Durante las últimas semanas, el ex presidente Alberto Fernández pasó a protagonizar la atmósfera política en base a una serie de supuestos delitos, la mayoría cometidos durante su gestión, que comienzan a salir a la luz. A este paso, su futuro próximo en libertad pareciera ser una realidad cada día más lejana.

A la denuncia por violencia física y hostigamiento que su ex pareja, Fabiola Yáñez, presentó ante la Justicia y recayó por sorteo en manos del juez Julián Ercolini, se le sumó el avance de la causa que lo arrinconó en torno a acusaciones de corrupción y comisiones indebidas en el negocio de los seguros, que también impacta sobre el actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, tras maniobras extrañas en Corredores Viales SA.

Este oscuro panorama, sin embargo, pareciera representar sólo una arista en el complejo caleidoscopio de enfrentamientos entre dirigentes kirchneristas y la Justicia, que imputó y procesó a numerosos de ellos tras una serie interminable de delitos.

La violencia de género, al igual que otro tipo de delitos de origen sexual, no es novedad en el kirchnerismo ni fue inaugurado por Alberto Fernández. En efecto, ya habían explotado los casos del ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado a dieciséis años de cárcel por abusos sexuales a su propia sobrina; y de Daniel Scioli, denunciado públicamente por amenazas por su por entonces pareja y madre de su hija, Gisela Berger, quien además aseguró que el ex gobernador le pidió que aborte a su hija.

Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se encuentra a la espera del juicio oral tras ser denunciado por abuso sexual a una ex trabajadora del municipio, a quien además acosó laboralmente.

Quien cubría estas historias no era otro que el periodista ultrakirchnerista, Ezequiel Guazzora. Hoy “Eze”, como lo llamaban en el seno del kirchnerismo, está preso tras haber pasado varios meses prófugo en una causa que lo tiene como protagonista de una red de corrupción de menores y abuso sexual. En criollo, “Eze” le pagaba a madres en desesperado estado económico para que entreguen a sus hijas pequeñas para prácticas sexuales.

Algunas de estas denuncias bien podrían haber caído en Victoria Donda, por entonces titular del INADI. Pero no hubieran llegado a buen puerto. En efecto, fue la propia Donda quien recibió una denuncia por ofrecer irregularmente un contrato estatal y un plan social a su empleada doméstica como indemnización por los años que la tuvo trabajando en negro.

La propia Cristina Fernández de Kirchner, indiscutida líder del espacio desde el fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por los jueces del Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. De acuerdo a la Justicia, que investigaba la llamada Causa Vialidad, CFK direccionó cincuentaiún obras públicas a Lázaro Báez, por algo más de 46.000 millones. Su compañero de fórmula en las elecciones de 2011 fue Amado Boudou. Como vicepresidente de Cristina, sumó unos cuantos delitos que le valieron una condena a cinco años y diez meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone. Hoy continúa el legado su hijo, Máximo Kirchner, quien acumula investigaciones judiciales por lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces.

Báez, quien pasó de ser cajero en un banco de la provincia de Santa Cruz a uno de los propietarios de tierras más prolífico de Latinoamérica en tiempo récord, fue condenado en 2021 por el Tribunal Oral Federal Nro. 4 a doce años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado. Aún se esperan resoluciones en, al menos, media docena de causas más, que van desde direccionamiento de obras viales y enriquecimiento ilícito a asociación ilícita.

Político, arquitecto y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido se consolidó como una persona de extrema confianza tanto de Néstor como de Cristina. En diciembre de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a cinco años y ocho meses de cárcel por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron cincuenta y dos personas y otras setecientas resultaron heridas. Para ese entonces, ya había sido suspendido como diputado nacional y detenido en el complejo penitenciario de Marcos Paz tras numerosas causas de corrupción y administración fraudulenta, incluyendo un fraude de 265 millones contra el propio estado, en torno a la mina de carbón de Río Turbio.

Julio López, desde su rol de secretario de Obras Públicas, era mano derecha de De Vido, aparecía junto a él en los actos públicos y lo representó en numerosas reuniones empresariales. En la semana en que el grueso de los dirigentes kirchneristas fue blanco de allanamientos judiciales, se escapó con bolsos que contenían 8.982.047 de dólares, 153.610 euros y una ametralladora. Terminó la noche escondiéndolos en un convento. Al ser detenido, experimentó severos síntomas de abstinencia a drogas ilícitas.

El trío de dicho ministerio lo completaba el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El ingeniero agrimensor sumó más de treinta causas penales y tres condenas. Entre los delitos que se le endilgan se encuentran los de corrupción, defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, dádivas, irregularidades en el otorgamiento de subsidios, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, desacato y asociación ilícita. Con su salario de 10 mil pesos mensuales, Jaime vivía en un piso de avenida Libertador al 600, tenía una coqueta casa en un country de San Isidro, su propio avión, un hotel, una flota de autos y motos, un yate de un millón de dólares, una casa en un country en Córdoba y otra de veraneo en Villa Carlos Paz. Durante su estadía en la cárcel de Ezeiza, demostró sus años de karate propinándole una golpiza a su compañero de celda, el tristemente célebre gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.

Pieza clave en el armado kirchnerista, Aníbal Fernández fue el jefe de Gabinete de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Tras dos gestiones en el cargo, se retiró con tres procesamientos en las causas Fútbol para Todos, Qunita y el manejo de la basura. Luego se supo que, además, se encuentra investigado por la Justicia bajo el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Tras un intento fracasado de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo lo exilió a Pinamar, donde fue concejal y actualmente se encuentra involucrado en el manejo del hockey argentino, cargo en el cual ya despertó más de una controversia y no se descartan nuevas denuncias.

Quien sí triunfó en su intentona a la gobernación bonaerense fue Axel Kicillof. Más allá de las acusaciones que despertó su gestión como gobernador, su rol como ministro de Economía se vio severamente manchado por la expropiación de YPF, que resultó en una condena del tribunal de Nueva York y le costó al país más de 16.000 millones de dólares en resarcimientos por daños económicos, y litigios en el exterior que costaron algo más de 7.000 millones de dólares más.

Desde presidentes a ministros, pasando por funcionarios, gobernadores e intendentes, son pocos los que atravesaron por el entramado K y no sintieron el poder de la impunidad en carne propia. Hoy, son los mismos que recorren los pasillos de la Justicia acompañados por cuerpos de abogados y montañas de papeles, en busca de una libertad que pareciera estar cada día más en duda. (www.REALPOLITIK.com.ar)

COMENTÁ / VER COMENTARIOS