POLITICA
Echaron de la diócesis al sacerdote que organizó la visita de los legisladores libertarios a los represores
Echaron de la diócesis al sacerdote, Javier Olivera Ravasi, que organizó la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en la cárcel de Ezeiza, el 11 de julio pasado. Ravasi fue el cerebro de la reunión, como anticipó Sergio Rubin en TN, y estaba en una capilla del barrio privado San Benito en Ingeniero Maschwitz.
El arzobispado de Zárate-Campana, donde estaba establecido el religioso, argumentó tras tomar la decisión que recibieron “numerosas quejas fundados por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-” y que “se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”.
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El obispado explicó en un comunicado que Olivera Ravasi “está incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, fuera de la misma desde hace varios años”, y que “por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, la que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año”, y que “posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”.
En el comunicado aclararon: “Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”.
Quién es Javier Olivera Ravasi, el cerebro detrás de la visita de los legisladores libertarios a los represores
El sacerdote Ravasi es considerado el cerebro detrás de la visita de un grupo de legisladores libertarios a los represores condenados, en el penal de Ezeiza. Es hijo de Jorge, un represor preso. El religioso nació en 1977 en San Juan, donde estaba destinado su padre Jorge como jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Se le atribuye haber sido el jefe de un grupo de tareas que secuestró y torturó a decenas de personas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas. En 2007 fue condenado en la “Megacausa San Juan” por 200 secuestros, torturas, violaciones y desapariciones y hoy está con prisión domiciliaria.
- El sacerdote inició sus estudios universitarios cursando sociología, pero dejó. “El adoctrinamiento izquierdista que proponían los profesores me causó repulsión”, dijo. Tras dar por finalizado un noviazgo, ingresó en San Rafael, Mendoza, al nutrido seminario del Verbo Encarnado, una comunidad muy conservadora que tuvo años atrás serios cortocircuitos con la Conferencia Episcopal Argentina.
- Olivera Ravasi se apartó del Verbo Encarnado cuando trascendieron las denuncias que él había motorizado por abuso sexual cometido por su fundador, el padre Carlos Buela, que fue apartado por el Vaticano y terminó recluido en una residencia religiosa España. En 2016, fundó la orden de San Elías, de perfil similar al Verbo Encarnado, y se estableció en la diócesis de Zárate-Campana.
- Como marco jurídico, Olivera Ravasi cuenta con la Fundación San Elías, con sede en un palacete de la calle Montevideo al 800, en Barrio Norte. De gran actividad en las redes sociales, en las que se expresa sin filtros, cuenta con más de 80 mil seguidores en X y 405 mil suscriptores en su canal de YouTube. En su último vivo, el 6 de agosto, tuvo más de 175 mil visualizaciones.
- Precisamente, en su sede porteña, Olivera Ravasi tuvo el 14 de marzo una reunión clave con legisladores y juristas en la que empezó a tomar cuerpo la estrategia para lograr la prisión domiciliaria de los represores. La llegada de Javier Milei a la presidencia y su antigua relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel lo alentaron a avanzar en pos de ese objetivo.
- Tres días antes había posteado en X: “Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario: 1) Indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, 2) Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes y 3) Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide. Si no, no la ven”.
Iglesia católica
POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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