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El barrio Cuyaya critica la gestión municipal jujeña: «Repleto de necesidades»

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Los vecinos del barrio Cuyaya han expresado su malestar hacia la gestión municipal, destacando la falta de respuestas a problemas recurrentes como la falta de iluminación, la falta de pavimentación y la ausencia de campañas de descacharreo. La situación ha generado una creciente desilusión entre los residentes, quienes consideran que las soluciones han tardado demasiado tiempo en llegar.

Raúl Luna, vecino del barrio, comentó que la reciente lluvia causó la caída de algunos árboles, lo que bloqueó el tránsito y puso en evidencia los problemas de infraestructura que enfrenta la zona. Según Luna, “esta gestión tarda mucho en solucionar problemas de iluminación”. Relató que en la calle José de la Iglesia, por ejemplo, pasaron ocho años hasta que se colocaron luces, y que cuando se queman los focos, la reposición se demora considerablemente. Para Luna, la falta de luz contribuye a la inseguridad en la zona, un problema creciente en muchos barrios de la capital.

Además, Luna señaló que el descacharreo en el barrio no se ha realizado en años. Recordó que el año pasado hubo un brote de dengue que afectó a muchas personas en la comunidad, lo que hace aún más urgente la necesidad de comenzar con las campañas preventivas. “Ahora tendrían que comenzar la campaña para evitar la proliferación de mosquitos”, insistió.

La falta de respuestas por parte de la Municipalidad ha llevado a muchos a cuestionar la gestión. Luna, en representación de muchos otros vecinos, expresó que “el balance de la gestión municipal del año dio negativo”. En particular, subrayó que, como contribuyentes, los vecinos pagan el servicio de alumbrado público todos los meses, pero este servicio no se cumple como corresponde. La falta de atención ante problemas como la quema de lámparas o la demora en la reparación de calles ha generado un profundo malestar en la comunidad.

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Otro aspecto que destacó fue el asfaltado de la calle Santa Fe, que después de muchos años de gestión recién recibió atención. Esta situación refleja un patrón generalizado en otros barrios de la ciudad, como Ciudad de Nieva y Alto Comedero, donde la falta de solución a problemas comunes parece ser una constante. Los vecinos continúan esperando respuestas y soluciones inmediatas para mejorar su calidad de vida. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Anunciaron un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero: qué líneas estarán afectadas

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La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero debido al “incumplimiento de pago destinado a salarios” de los trabajadores. La medida de fuerza responde a una deuda pendiente desde septiembre del año pasado y afectará a la mayoría de las líneas que operan en la provincia. Además, el lunes 10 los servicios funcionarán con una reducción horaria, de 6:00 a 22:00.

Desde la CTPBA explicaron que denunciaron en “reiteradas oportunidades la falta de recursos para poder seguir operando” tanto ante las autoridades como ante la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La entidad señaló que la crisis en el sector se debe a “costos atrasados ​​e insuficientes”, lo que dificulta la normal prestación del servicio.

El gremio también reclamó que las tarifas se ajustan “a costos reales”, ya que, según sus estimaciones, las empresas prestatarias operan con “un 45% menos de los recursos necesarios para la explotación”. A pesar del paro, aseguraron que la decisión busca “racionalizar de manera eficiente los servicios y no perjudicar a los pasajeros que se dirigen a sus respectivos destinos”.

El paro afectará a líneas que van desde la 201 hasta la 600, aunque la empresa DOTA, que opera 68 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no se sumará a la medida. La compañía confirmó que abonó los salarios de sus empleados a tiempo, por lo que no pareció necesario adherirse al reclamo.

El mes pasado, las cámaras empresarias ya habían amenazado con una medida similar debido a la falta de pago de subsidios correspondientes a enero por parte del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, la protesta se desactivó cuando se depositaron los $39.000 millones adeudados. En ese entonces, las principales cámaras de transporte advirtieron que continuarían reclamando una actualización de costos para garantizar la sostenibilidad del servicio.

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