajadores que es necesario atenuar y resolver» en el decreto reglamentario, advierten en la central obrera.

A su vez, los directivos empresarios de G6 que visitaron el miércoles al funcionario, se pararon en la vereda de enfrente de la posición sindical y reclamaron acelerar la implementación de los cambios laborales de la Ley Bases. En particular, los que establecen la reformulación del sistema de multas laborales, o el que permite la adopción del denominado Fondo de Cese como alternativa al regimen indemnizatorio consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, sobre la controversia por la penalización de los bloqueos y tomas de establecimientos, los empresarios rechazan discutir con los gremios cualquier esquema que desnaturalice el sentido de la medida y flexibilice sus efectos concretos. «Es muy claro lo que votó el Congreso y queremos que se mantenga ese espíritu en la reglamentación», señaló a Clarín el directivo de una de las cámaras del G6.

Una reforma laboral profunda

Un escenario mucho más complejo supone la pretensión empresaria -compartida en buena medida por el Gobierno- de impulsar el diálogo tripartito como instancia para negociar una reforma laboral más profunda que los cambios fijados por la Ley Bases.

La intención es poner en la mesa de discusión parte de los 42 artículos eliminados de la ley por presión de la CGT y la mayoría de las modificaciones laborales fijadas en el DNU 70/23 -por ahora frenadas por la Justicia a pedido de la CGT-, cuya redacción estuvo en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quién también podría sumarse a las negociaciones con empresarios y gremios en representación del Gobierno.

“Se fijará la agenda de forma tripartita. Una vez consensuada, esperamos debatir puntos de la reforma laboral que no fueron incluidos en la Ley Bases”, afirmó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a Clarin. En la misma línea se pronunció Mario Grinman, de la CAC, que indicó: “El DNU marcó una agenda que nunca se había hecho. La Argentina necesita que se creen fuentes de trabajo, el 50% está en la informalidad. Hay que adecuar los marcos” laborales, señaló.

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El megadecreto contempla cambios en materia de relaciones individuales, colectivas y en la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, abarcando la flexibilización de condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y fija nuevas limitaciones al derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos, entre otras medidas fuertemente resistidas por los gremios.

Justamente por su profundidad la conducción CGT judicializó el decreto y ahora aguarda por un pronunciamiento definitivo la Corte Suprema.

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Sugestiva visita a la Rosada, los insultos top de Javier Milei y Mauricio Macri candidato

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La logia despidió a Maqueda

La señal del momento es la empatía noventista. La exalta Milei con sus elogios a Menem, su neomenemismo retórico y el entorno de los primos Menem que le dicen lo que hacer. Lo confirma la discretísima despedida que le dio la política a Juan Carlos Maqueda el lunes, una más de las tantas que han exaltado la figura del ministro de la Corte que este viernes pone fin al Torneo Clausura:

1) La salida de Maqueda clausura el tribunal hasta que recupere aire.

2) La crisis Kueider clausura el Senado.

3) Y la crisis Ritondo clausura Diputados hasta nuevo aviso.

Bingo para el personalismo presidencial que busca administrar por DNU, sin el control de los otros poderes, sin presupuesto y con cepo. Prometía, como Menem, privatizar todo. Termina el primer año de su mandato con la privatización del Ejecutivo, concentrado en su real birome.

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La despedida ocurrió en club Vasco Gure Etchea de la calle Perón, convocado por el ministro y exdiputado Jorge Matzkin mediante una cuidada demografía de protagonistas de dos transiciones clave de los últimos 40 años: la «banda del bloque» que hizo la transición de 1989 de Alfonsín a Menem, y que, con los mismos actores, hizo la del 2001 de la Alianza al duhaldo-kirchnerismo. Ese grupo de legisladores del peronismo tuvo eje en el bloque PJ que condujeron José Luis Manzano y después Humberto Roggero y Matzkin.

Parteros de la historia

El recorte es nítido según se sentó la treintena de invitados de Matzkin, que sigue siendo el cardenal de ese sínodo que suele reunirse para cumpleaños y hasta alguna conspiración. El héroe era Maqueda, que presidió la asamblea del 1° de enero de 2002 que lo hizo presidente a Eduardo, que esta vez ocupó la cabecera.

La salida de Maqueda de la Corte de esta semana cierra el ciclo de dos décadas que él mismo abrió como presidente provisional del Senado. Lo rodearon esa noche Miguel Pichetto, Eduardo Camaño, Humberto Roggero, Daniel Basile, Miguel Toma, Oscar Lamberto, Héctor Maya, Eduardo Mondino, Néstor Perl, Marcelo López Arias, Eduardo Roggiano, el riojano Carlos Romero, y dos extraterritoriales: Ana Kessler -fue la única dama del elenco- reemplazó a Maqueda en la vice jefatura de gabinete de Jorge Rodríguez en 1996, por diferencias en la política, que terminaría con la privatización de los aeropuertos. Y Jesús Rodríguez, también partero de esas historias. Hubo otro invitado radical, que se disculpó, Rafael Pascual.

No estuvo José Luis Manzano, que integró esa secta que manejó la bancada del peronismo en aquellas transiciones. Ha sido fiel al punto de que a finales de los años ’90 asistió a una reunión secreta del grupo en un hotel de Villa General Belgrano, Córdoba.

«Cototo» -como llaman los amigos a «Chupete»-, navegaba en aquel tiempo sin luces y para ocultarse no se registró en el establecimiento. Pero compartió la cama una noche con otro legislador, para que los periodistas no registrasen su presencia.

“Olvídense del Senado”

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Ese mismo lunes hubo chispazos en varias sedes. La principal en Casa Rosada, adonde se constituyó Juan Carlos Romero para ponerle condiciones al Gobierno. La más urgente, que dispongan algún mecanismo de mejores prácticas para la gestión en el Senado. Despídanse de la Cámara el año que viene, dramatizó Romero, que se abstuvo en la votación de la separación de Edgardo Kueider.

¿Cómo se les ocurrió convocar esa sesión si no tenían cerrado los 2/3 con el PRO y la UCR?, clamó Romero entre cuatro paredes. El Gobierno se lo reprocha a Victoria Villarruel, que fue débil ante la presión del bloque del cristinismo. Esa presión era obvia porque con la salida de Kueider ganaba una banca y le hacía pagar el costo del escándalo al Gobierno.

El grupo de los 39 ya está en 37. Conocido el resultado de la sesión Kueider, el Gobierno se auto propinó una derrota. ¿Creyeron que podía compensarse la emergencia del entrerriano in flagrante delicto con un contraataque para suspender a Oscar Parrilli, que fue sobreseído en la causa Irán (aunque ahora la Corte pida un juicio)?

El Gobierno debió evitar esa sesión. Villarruel la convocó y el presidente provisional Bartolomé Abdala presentó el proyecto anti-Parrilli. Fue el disparador de la respuesta exitosa del peronismo.

“¿Quién pidió aumento?”

La tercera tarea que se encomendó a la Rosada fue convencer a Villarruel de no insistir en los aumentos de las dietas de los senadores. Esa noticia sólo sirve para desprestigiar a los legisladores. El aumento obedecería a un enganche salarial que Milei criticó la noche del jueves en Tucumán, y que los senadores prefieren se postergue hasta después del inicio de las sesiones en marzo próximo.

Presumen que la vicepresidenta alentó a la prensa amiga, a través de sus voceros, a que instalase el tema de los aumentos, cuando no hubo ni un pedido ni decisión alguna para que suban. Los senadores ya ganan el doble los diputados y saben que los ataques a los legisladores son una herramienta del autoritarismo de Olivos.

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Romero justificó el viaje a Buenos Aires el lunes en la necesidad de explicarles a Guillermo Francos, Lisandro Catalán, José Rolandi y Lule Menem que para ganar senadurías en varias provincias el mileísmo tiene que cerrar acuerdos sólidos con dirigentes de peso de partidos del arco amigable hacia el oficialismo. Si no lo hacen, les dijo el salteño, se pueden perder senadurías en Salta, Río Negro, Neuquén y CABA.

Los límites del “carancheo”

Estas advertencias de Romero, como las que le hizo Pichetto a Villarruel hace algunos días, buscan que la relación entre los bloques amigables con el Ejecutivo no empeoren. Ya está en un punto delicadísimo, que resiente las herramientas del Gobierno para administrar mediante la delegación de poderes. El maltrato a esos amigos desairados divide a los bloques del Congreso, de los que depende que sigan en pie estos proyectos:

1) La mitad del DNU 70, ya rechazado por el Senado.

2) Los DNU de movilidad jubilatoria y el de canje de la deuda por encima de la ley de Administración Financiera.

3) El régimen cristinista que permite la sanción ficta de los DNU sin revisión del Congreso.

Estas facilidades que le permite la oposición amigable exige que se cumplan ciertos códigos. Por ejemplo, que terminen con el «carancheo» de esas bancadas. La UCR perdió al diputado Cacace, hoy segundo del desregulador Sturzenegger; el macrismo sufre el carancheo de Diego Kravetz y la abducción de Cristian Ritondo.

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Ensartado en una red de denuncias por sus cuentas personales, el jefe de la bancada más importante que tiene el Gobierno, la del PRO, recibió el silencio de su partido y aun del propio Macri, que lo había designado para encabezar la alianza legislativa con el mileísmo.

Ese silencio a gritos lo aprovechó Milei para defenderlo. Se lo lleva llave en mano, como antes a Kueider y Camau Espínola. Emula aquella frase del inefable Julio Mera Figueroa cuando armaba menemismo en los años ’80: «Salvo fierros calientes y serpientes venenosas, agarramos todo».

Apuesta por Kravetz, que tiene un curioso don de la (in)oportunidad. Se fue del albertismo, cuyo bloque lideró en la legislatura porteña, y Alberto terminó de presidente. Migró a Lanús con Grindetti, y los hundió Julián Alvarez el año pasado.

Este Álvarez que los desplazó de esa intendencia se había ido del país en 2015 deteriorado por su gestión como viceministro de Justicia. Grindetti-Kravetz lo hicieron bueno. Ahora va a manejar el espionaje para intentar un repechaje en Lanús. Que se ajuste el Gobierno los cinturones.

Republicanismo “light”

El Gobierno vive, estragado con la lectura de las encuestas que ellos encargan, en ese estado que le hace cree que todo lo que bendiga crece. Como gobierno débil que es hace jugadas de corto plazo sin pensar en las consecuencias en el mediano y largo plazo. Festeja como cambios revolucionarios votaciones ganadas con votos ajenos y que apenas superan los 129 votos en Diputados, que es el número del quórum para sesionar.

Estos desaciertos del oficialismo se producen por mala praxis de sus punteros y alguna incomprensión del sistema institucional de una democracia liberal y republicana. La principal condición que exige es la buena fe de los actores para defender el interés público. «La institución del poder delegado -escribió el constitucionalista Hamilton- implica que hay una porción de virtud y honor entre la humanidad que puede ser una base razonable de confianza; y la experiencia justifica la teoría.» («The Appointing Power of the Executive», El Federalista, 1 de Abril de 1788). Faltar al cumplimiento de esos códigos busca defender el interés privado de las facciones.

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El ultimo servicio que ha prestado Horacio Rodríguez Larreta amerita su ingreso en la Real Academia. Hizo un relevamiento lexicográfico de los insultos predilectos de Milei para sus adversarios -todos de la política, claro- desde que asumió. Revela que no está dispuesto a construir entendimientos honorables y de buena fe (“zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierda” (156), “chorro” (129) e “hijo de puta” (110). «Que eso no se dice/ Que eso no se hace/Que eso no se toca» (le diría Serrat, que canta al poeta Horacio Salas, guglear)

Se aprovechan de la historia

El aviso que ha hecho el Gobierno de que designará los jueces de la Suprema Corte por decreto, pone en el límite de la exasperación las delegaciones de poder. El Ejecutivo tiene esa facultad institucional para los períodos de receso legislativo, pero no para saltarse los controles.

Ese permiso lo habilita el artículo 99, Inc. 1 de la Constitución, que hereda la faculta de la constitución americana del “Recess Appointment Clause”. No se creó para hacerle un favor al Presidente. Tiene una explicación histórica en el mundo del siglo XVIII cuando para reunir un Congreso había que traer a los legisladores en galeras o a caballo desde distancias que obligaban a viajar días y días.

De ahí nace el receso y las liberalidades que le da al Ejecutivo. No se creó para que los legisladores se vayan de vacaciones ni para que un presidente baile al ritmo de designaciones por decreto en comisión. Este tema es uno de los cambios que quiere imponer el PRO en el proyecto de reforma de la Constitución porteña. La reducción de ese receso a tiempos mínimos se explica en un país que en 2020 legislaba por zoom para evitar reuniones presenciales.

Los Macri contratacan

Ese proyecto de reforma, como se explicó en «Entretelas de la política», es el disparador de la estrategia de los Macri para retener poder en CABA. Contiene:

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1) La negociación de una reforma constitucional con grandes recortes como este de reducir los recesos, eliminar estructuras como las Comunas, etc.

2) Dividir las elecciones locales de las nacionales y hacerlas en una fecha negociada con el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

3) Ir a esas elecciones con Mauricio Macri a la cabeza de la lista de convencionales porteños, algo que creen que es un llamador imbatible al arrastre de votos.

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