Julio Cordero llevaba casi una década como abogado laboralista del Grupo Techint cuando se ganó la confianza absoluta de Paolo Rocca por su intervención en un conflicto con Hugo Moyano. Corría abril de 2014 y activistas camioneros bloquearon durante una semana nueve plantas industriales. Cordero, que asumió hace un mes como secretario de Trabajo de Javier Milei, tiene ahora el desafío de desactivar la huelga a la que convocó la CGT para el 9 de mayo.

Se trata de un interlocutor conocido para los sindicalistas. Con muchos de ellos, la relación roza la amistad. Hicieron migas durante años en las semanas que comparten gremialistas y empresarios en Suiza, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Allí se fomenta casi como primer mandamiento el diálogo tripartito, con el Estado como mediador. Totalmente a contramano del manual libertario.

Diferencias de fondo y gestos de distensión detrás del mano a mano entre Macri y Santiago Caputo, el estratega de Milei

El espíritu dialoguista de Cordero y su apego a las leyes laborales generaron un tembladeral en su forzado desembarco en el Gobierno tras el desplazamiento del macrista Omar Yasin, a quien Milei responsabilizó sin argumentos de la polémica por el aumento de los sueldos de sus ministros y el Poder Ejecutivo.

A su llegada, Cordero tuvo un fuerte contrapunto con el ministro de Economía, Luis Caputo, por su orden de moderar las paritarias por debajo de 10% mensual y no convalidar los acuerdos por encima de ese porcentaje. Para Caputo fijar el tope salarial es determinante en su plan antiinflacionario.

Cordero acató inicialmente el pedido, pero con los acuerdos salariales que se negocien a partir de su gestión y no con los heredados de Yasin. De acuerdo a varias fuentes consultadas, su postura es la de convalidar tratos entre empresarios y sindicalistas más allá de la cifra, siempre y cuando haya habido un apretón de manos, como es lo que sucede entre los Moyano y las tres federaciones empresarias del transporte cuando pactaron hace ya más de un mes una suba de 45% por el bimestre marzo-abril. La reacción de Cordero ante Caputo fue casi automática por su experiencia de haber estado siempre del otro lado del mostrador y conocer en detalle la legislación que regula las negociaciones colectivas. Para Caputo fue casi como una declaración de guerra.

1. ¿Homologación de paritarias? Dos minutos sin desperdicio donde el ministro de economía deja en claro que desconoce (o desprecia) la legislación sobre negociación colectiva y afirma que las causas de la inflación están lejos de ser solo monetarias. Veamos los detalles https://t.co/GgftZIn8mH

— Luis Campos (@luiscampos76) April 8, 2024

Para algunos gremialistas, Cordero ya tiene “el boleto picado”. Sin apelar a la misma metáfora, pero con idéntica sensación, en dos áreas de relevancia del Gobierno no le ven mucho futuro en la gestión, salvo que se mantenga en el cargo por presión empresaria, ya que desde hace algunos meses combinaba su actividad en Techint y la Unión Industrial con un asesoramiento en las sombras a La Libertad Avanza. Su llegada tarde a la reunión con la CGT en la Casa Rosada no fue una buena señal. Tampoco que no haya convencido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de participar del intercambio con los gremios siendo que el área laboral está bajo su órbita. Incógnitas de un gobierno indescifrable.

Milei se aferra a las redes sociales y a encuestas de dudosa procedencia sobre su imagen positiva para hacerle frente a indicadores negativos que tal vez sirvan de argumento para comprender que el choque con la CGT es inevitable.

Con el dato de ayer, la inflación del Indec acumuló más de 90% en los cuatro meses de gestión libertaria.

La caída salarial en el sector privado fue de entre 20 y 25 por ciento desde diciembre a la actualidad de acuerdo a diferentes relevamientos públicos y privados en base a los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Salvo escasísimas excepciones, no hubo sector que haya podido siquiera igualar a la inflación del período.

El retroceso del poder adquisitivo fue mayor en jubilaciones y asignaciones familiares, con una merma de 29,5% en cuatro meses.

El retraso salarial, además de empujar a más familias por debajo de la línea de pobreza, tuvo ya un impacto en la actividad económica. Las ventas del comercio minorista cayeron 12,6% interanual (de marzo 2023 a marzo 2024), según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, mientras que la recaudación del Estado por IVA se redujo un 20% real.

El golpe también se siente en el empleo. Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, contabilizó 80.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023. La parálisis ya comenzó a impactar en otras industrias, como la metalúrgica, el plástico y el vidrio. De hecho, Antonio Caló, exlíder de la Unión Obrera Metalúrgica advirtió que hubo 4000 suspensiones en el primer trimestre del año. El recorte de personal en la administración pública nacional alcanzó a 15.000 empleados, pero en el Gobierno estiman que esa cifra podría triplicarse a fines de junio. Sería muchísimo, aunque menos de las 70.000 cesantías que precisó Milei hace algunas semanas.

Otra señal alarmante que en la Secretaría de Trabajo buscan ocultar son las múltiples consultas de empresarios para activar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. Si el Estado fuera una empresa, Milei se abrazaría a esta oportunidad.

Cuando Mauricio Macri era presidente y decidió abrir las importaciones, los pedidos de PPC saltaron de 83 a 108 entre 2017 y 2018. En aquella oportunidad las solicitudes fueron tanto de compañías locales como multinacionales. Cordero y sus asesores se negaron esta semana a dar públicamente esos registros, pero un funcionario de segunda línea y con varios años en la cartera laboral advirtió sobre una creciente demanda de consultas.

La contradicción de Milei

Todavía sin poder sancionar una ley propia en el Congreso, Milei apuesta con la nueva versión de la ley de Bases, que pasó de 664 a 279 artículos, a poner en marcha la gestión de una vez por todas y abrir una nueva relación con los gobernadores, a quienes les prometió recursos a cambio de apoyo legislativo. Para abastecerlos, el Presidente busca hacer caja con la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Un acto desesperado de alguien que dijo que se cortaría un brazo antes de fijar un nuevo impuesto?

“El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo”, dijo Milei en la sesión del 19 de septiembre pasado, cuando era diputado nacional y debía argumentar su voto positivo, que contribuyó a que el proyecto kirchnerista fuera aprobado con 135 votos positivos.

Sobre Ganancias, dijo que era un tributo “aberrante”, tanto al aplicarse a las empresas como a las personas físicas. “Penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto, además, es inmundo y por ende tiene que ser eliminado”. Seis meses después, impulsa su restitución. De concretarse, un millón de personas volverán a pagar el tributo. Sería otro golpe para los alicaídos salarios.

Las urgencias políticas y económicas empujaron a Milei a explorar recetas por fuera de su manual. Ató la suerte de la ley de Bases a un pacto algo endeble con la oposición dispuesta a cooperar, encabezada por dirigentes a los que el Presidente denomina “casta”, como Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Compromiso Federal) o Cristian Ritondo (Pro). Un ministro con diálogo permanente con la oposición distingue en Pichetto y Ritondo más compromiso en reunir votos para aprobar la iniciativa que los propios diputados libertarios.

La fecha que eligió la CGT para activar su segundo paro general no es casual. Para entonces, se habría dirimido el debate en Diputados de la ley de Bases, pero no así en el Senado, donde el oficialismo está en desventaja. El miércoles, antes de ir a la Casa Rosada, la cúpula cegetista recibió a 27 senadores de Unión por la Patria. Hugo Moyano, que relegó otra vez a su hijo Pablo como lo hizo en la negociación paritaria, intervino casi al final, con un pedido que sonó a una advertencia: “Si son peronistas, no voten lo del impuesto a las ganancias”.

Héctor Daer imaginó que el paro se iba a desinflar porque para el jueves esperaba tener la homologación de la paritaria de Moyano resuelta. Al jefe de la CGT le costó incluso reunir a la comitiva de 11 personas para ir a la Casa de Gobierno, el día previo. Desestimaron la invitación algunos pesos pesados y hasta dicen que cometió un furcio al no saber el nombre de una de las dirigentes docentes que participó del encuentro.

Pese a la escenificación de unanimidad para convocar al paro, en la CGT hay sectores que ponen en duda la medida de fuerza. Andrés Rodríguez, el número dos de la central obrera y referente estatal, lo reconoció ayer en una entrevista radial. “Veremos”, dijo seco y enigmático sobre la posibilidad de suspender la protesta. Desde que los gremios lanzaron la huelga, se intensificó el diálogo con los funcionarios libertarios. Por ahora, la estrategia gremial para forzar un canal de intercambio está dando sus frutos. Hasta se logró que la Secretaría de Trabajo homologue la paritaria de la UOM en 42% por un bimestre [febrero-marzo], lo que allanaría el camino para validar la de los camioneros el lunes o martes próximo a pesar del rechazo de Toto Caputo. Son apenas señales de rebeldía en el corazón del Gobierno mientras el Presidente refuerza su alineamiento con Estados Unidos y le tiende la alfombra roja a Elon Musk.