En el marco de las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad, Ledesma destacó la decisión política de renovar por completo la flota de la Línea B y la posibilidad de incluir en la licitación la compra de más unidades para la Línea C. «En principio iba a ser parcial, pero luego se confirmó que la renovación será total», afirmó.

Personas en situación de calle y falta de limpieza

El dirigente sindical advirtió sobre el incremento de personas en situación de calle que buscan refugio en el subte debido a las bajas temperaturas en invierno y el calor en verano. Esto, según Ledesma, afecta la higiene de las estaciones y andenes: «Estamos reclamando al Gobierno de la Ciudad, a la empresa estatal SBASE y a la concesionaria Emova que contraten más personal para la limpieza. El subte trabaja las 24 horas y es fundamental contar con más operarios y mejor equipamiento».

Críticas a la tercerización del servicio de limpieza

Uno de los principales cuestionamientos de Ledesma fue la decisión de contratar una empresa tercerizada para la limpieza del subte. «No es lo mismo limpiar oficinas que un medio de transporte masivo. Hay riesgos biológicos y eléctricos que requieren personal capacitado», explicó.

Asimismo, denunció la reducción de personal en los últimos años, lo que impacta directamente en la calidad del servicio: «Antes una estación se limpiaba con siete personas, hoy hay tres y no alcanzan. Necesitamos recuperar los puestos perdidos y contar con mejores herramientas».

El costo del pasaje y la calidad del servicio

Ledesma también hizo referencia al aumento del boleto y la eliminación de subsidios: «Los usuarios pagan más de 800 pesos y esperan viajar en condiciones dignas. Sin embargo, el servicio se sigue deteriorando». En este sentido, cuestionó el destino de los fondos públicos: «Mientras el subte pierde subsidios, se siguen destinando grandes sumas a empresas privadas como Flybondi«.

Pedido de audiencia y reclamo por mejores condiciones

Ante esta situación, los Metrodelegados han solicitado reuniones con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad y con las autoridades de SBASE para plantear sus reclamos. «No queremos parches ni soluciones temporales, sino medidas que se sostengan en el tiempo», concluyó Ledesma. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Una denuncia anónima, remitida a distintas dependencias estatales del gobierno de Javier Milei, expuso serias irregularidades en la gestión del comisionado general, Christian Castrichini, jefe de la Regional III del Norte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Entre las acusaciones se incluyen el uso personal de vehículos oficiales, malversación de recursos públicos, hostigamiento laboral sistemático y un caso escandaloso de violación de la cuarentena durante la pandemia.

Según la presentación, que tuvo como destinatario al ministerio de Seguridad, la defensoría del Pueblo, el ministerio del Interior, las unidades operativas de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y la unidad norte de la PSA, Castrichini habría utilizado de manera reiterada camionetas oficiales para trasladarse los fines de semana y durante sus licencias anuales a su provincia natal, Córdoba, generando no solo un uso indebido de bienes del Estado, sino además una merma directa en la operatividad de la Unidad Regional de Seguridad Aeroporturia III. El perjuicio fue doble: vehículos fuera de servicio en plena tarea de seguridad aeroportuaria y recursos públicos destinados a fines estrictamente privados.

Los vehículos involucrados serían una Volkswagen Amarok (dominio OJW505) y otra Amarok (OJW512), cuyos registros diarios de kilometraje, consumo de combustible y uso de tarjetas YPF evidenciarían los viajes sin órdenes de servicio entre Tucumán y Córdoba. A esto se suman peajes y registros de tránsito en rutas nacionales fuera de su jurisdicción.

El escándalo de la cuarentena

La denuncia también rescata un hecho ocurrido durante 2020, en pleno confinamiento obligatorio. Castrichini, junto al comisionado mayor Emilio Valladares, habría sido detenido en la ciudad de San Miguel de Tucumán por violar las restricciones sanitarias al trasladarse sin una orden de servicio válida. Ambos viajaban en un vehículo oficial de la PSA. Según la denuncia, fueron aislados en el hotel Catalinas por disposición del gobierno provincial, pero el hecho nunca derivó en sanciones internas.

Este episodio, para los denunciantes, no solo revelaría un desprecio por las normativas que los propios funcionarios deben hacer cumplir, sino también la existencia de privilegios y encubrimiento dentro de la fuerza.

Hostigamiento, amenazas y discriminación laboral

Más allá del manejo irregular de los bienes públicos, la denuncia apunta contra Castrichini por construir un clima laboral tóxico. Según se relata, el comisionado aplicó un trato degradante y discriminatorio hacia el personal con mayor antigüedad o que no respondía a sus “preferencias personales”. Las víctimas fueron objeto de descalificaciones públicas (“inútiles”, “ineficientes”), amenazas de traslados arbitrarios como castigo, y medidas persecutorias sin sustento.

También se señala que el comisionado habría ordenado a subordinados alterar los registros de los vehículos para encubrir su uso irregular.

Testigos silenciosos y protección política

Aunque los hechos fueron presenciados por numerosos trabajadores, tanto civiles como uniformados, el miedo a represalias habría silenciado durante años sus voces. No obstante, algunos testigos manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades si se garantiza su integridad laboral.

Darío Montero y Osvaldo Jaldo.

El texto denuncia además que Castrichini contaría con respaldo político, en particular por parte del actual ministro del Interior de Osvaldo Jaldo, Darío Montero, el exintendente de la municipalidad de La Banda del Río Salí con quien mantendría acuerdos que lo habrían blindado ante denuncias previas.

Una denuncia que salpica al poder

Este caso no solo involucra a un alto funcionario policial, sino que también interpela a las estructuras de control interno de la PSA, el ministerio que conduce Patricia Bullrich y la cadena de responsabilidades políticas. La sociedad merece saber si los bienes del estado se usan para beneficio personal, si se protege a quienes abusan de su autoridad, y si el aparato institucional está dispuesto a investigar o mirar para otro lado. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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